En virus revuelto, ganancia de charlatanes: la mentira del dióxido de cloro como cura de COVID

“Tomé dióxido de cloro”, afirmó arrinconado por las cámaras David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. La confesión la hizo al comenzar 2022, casi un año después de la llegada del primer lote de vacunas al país y después de haber sido criticado por varios sectores por no haber dado el ejemplo de vacunarse antes. Aun así, antes de poner el brazo para el pinchazo, se organizó una ceremonia de tres amautas (sabios) que armaron un sahumerio con incienso para purificarlo.

Unos días después, el 9 de enero, Evo Morales, expresidente boliviano, exhortó a sus compatriotas a vacunarse, pero también les recomendó el dióxido. “Hay que acudir a los centros de vacunación. Es importante esta campaña, no puede faltarnos en la casa ivermectina y, con recomendación médica, dióxido de cloro y nuestras hierbas medicinales que nos ayudan bastante”, dijo.

¿Por qué, con toda evidencia en su contra, diversos políticos del continente siguen recomendando el dióxido de cloro? 

Una investigación periodística colaborativa y transfronteriza encontró que existen vínculos entre la iglesia que promovió originalmente el ClO₂ y una multifacética organización llamada Coalición Mundial de Salud y Vida (Comusav), un grupo que ha aprovechado las demoras de las vacunas y los temores que hay entre la gente frente al virus para sacar provecho económico. Con base en estudios clínicos cuestionados y múltiples testimonios lacrimógenos, Comusav ha montado una exitosa y relativamente sofisticada campaña de desinformación. La alianza periodística, conformada por Agencia Ocote en Guatemala, Animal Político en México, Aos Fatos en Brasil, Bolivia Verifica, Chequeado en Argentina, Colombiacheck y Cuestión Pública en Colombia, Efecto Cocuyo en Venezuela y Univisión en Estados Unidos, con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), devela los problemas con la justicia de los “arzobispos” de la iglesia del dióxido de cloro, las múltiples sociedades montadas en diversos países por los artífices de la Comusav. La pesquisa periodística desarma, pieza por pieza, cómo operó la campaña de desinformación virtual que les terminó dando credibilidad ante miles de incautos, puso en riesgo la salud de todos porque invitaba a no vacunarse, y llegó hasta abrirles las puertas de varios congresos latinoamericanos, a crearles una ley en Bolivia y conseguir la donación de un edificio en México. 

Aunque los mercaderes mayores del dióxido de cloro (entre ellos el más notable, Andreas Ludwig Kalcker, de ciudadanía alemana) digan que quieren salvar vidas, la evidencia que encontró este equipo muestra que estarían más interesados en su salvación económica personal, hinchando sus arcas con las ventas de la sustancia química y el material promocional asociado. 

Desde 2006, el estadounidense Jim Humble estaba promoviendo al dióxido de cloro como solución para todos los males. Había escrito un libro y había montado múltiples empresas, con diferentes resultados, para impulsarlo. En 2010 se encontró con su compatriota Mark Grenon, a quien tampoco le estaba yendo tan bien en sus emprendimientos de iglesias en República Dominicana. Ahí fue cuando juntaron sus empresas semifallidas y fundaron una iglesia que distribuía dióxido de cloro como sacramento, como si este fuera el equivalente a la comunión en una iglesia católica. La bautizaron Genesis II Church of Health and Healing (o la Iglesia Génesis II de Salud y Sanación, a veces abreviado como G2C) y montaron su sede fundadora en Barahona, República Dominicana. La G2C prosperó, vendió cursos para obispados a mil 700 dólares. A cambio, los obispos podían ordenar a “pastores de la salud” y usar el nombre de la iglesia para poder difundir el mensaje milagroso del dióxido de cloro y, por supuesto, participar de las ventas de la iglesia. La iglesia dijo que llegó a abrir 21 capítulos y conquistar feligreses en 14 países de tres continentes, según la versión de 2020 de su propia página, resucitada gracias a la herramienta de consultas WayBack Machine.

