Durante 2020, el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) documentó la presencia de 150 grupos criminales que operan en todo el país —la mayoría de ellos surgidos de la fragmentación de grandes organizaciones delictivas del pasado— y que ya no se dedican solo al narcotráfico, sino también al robo, la extorsión y el comercio al menudeo de productos y sustancias ilícitas. De esas agrupaciones, 51 tienen presencia en la Ciudad de México.
A través de la recopilación y sistematización de poco más de 9 mil noticias publicadas durante 2020 en medios locales, nacionales e internacionales, que hacían referencia al escenario criminal del país, los investigadores del PPD construyeron la Base de Datos de Presencia Criminal en México 2020 (BACRIM 2020), con la cual pudieron documentar, además, que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo con mayor presencia en el país al operar en 23 entidades. Le siguen el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana con presencia en 14 y ocho estados, respectivamente.
La base de datos, cuyos resultados y análisis se presentarán públicamente esta mañana, señala que las entidades donde mayor número de grupos criminales operan son, además de la CDMX, que encabeza la lista, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Estado de México y Michoacán. En cada una de ellas, se documentó la presencia de entre 10 y 15 grupos criminales.
Alejandro Pocoroba, investigador del PPD, señaló en entrevista que en 2006, poco antes del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, se tenía conocimiento de la operación de seis grandes organizaciones criminales: los cárteles de Juárez, Tijuana, del Golfo-Zetas, Los Valencia o Milenio, La Familia Michoacana y el de Sinaloa.
Al paso de los años, estas organizaciones han cambiado, se han fragmentado y han diversificado sus actividades, y si bien es cierto que los 150 grupos criminales documentados por el PPD no son tan grandes como los otros seis, ahora se tiene conocimiento de células más pequeñas que trabajan en coordinación con las organizaciones más grandes.
“Han ido diversificando sus actividades, es decir, ya no solamente se dedican al tráfico de drogas, sino también al tráfico de armas, el tráfico de otro tipo de estupefacientes, ya no solo naturales sino también químicos, por ejemplo, el fentanilo, o bien, a la extorsión y el robo”, explicó el investigador.
“Los enemigos de mis enemigos son mis amigos”
Esta base de datos, dijo Pocoroba, es única en su tipo y cuenta con un valor agregado al mostrar las alianzas y rivalidades de estos grupos criminales, lo que les ha permitido ir ganando terreno en el país.
Haciendo una comparación entre los grupos más grandes, el CJNG y el Cártel de Sinaloa, se pudo documentar que las ramificaciones del CJNG son más extensas que las del Cártel de Sinaloa, pues presentaron una mayor cantidad de aliados y rivales en una extensión mayor de territorio.
Mientras se identificaron 15 aliados del CJNG, fueron solo siete en el caso del Cártel de Sinaloa. Respecto de los rivales, se identificaron 17 del CJNG y siete del Cártel de Sinaloa.
“Una alianza muy interesante es la de Cárteles Unidos, que son diferentes organizaciones que estaban peleando en Guanajuato y Michoacán contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos más de cinco organizaciones peleando contra una sola organización”, subrayó el investigador.
El caso de la CDMX, detalló Pocoroba, llama la atención porque durante años las autoridades locales se empeñaron por negar que en la capital del país operaban cárteles, hasta el 26 de junio de 2020, cuando el CJNG atacó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. La presencia y alianzas de estos grupos ya no pudieron negarse.
“Es muy interesante cómo el Cártel Jalisco hace alianzas para atacar al secretario Omar García Harfuch, es decir, hay una disponibilidad por parte de estas organizaciones más pequeñas para colaborar con organizaciones más grandes que les tocan sus intereses”, dijo Pocoroba.
Con el registro de 51 grupos criminales operando en la CDMX, la capital es la entidad federativa donde mayor número de grupos criminales operan. Aunque en su mayoría se trata de pequeñas bandas dedicadas al narcomenudeo y la delincuencia común, hay registros de grupos del crimen organizado como el CJNG, el Cártel de los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana.
En el caso del CJNG, su actividad preponderante, según el PPD, tiene que ver con la extorsión a comerciantes en el Centro Histórico, una “limpieza” realizada en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa y amenazas específicamente en contra de La Familia Michoacana.
“La lucha en contra de la Unión Tepito y la Anti-Unión Tepito también fue registrada por las noticias. Ambos bandos se dedican a la extorsión, robo a transeúnte, transportistas y secuestro, entre otros. Sin embargo, el conflicto se intensificó cuando el CJNG empezó a apoyar a la Fuerza Anti-Unión Tepito para adentrarse a la ciudad y poder contar con un mayor poder territorial”, revela el informe del PPD.
Otras de las actividades delincuenciales documentadas en la CDMX tienen que ver con el lavado de dinero, el otorgamiento de préstamos a pequeños comerciantes y el narcomenudeo.
