Iniciativa de Sánchez Cordero para “acompañamiento” a personas con discapacidad alerta a ONG; busca “que tengan más voz”, responde

La senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa que busca reformar el Código Civil Federal y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para incluir el concepto de “capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado”, es decir, que un tercero designado dé apoyo a estas personas en la toma de decisiones.

Esta propuesta plantea que jueces y notarios tendrían facultades para determinar si una persona con discapacidad intelectual o psicosocial tiene capacidad jurídica, una idea que especialistas de la organización internacional Human Rights Watch y de la asociación civil Documenta consideran violatoria de derechos. De acuerdo con los expertos, ese cambio incapacitaría a estas personas para tomar sus propias decisiones, desde casarse hasta poder poseer y heredar bienes.

“Esto significa que, por ejemplo, con el acompañamiento diferenciado por terceros que se requiera, de manera libre e informada podrán realizar cualquier acto jurídico como es comprar o vender bienes inmuebles, realizar su testamento, contraer matrimonio, tener hijos e hijas, de así decidirlo de manera informada y con el espaciamiento que deseen”, afirma en respuesta a Animal Político.

¿Qué dice la iniciativa?

“En otras palabras, la capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado les dará la posibilidad de ser partícipes por propio derecho y, dependiendo del caso, con mayor o menor apoyo de terceros, de los actos jurídicos que celebren y que transciendan en su vida”, plantea la iniciativa.

Para determinar las medidas a tomar en cada caso, jueces y notarios realizarían una entrevista a la persona con discapacidad. Por medio de ella, advertirían “si puede ejercer sus prerrogativas y tener capacidad jurídica plena o semi plena. O, en su defecto, que requiere de una tercera persona para que la acompañe en el proceso o acto jurídico a celebrar y tenga, en consecuencia, la capacidad jurídica con el acompañamiento diferenciado”.

Jueces y notarios, atendiendo a cada caso particular, utilizarían un lenguaje claro y acorde a la persona con discapacidad cuando le explicaran la resolución o el acto jurídico a celebrar, independientemente de que un tercero la acompañe en el proceso.

Para definir el grado de acompañamiento que requiriera la persona con discapacidad, correspondería a su tutor, tutriz, custodio o alguna persona de confianza solicitar a algún psiquiatra o especialista con doctorado en Psicología que realizara una evaluación.

“El derecho a tomar decisiones no debe restringirse”

Carlos Ríos Espinoza, investigador Human Rights Watch, alerta que, de aprobarse el proyecto de ley, su implementación conduciría a violaciones a derechos de personas con discapacidad, entre ellos, el derecho a poseer y administrar bienes, a heredar y a casarse.

Ríos Espinoza argumenta que introducir los conceptos de “capacidad diferenciada” y “acompañamiento diferenciado” en la toma de decisiones jurídicas autoriza a jueces y notarios a determinar si una persona con discapacidad tiene capacidad para tomar decisiones, y usa como base evaluaciones psiquiátricas y psicológicas para evaluar su capacidad de participar en actos civiles.

“Estos funcionarios podrían designar a terceras personas o a tutores para que tomen decisiones en sustitución de una persona sin requerir su consentimiento”, advierte. En la actualidad, solo los jueces pueden tomar esta determinación, “lo cual ya es en sí problemático”.

También señala: “Estas reformas podrían anular todas las decisiones independientes de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial que se considere que carecen o tienen menor capacidad para tomarlas, a menos que se lleven a cabo con el acompañamiento de una persona designada que estaría autorizada para actuar como sustituto en la toma de decisiones”. 

“Si se aprueba e implementa, conduciría a violaciones de los derechos fundamentales, en contradicción directa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Diana Sheinbaum, coordinadora de Discapacidad y Justicia de la asociación Documenta, coincide: “El acceso a la justicia, el derecho al voto y el ejercicio de la capacidad jurídica no deberían estar sujetos a una evaluación de la naturaleza que está planteando esta iniciativa”.

“Me parece que la propuesta es una lectura errónea de los estándares internacionales en la materia, porque lo que sí es un derecho para todas las personas, en específico para las que viven con una discapacidad, es contar con apoyos, y es cierto que la intensidad de los apoyos puede variar, pero lo que no debe variar es el ejercicio de un derecho”, comenta en entrevista.

Sheinbaum consideró que, además, la iniciativa deja un espacio de discrecionalidad en el que la decisión de los apoyos no la deja en las personas con discapacidad, sino en la valoración de jueces y notarios.

“Por estos motivos, rechazamos contundentemente la iniciativa. Nos preocupa que alguien como Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte, conocedora de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, plantee una reforma de esta naturaleza”, insiste.

Para la especialista, la falta de comprensión de un enfoque sobre el acompañamiento de personas con discapacidad que no vulnere sus derechos es reflejo de que, para la elaboración de esta iniciativa, la senadora omitió tomar en cuenta la opinión de esta población.

La senadora defiende progresividad de la iniciativa

La presidenta del Senado reconoce que existen muchas posturas en torno al ritmo de avance legislativo que se le debe imprimir a la progresividad de los derechos de las personas con discapacidad.

Partiendo de eso, argumenta que el acompañamiento se debe entender “como una figura mucho más evolucionada que la tutela que está vigente actualmente en nuestro marco legal”.

“Esta iniciativa no se enfoca en las decisiones judiciales, sino en el objetivo de ampliar los actos jurídicos en los que personas con discapacidad pueden participar sin que sean declarados nulos posteriormente, es decir, no se busca limitar a las personas, sino que tengan más voz para participar en las actividades del día a día”, agrega.

Cuestionada acerca de las críticas de asociaciones civiles sobre la falta de participación de las personas con discapacidad en la elaboración de la propuesta, la legisladora asegura que se tuvo contacto con organizaciones sociales, que observaron áreas de oportunidad en la legislación vigente, en función de seguir impulsando la progresividad de derechos de las personas con discapacidad.

“Estos acercamientos se buscaron en atención a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Adicional a ello, para la iniciativa en cuestión se atendieron lineamientos en la materia a nivel internacional, y por supuesto, la revisión de caso y condición actual de México”, detalla.

De acuerdo con la legisladora, el Senado escuchará a todas las voces, “como en todos los casos en los que se involucran derechos tan relevantes, a fin de retomar las que resulten jurídicamente viables para enriquecer la propuesta”. Las comisiones a cargo del análisis de la iniciativa en su momento definirán los formatos adecuados para que este diálogo se lleve a cabo.

Actualmente, la iniciativa se encuentra pendiente de dictaminación en comisiones del Senado. Si es aprobada por estas, pasará al pleno para su discusión.