A los seis años, los dos falsos profetas se separaron comercialmente, al parecer por desavenencias sobre cómo repartir las ganancias, que entonces aún eran relativamente magras. En sus múltiples libros y conferencias, Humble se identifica como el creador de la fórmula original del brebaje químico al que llamó Miracle Mineral Solution (MMS, o solución mineral milagrosa), pero quien se quedó con la iglesia al final fue Grenon, quien después de la pandemia vio cómo creció su negocio, según documentos judiciales de una acusación posterior en Estados Unidos, obtenidos por este equipo periodístico.

La FDA de Estados Unidos, que autoriza la ventas de medicamentos y alimentos producidos para garantizar que no sean dañinos, venía reiterando desde 2010 que la solución mineral no era milagrosa sino peligrosa y que no estaba aprobada para uso médico. También advirtió que venderla con ese propósito no estaba permitido. Al ver el crecimiento en la ventas de la MMS con la pandemia, se prendieron las alarmas. La policía de Florida arrestó  en julio de 2020 a dos hijos de Grenon que le ayudaban en el negocio, luego de hacer una redada en la sede de la iglesia G2C.

La acusación que le hizo la Oficina de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida a los Grenon revela cuánto había crecido el negocio en pandemia. Según información que aportó el banco Wells Fargo en el juicio, Mark Grenon y sus tres hijos arrestados pasaron de registrar ingresos por 32 mil dólares en diciembre de 2019 a 123 mil en marzo de 2020, cuando apenas empezaba a conocerse la letalidad del virus.

José Rivera, agente de la FDA, dijo en el proceso que gracias a las constantes declaraciones públicas de los propios Grenon y Humble sobre cómo la creación de una iglesia era una estratagema para poder vender MMS, fue que pudo abrir un caso legal contra ellos. Primero, en mayo de 2020, la juez Kathleen M. Williams profirió una orden contra los Grenon y la iglesia Génesis II prohibiéndoles vender o etiquetar como medicina productos con base en dióxido de cloro. 

Esta alianza contactó al abogado de oficio de Mark Grenon en Colombia, Augusto Sánchez, para obtener la versión de Grenon sobre estos hechos, pero no obtuvo respuesta. Al contactarlo por teléfono, se rehusó a darnos información y al contactarlo por correo electrónico no obtuvimos respuesta.

La iglesia dejó de vender MMS en su página, pero, según dictaminó la investigación de la FDA, lo siguió ofreciendo por otros canales, como videos de YouTube u otras páginas afiliadas. Además, Mark Grenon repetía desafiante en su podcast que estaba violando la orden. Esto culminó con los mencionados arrestos de sus hijos en Florida y, luego, con el arresto del mismo Mark y su otro hijo Joseph en Santa Marta, una ciudad turística sobre el Caribe colombiano en donde vivían desde hacía nueve años. La Fiscalía colombiana los capturó por petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los acusó de fraude para evadir regulaciones. Joseph Grenon fue extraditado a Florida en septiembre de 2021, un mes después de que el diario británico The Guardian denunciara que él y su padre seguían vendiendo la milagrosa solución desde una cárcel en Bogotá.

En una decisión del 5 de enero de 2022, la jueza del Distrito Federal Sur de Florida Cecilia M. Altonaga ordenó la continuación del juicio contra los Grenon y estableció un calendario para el proceso, según el cual la fecha límite para que los acusados emitan una declaración de culpabilidad —si así lo desean— es el próximo 5 de agosto. Programó el inicio de juicio, con jurado, a partir del 12 de septiembre de este año.

Tras las capturas de los Grenon, el negocio de la iglesia colapsó. Prácticamente todas las páginas y los perfiles de redes sociales asociados fueron borrados y sus capítulos en los distintos países parecen estar inactivos.

Mientras eso sucedía, Andreas Kalcker, “obispo” de la iglesia G2C, aprovechaba su propia bonanza.

El obispo Kalcker se queda con Comusav

Andres Ludwig Kalcker es un alemán que se presenta como biofísico —aunque, según medios que hacen parte de esta alianza, como Chequeado y Colombiacheck el diploma fue obtenido en la Open University of Advanced Sciences, una universidad naturista acusada de vender títulos por internet—. Kalcker trabajó como ingeniero de sonido a comienzos de siglo, llegando incluso a participar en una grabación de la soprano catalana Montserrat Caballé, pero cambió de carrera y alcanzó algo de notoriedad en 2008, cuando anunció, bajo el pseudónimo de Aluka, un nuevo invento: un motor a combustión que funcionaba con un híbrido de gasolina y agua y que supuestamente mejoraba la idea original del inventor Paul Pantone. 