“Muchas de estas actividades son realizadas por pequeñas bandas protegidas por el CJNG, por ejemplo, El Araña o El Balín, quienes luchan en contra de sus rivales por el control del mercado local de drogas”, señala el informe.
A pesar de que durante la investigación no se registró actividad directa del Cártel de Sinaloa en la CDMX, sus aliados sí están en la entidad. “Uno de estos es ‘La Emperatriz del Narco’, Blanca Margarita Cázeres, quien es reconocida por lavar dinero para Sinaloa y por sus negocios con ‘el Chapo’ Guzmán. Entre sus negocios se encuentran casas de cambio, importación y exportación de mercancía, y comercio de cosméticos, ropa y juguetes”.
Entrega de despensas y toque de queda, acciones frente al COVID-19
Ante la crisis generada a causa de la pandemia, los grupos criminales y las propias fuerzas de seguridad tuvieron que modificar sus actividades y la forma de mantener presencia en los territorios donde operan.
De acuerdo con los hallazgos del PPD, en los primeros meses de la emergencia sanitaria, buena parte de los grupos criminales asumió un rol beneficiario repartiendo despensas —incluso dinero en efectivo— y vigilando que las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus se cumplieran.
Incluso, en algunas entidades como Guerrero y Sinaloa, estos grupos impusieron sus propias reglas como toques de queda y controles de movilidad. Quienes no las cumplieron recibieron reprimendas como golpes con tablas en los glúteos. Estos castigos, en algunos casos, quedaron documentados en videos que se compartieron y viralizaron en las redes sociales.
“De la búsqueda realizada en fuentes abiertas se encontraron 388 noticias relacionadas con despensas y otros apoyos otorgados por grupos criminales a la población. A pesar de que esta es una práctica que se realiza hace ya varios años, la pandemia la intensificó y fue utilizada para ganar apoyo social en poblaciones que se sintieron abandonadas por el gobierno y por la falta de apoyos gubernamentales”, señala el informe del PPD.
Se identificaron 15 grupos que entregaron despensas en 13 estados: Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz. Particularmente, estos apoyos se entregaron entre abril y junio de 2020 y después se convirtieron en acciones esporádicas en fechas particulares como el Día del Niño o la Navidad.
Aunque el gobierno federal respondió a estas ayudas otorgadas por grupos criminales dando instrucciones a las fuerzas de seguridad para detener a quienes distribuyeran las despensas que repartían los cárteles, el PPD solo pudo documentar dos casos en los cuales se realizó una detención, pero en ninguno de ambos casos se detuvo a personas por el hecho de entregar despensas, sino porque portaban armas o drogas ilícitas.
Otras de las medidas de protección que los grupos criminales implementaron en los territorios en los que tienen presencia fue racionalizar insumos varios —comenzando con las bebidas alcohólicas— e implementar toques de queda.
Se trató de medidas que, aunque parecían tener el objetivo de disminuir la propagación del COVID-19, se observó que tenían otros intereses.
Por ejemplo, en agosto de 2020, explica el PPD, una orden del Cártel de Sinaloa obligó a los expendios de cerveza a no vender su producto después de las 11:00 de la noche con la finalidad de evitar congregaciones y, consecuentemente, la propagación de la COVID-19.
“Sin embargo, parece que el interés era doble dado que el grupo criminal empezó a vender clandestinamente alcohol después de esa hora y a unos precios más altos que los establecidos por los expendios. Esto generó descontento en redes sociales en donde compararon al Cártel de Sinaloa con Los Zetas, calificándolos de extorsionadores. Los mensajes publicados en redes sociales tuvieron su efecto: una nueva orden del cártel prohibió el cierre de expendios en Culiacán acabando con las restricciones de cerveza en la ciudad”, dice el informe.
La mayoría de estas medidas, subrayan los investigadores del PPD, se observó al principio de la pandemia, pero después de algunos meses ya no hubo más información sobre ellas. Esto se puede deber a que los medios de comunicación —que fueron la principal fuente de investigación para la creación de esta base de datos— decidieron ya no publicar notas informativas al respecto, o bien, los grupos criminales dejaron de implementar estas medidas volviendo a sus actividades cotidianas.
“Cualquiera que haya sido la razón, el hecho de que los grupos criminales expandieran su gobernanza y su control territorial implementando este tipo de acciones, demuestra los vacíos de poder existentes por el Estado que permiten la expansión y control territorial por parte de grupos criminales”, agrega el documento.
Aunque la base de datos ya es pública y puede descargarse, este miércoles 4 de mayo el PPD ha convocado a un encuentro virtual en el que se presentarán a detalle los resultados de su análisis y los investigadores discutirán los hallazgos.
Según Alejandro Pocoroba, se pretende que este ejercicio continúe y cada año se actualicen los datos, a fin de contar con una radiografía puntual de la operación, las alianzas y la diversificación de actividades de los grupos criminales en México.
