A 5 años del asesinato de Javier Valdez, su familia señala: “Justicia a medias no es justicia”

“Todos los días me levanto pensando que va a ser un buen día y que vamos a ganar. Yo no me permito pensar que no va a haber justicia”, afirma Griselda Triana, periodista, activista y viuda de Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa. 

Han pasado cinco años del crimen y, hasta el momento, las autoridades han sentenciado a Francisco Picos Barrieto, ‘el Quillo’, a quien dieron 32 años de cárcel, y a Heriberto Picos Barraza, ‘el Koala’, quien se atuvo a un juicio abreviado y fue sentenciado a 14 años de prisión. 

Griselda reconoce estas “pequeñas victorias”, pero también advierte que para ella estos resultados no son justicia, ya que el presunto autor intelectual de quien fuera su compañero de vida se encuentra en Estados Unidos purgando una condena por otros delitos y en calidad de testigo colaborador.

“El crimen de Javier sigue impune porque justicia a medias no es justicia, sigue siendo un caso sin resolver, está confirmado que a Javier lo asesinaron por su labor periodística, porque publicó una nota que al ‘Mini Lic’ no le gustó”, subraya en entrevista.

Su viuda asegura que lo que provocó el ataque contra el periodista fue una nota sobre los lujos, los excesos y la personalidad de López Serrano, en la que se le pintaba como un hombre capaz de pagar para que le compusieran corridos pero, al mismo tiempo, sin la capacidad de liderazgo que tuvo su padre, Dámaso López Núñez.

“Mi temor es que su padre (Dámaso López Núñez) haya negociado algún privilegio para su hijo y que este no pueda ser traído a México para rendir cuentas por el asesinato de Javier. Entonces, a cinco años sigue nuestra sensación de tristeza, frustación, indignación y de impotencia, nada más de pensar que es posible que este individuo no pague por el asesinato de Javier”, señala Griselda.

Luego de varias disputas con los hijos del ‘Chapo’, padre e hijo fueron vencidos. ‘El Licenciado’ fue detenido y su hijo optó por entregarse a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para ser testigo protegido de ese país.

Las andanzas del ‘Licenciado’ y ‘el Mini Lic’ fueron documentadas por Río Doce, semanario fundado por Javier Valdez, quien investigaba complicidades entre autoridades y el crimen organizado.

Pese a conocer los riesgos que había en su natal Culiacán para hacer periodismo, no claudicó y continuó documentando la violencia que se volvió cotidiana en esa región. Su labor fue premiada con dos importantes reconocimientos: el Premio Maria Moors Cabot, que entrega la Universidad de Columbia, y el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

El periodista sabía que en la lucha por contar las matanzas, las complicidades, la violencia y la corrupción que teje el narcotráfico estaba prácticamente solo. Así lo manifestó en 2011, cuando recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. 

“Uno debe protegerse de todo y de todos, y no parece haber opciones ni salvación, y a menudo no hay nadie a quién acudir”, dijo.

Ya fuera en su columna Malayerba o a través de sus libros, mostró al México azotado por el narcotráfico, un país cuya realidad le dolía, pero que creía necesario narrar. 

Para él, era vital seguir escribiendo, pues el silencio era “un acto de muerte y complicidad”.

Esta dedicación le cobró factura meses antes de ser asesinado, pues, de acuerdo con Griselda, constantemente tenía ataques de pánico, insomnio y mucho terror.

“Javier tenía trastornos de sueño, crisis de pánico, le dolía el corazón, no dormía, y lo único que hacía era ir con un neurólogo a que le diera unas pastillitas. Javier pudo haber tenido una mejor calidad de vida, que lo pudo hacer tomar otro tipo de decisiones, como haber salido de Sinaloa”, señala Griselda.

El día que el narco silenció a Javier 

Era mediodía. Javier salía de la junta editorial a la que todos los lunes asistía en Río Doce, cuando un auto de color blanco lo interceptó.

De acuerdo con lo difundido por medios locales que reportaron la historia ese día, los sicarios bajaron al periodista de su auto y, tras un breve intercambio de palabras, lo obligaron a ponerse de rodillas para después lanzarle 12 disparos.

En un principio, la Fiscalía del Estado señaló que se tomarían en cuenta dos líneas de investigación: una por intento de asalto y otra por el ejercicio de su profesión, pues, según el fiscal Juan José Ríos, no había indicios de que Javier o alguno de sus compañeros sufrieran amenazas por su profesión. 

Sin embargo, esta versión contradice lo reportado por defensores de derechos humanos, quienes confirmaron que el periodista había reportado actos de intimidación, como la compra de 4 mil 500 ejemplares Río Doce tras la publicación de una entrevista realizada a Dámaso López.

Fue hasta abril de 2018 que las autoridades detuvieron a uno de los implicados: Heriberto Picos Barraza, ‘el Koala’, quien en 2020 llegó a un acuerdo con las autoridades y confesó que él manejaba el auto que se le cerró a Javier el 15 de mayo de 2017. Por la confesión, le otorgaron 14 años de prisión.

Meses después, en junio de 2018, cayó el segundo autor material: Francisco Picos Barrieto, ‘el Quillo’, uno de los sicarios que dispararon a Javier. La sentencia para Picos Barrieto llegó hasta 2021, tras un mes de juicio oral en el que se desahogaron 58 elementos de prueba, entre testigos, peritos y pruebas documentales. 

Luis Idelfonso Sanchez Romero, ‘Diablo’, fue el segundo hombre que asesinó al periodista, pero, meses después del ataque, las autoridades encontraron su cuerpo calcinado dentro de un vehículo.

El oficio de la muerte 

Las agresiones a periodistas han sido una constante en los últimos sexenios. Organizaciones como Artículo 19 han detectado un incremento, pero, sobre todo, una falta de acción para evitar que esto suceda.

La organización afirma que, si se compara el número de agresiones documentadas contra la prensa en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto con lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, estas han aumentado en 85%. Tan solo en 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques contra periodistas, es decir, uno cada 14 horas.

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“No hay ninguna señal de que las cosas pueden cambiar en México para quienes realizan la labor periodística. Es muy grave que se guarde silencio desde las oficinas de gobierno”, dice Griselda, quien ha hecho reiterados llamados a las autoridades para que unan esfuerzos con organizaciones civiles y hagan algo para evitar más asesinatos.

“Encarar a las autoridades no es un ajuste de cuentas, nosotros tenemos derecho a preguntar, por qué les mataron, por qué no actuaron, por qué no hicieron nada para prevenir que estos hechos ocurrieran. Mi historia y la de muchos otros compañeros se sigue repitiendo y eso tiene que parar, tiene que haber algo, una estrategia para evitar que sigan los asesinatos, pero, sobre todo, medidas preventivas”.

Pese a la adversidad, Griselda insiste en que los periodistas no deben claudicar, sino que deben seguir escribiendo e investigando, porque el buen periodismo es necesario. Afirma que se requiere un periodismo que no se doblegue, que sea digno, que le importe a la ciudadanía.

“Los discursos gubernamentales vienen y van, pero el periodista, el buen periodista, siempre está”, subraya.