Cinco años después, se volvió a escuchar de él por el libro La salud es posible. Allí cuenta que todo comenzó cuando lo llamó su amigo Josep Pàmies —otro promotor del dióxido de cloro, oriundo de Lleida, Cataluña—. Pàmies fue sancionado varias veces por las autoridades por violar las regulaciones sobre dióxido de cloro. Desde 2010, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios había advertido que la venta del dióxido de cloro en el país como medicamento era ilegal. Pàmies le pidió a Kalcker que tratara los terneros de un granjero conocido. Kalcker ensayó el MMS y, según su relato, los terneros se curaron. Le escribió a Jim Humble de la G2C con la buena nueva, y así se contactaron. Luego Kalcker cuenta que siguió experimentando con la fórmula y consiguió desarrollar un MMS mejorado, que llamó CDS, por chlorine dioxide solution (o solución de dióxido de cloro). También lanzó una versión inyectable, según él más eficaz, al que llamó CDI (dióxido de cloro inyectable). 

Ya desde mucho antes, Kalcker estaba vendiendo dióxido de cloro. Un registro de 2009 de la página mmsmineral.com, archivado en el Wayback Machine, muestra que esta vendía la sustancia. En la información legal de la página se menciona a la empresa Optibolsa SL, de la cual Kalcker ha sido administrador desde 2005. En 2010, el Ministerio de Sanidad de España advertía que esa página de Kalcker vendía la sustancia.

Sin embargo, al consultar sobre sus empresas, Kalcker le dijo a esta alianza periodística: “no tengo empresas que vendan dióxido de cloro”, aunque aclaró que venderlo como “desinfectante para agua de consumo” es “absolutamente legal”.

A finales de octubre de 2012, Kalcker fue detenido en la isla mediterránea de Ibiza por la Guardia Civil española por organizar una conferencia sobre dióxido de cloro. Un mes después, Humble envió un boletín apoyando a Kalcker ante la autoridad legal, sin éxito. A pesar de su escaramuza con la autoridad, el supuesto químico comenzó a a ganar fama entre los adeptos a la solución química. Participó en un congreso llamado Spirit of Health en Hannover, Alemania, en 2014 y su libro se siguió leyendo ampliamente. En su sitio web, Kalcker publicó un certificado de antecedentes emitido en España, en el que dice que no tiene asuntos pendientes con la justicia.

Por esta época, aún antes de que el COVID-19 llegara, Kalcker y Humble vendían sus pócimas asegurando que curaba el autismo. Con palabras que imitaba el lenguaje de la medicina —aunque ninguno de los dos había sido entrenado como médico— aseguraban que el autismo era consecuencia de una “parasitosis” y la acumulación de metales pesados, supuestamente causada por las vacunas. 

Los trastornos del espectro autista (TEA) son una discapacidad del desarrollo que puede provocar dificultades cognitivas. Pero no hay evidencia científica sólida en los últimos años que muestre que el dióxido de cloro puede ser efectivo para tratar esta discapacidad. En Pubmed, la más importante base mundial de publicaciones de información científica y salud, no hay un solo ensayo clínico o reporte de un caso clínico aislado que valide su uso. En cambio, sí hay numerosos reportes de su toxicidad, que incluyen úlceras esofágicas, falla renal, anemia hemolítica y otras alteraciones sanguíneas graves, efectos mutagénicos y aberraciones cromosómicas. 

Luego, Kalcker pasó a crear sus propias páginas digitales en las que vendía sus libros y videos y, además, ofrecía consultas a 100 dólares la hora. Para defenderse de las críticas que comenzaban a caerle, argumentaba que la industria farmacéutica conspiraba contra quien le hiciera competencia, retórica que resultó muy atractiva para los activistas antivacunas. Al entrar en esas redes, su negoció creció. 

En 2017, una familia de Granada, en el sur de España, denunció a Kalcker y a otras personas, pues el remedio inyectado que le habían recomendado a su madre para curarse de artritis le había producido, según ella, “sequedad de piel, úlceras en la córnea de los ojos, vómitos, náuseas, diarreas”. Kalcker y otros denunciados fueron absueltos. Después, el alquimista se fue de España. 

Se mudó a un pequeño pueblo suizo llamado Sennwald, en la frontera con Liechtenstein. Unos años después, con los Grenon tras las rejas y la iglesia en desbandada, el “obispo” Kalcker buscó otra organización para impulsar el negocio en un momento perfecto. Corría mayo de 2020 y la pandemia del COVID-19 se extendía por el mundo dejando miles de víctimas. La perplejidad de la gente, sin cura a la vista, era el ambiente perfecto para revivir la venta del CDS. Sus videos se hicieron populares en redes sociales, atrayendo a miles de personas. Sus peroratas plagadas de términos médicos, dichas sin titubeos, contrastaban con la cautela con la que los científicos de verdad contaban lo que iban dejando en claro sobre el virus.

Milagrosamente, según ha contado Kalcker, fue en ese momento cuando lo contactó un militar retirado ecuatoriano, fundador de la Comusav.

Kalcker encuentra nuevos aliados

El excoronel Guillermo Tamayo dice que comenzó a tomar dióxido de cloro en enero de 2020, cuando estaba aún activo y sus tropas estaban en peligro de contraer el nuevo virus, que en Guayaquil estaba matando a miles de personas. 

Como ha reiterado en varios espacios virtuales, Tamayo le escribió a Kalcker para contarle que ni él ni sus tropas se habían contagiado gracias al dióxido de cloro. Este lo puso en contacto con la Aememi, la Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa, una agrupación de médicos homeópatas y de terapias alternativas que ya estaban usando la solución química para tratar pacientes. Así reclutaron a varios médicos para su causa. Cinco meses después, el exmilitar fundó la Comusav, junto a Tannia Bayas, una ecuatoriana residente en España que se describe a sí misma en redes como “beauty coach” (entrenadora de belleza), y a Gonzalo Arcos, un terapeuta alternativo ecuatoriano. Los tres invitaron a Kalcker a ser miembro honorario.

A la historia del excoronel no le cuadran las fechas porque el pico de la epidemia en Guayaquil fue en marzo de 2020. Además, Bayas asegura que fue ella, y no Tamayo, la de la iniciativa. En cualquier caso, pronto los ecuatorianos desaparecieron del liderazgo de la Comusav. Tamayo fundó otra organización, el Conuvive (Concilio de Naciones Unidas por la Vida y la Verdad), pues, según dijo en otra entrevista, en la Comusav solo había médicos y él “tenía la visión de crear un ejército de abogados, médicos, comunicadores”. En su lugar, Kalcker tomó el liderazgo de facto de Comusav por su aporte “científico”, a pesar de que formalmente apenas era “miembro honorario”.

Esta alianza periodística encontró conexiones entre varios aliados de Comusav en la región y un entramado empresarial en Europa. Varias de esas empresas registran como dirección la casa de Kalcker en Suiza. 

La dirección de Andreas Kalcker, como consta en varios registros suizos, es Läui 22, Sennwald, Sankt Gallen, 9466, la misma que le sirve de sede a una maraña de empresas. Allí está registrada MedaLAB Swiss GmbH, que vende aparatos para terapias alternativas, diseñados por el mismo Kalcker. Justamente, él aparece aquí como director administrativo. 

MedaLAB está relacionada, a través de la URL de contacto registrada, medatech.ch, con otra empresa, MedaTECH, que estaba basada en Wollerau, en el cantón suizo de Schwyz, y que fue liquidada en 2020, pero que buscaba “desarrollar aparatos electromagnéticos”.

En los registros de ambas empresas está Martin Vetsch, socio suizo de Kalcker quien, además de promocionar las máquinas de sus empresas, también ha impulsado el dióxido de cloro como cura para el autismo y el COVID-19. 

Una activista en defensa de los derechos de personas con autismo, la irlandesa Fiona O’Leary, quien además ha venido batallando en contra de quienes pretenden curar esta condición con el dióxido de cloro por los daños que puede producir, entrevistó a Vetsch. Ella le dijo a este equipo periodístico que el propio Vetsch le sostuvo que su empresa vende un generador de dióxido de cloro y que sus máquinas pueden curar el autismo.

En la página comusav.de se da la misma dirección de Kalcker en Sennwald como la dirección de “Comusav International”. Esta es la misma dirección de MedaLAB, la empresa de Martin Vetsch. En esa página de Comusav, Walter Vetsch aparece como el responsable legal. Un Walter Vetsch también aparece como miembro de la junta directiva de la inmobiliaria blue24immo, AG, donde también aparece Martin Vetsch. Sobre esto, Kalcker nos dijo que “una dirección oficial  de Comusav Mundial de Suiza no existe todavía ni Walter Vetsch es socio mío”.

Pero las evidencias muestran que Kalcker y Martin Vetsch, desde la casa de Kalcker en Sennwald, venden aparatos para crear dióxido de cloro y para, supuestamente, curar el autismo, aprovechándose de la desinformación al respecto esparcida por Comusav Internacional, organización que está registrada en su misma dirección.

Ahí no para todo

En mayo de 2021, el medio suizo Beobachter visitó la dirección en Sennwald y en el buzón, además del nombre de Kalcker, encontró el de Eduardo Insignares Carrione (Carrione es como figura en el registro colombiano de talento humano en salud). Carrione fue presidente de Comusav Colombia  y ahora es director de investigación en Comusav Mundial. También dijo haber conducido un estudio sobre dióxido de cloro en Bogotá, que supuestamente validaba la hipótesis sobre utilidad del dióxido de cloro para tratar el coronavirus. 

Insignares respondió en un cuestionario de esta alianza periodística que solo se contactó con Kalcker tras la llegada de la pandemia y confirmó que fue él quien propuso “que hiciéramos una investigación para verificar si realmente funcionaba”. Por su parte, Kalcker ha dicho varias veces (incluido en entrevista con ese medio suizo) que él no tuvo nada que ver con el estudio de Insignares, aunque en ese entonces ya eran socios en varias iniciativas.

El estudio que lideró Insignares dice haber sido financiado por la Fundación Génesis. A pesar de la coincidencia del nombre, la fundación no tiene relación con la iglesia Génesis II y, de hecho, nació antes que la iglesia. Apareció en Colombia en 1999, según el registro comercial de ese país, con el objetivo de “prestar servicios de apoyo a personas enfermas, en especial crónicas o terminales, en  aspectos de salud, educativos, financieros, de vivienda (y) sociales”. En 2006, Insignares aparece como representante de la fundación en un congreso de eneagramas, una práctica que busca estudiar la personalidad humana.  Ahora, la fundación vende diplomados, hasta por 900 dólares por persona, de una academia en la que Insignares, su esposa Blanca Bolaño y Kalcker enseñan sobre el uso del dióxido de cloro.

Los tres son además los autores de un artículo anterior, publicado en la misma revista en la que había aparecido el supuesto estudio de Insignares de 2020. En este artículo (que dice haber sido financiado por sus autores), Bolaño firma como directora de investigación de la Fundación Génesis, Insignares como director global de investigación de la Liechtensteiner Verein für Wissenschaft und Gesundheit (o Asociación de Liechtenstein de Ciencia y Salud) y Kalcker como el director administrativo de la misma asociación y el investigador de biofísica del “SVNB”.

Aunque el principado de Liechtenstein es un país independiente desde el siglo XVIII, en varios documentos de la asociación, incluido el estudio de Kalcker, Insignares y Bolaño, dan su ubicación como “Liechtenstein, Suiza”. Según su página, la dirección verdadera de la asociación (cuyo nombre es usualmente abreviado como LVWG) era, en septiembre de 2021, Industriering 14, Rugell, 9491. Este es un lugar al que se puede llegar en siete minutos en carro desde la dirección de Kalcker en Sennwald y es además la dirección de un hotel llamado Kommod. Según cita el artículo periodístico suizo, el único signo de la presencia de LVWG allí es un buzón.

Actualmente, la dirección que da la asociación es Sportfeldstrasse 11, 9493, Mauren, hacia el centro del pequeño país. Pero en ese mismo lugar está registrada una compañía llamada Rhetaca Reitsport Anstalt, que se dedica a la hípica y tiene un espacio para montar a caballo.

Al ser consultado sobre su rol en este entramado, Insignares aseguró enfático: “No soy ni socio ni empleado de ninguna empresa de Andreas Kalcker” y que al ingresar a Suiza “se necesitaba colocar una dirección temporal y se colocó la de la asociación suiza de biofísica para efectos de registrar mis documentos como italiano en Suiza”. 

Esta asociación hace referencia al “SVNB”, la Schweizer Verein für Naturwissenschaftliche Biophysik (o Asociación Suiza de Biofísica Científica), del que Kalcker dice ser director administrativo, aunque esta tiene una dirección en una ciudad suiza diferente, Buchs. Unos estatutos de la asociación de octubre de 2019 nombran a tres miembros: Martin Vetsch, Rama Karni (la esposa de Kalcker) y Elisabeth Mariani (una “coach” de salud suiza que se graduó de un diplomado de biofísica de Kalcker).

La SVNB, que ahora está en liquidación, podría seguir el destino de otra empresa similar: en 2016, Urs Odermatt, un emprendedor suizo al que Kalcker conoció en un seminario, el empresario turco Zeynal Uz y la empresaria búlgara Boyka Angelov crearon otra empresa, llamada Schweizer Zentrum für Wissenschaftliche Forschung, Innovation und Entwicklung AG (SZWFIE o Centro Suizo para la Investigación, la Innovación y el Desarrollo Científico), para hacer investigación en biofísica y farmacéutica. Se les unió el inversionista también suizo Samuel Gauro. 

En febrero de 2019, el canal alemán ZDF visitó la dirección del supuesto centro de investigación en Grabs, Suiza, y encontró un edificio de varias oficinas donde nadie conocía a Kalcker. En este centro, Kalcker tenía un sueldo de 10 mil francos suizos (unos 11 mil dólares) mensuales y recibía otros fondos para su trabajo, pero no logró mostrar avance alguno, según le dijo Gauro al medio suizo Beobachter. Incluso, Angelov dijo que Kalcker era incapaz de llevar a cabo una investigación científica seria. 

Los socios entraron en disputas y en 2019 el centro postuló para ser declarado en bancarrota y en 2020 fue liquidado. Sin embargo, dos de sus miembros alcanzaron a entrar en el entramado de Kalcker y Vetsch. Desde 2018 y hasta su liquidación, Odermatt y Uz aparecieron como directores administrativos de MedaTECH, la empresa ya mencionada de Vetsch. 

Por otra parte, la SVNB fue creada tan solo unos días después de declarada la bancarrota del SZWFIE. De todas maneras, Kalcker aplicó a tres patentes como parte del centro de investigación suizo original, una de las cuales es de una sustancia farmacéutica para “tratar enfermedades infecciosas” a partir del dióxido de cloro. La patente fue registrada, hecho que no implica que una invención funcione, y Kalcker la promociona en su página como una “composición farmacéutica para el tratamiento del COVID-19”.

Así que Kalcker usó sus contactos en Suiza para crear empresas que intentaban legitimar sus estudios sobre el dióxido de cloro y otras pseudoterapias. Otros socios suyos realizaron estudios que no comprueban nada, pero que sus seguidores consideran legítimos. Así lo consideran porque han seguido la desinformación de Comusav. Luego, Kalcker les vende a esos mismos seguidores los aparatos de sus empresas y los seminarios, DVDs y libros que explican cómo usarlos. De paso, en estos cursos también les dice a sus fans que quienes advierten de los grandes riesgos de usar este químico como medicina no son honestos, y así se asegura de no perderlos como clientes. 

Esta estrategia de crear una maraña de empresas, dando una apariencia de gran conglomerado y de esta manera vender más, Kalcker ya la había usado en España. En Alcalá de Xivert, un pueblito valenciano, creó la empresa Voicedialogo SL, que tiene la editorial Voedia que publica los libros de Kalcker y otros sobre dióxido de cloro. Su administradora es Dolores Unzu, la persona que fue denunciada en Granada junto a Kalcker por el caso en el que fue absuelto de una mujer mayor con artritis a la que la sustancia le causó úlceras. Unzu se presenta como “Organizadora y Coordinadora de eventos nacionales e internacionales” de Andreas Kalcker. En esa localidad también creó la empresa Rincón del Edén SL, de la cual sigue siendo el administrador y cuyo objeto social es realizar actividades en parques de atracciones, así como Kalcker SL, una empresa de “comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónicos”. 

Además de esto, en la ciudad de Castellón está registrada MedaLAB Research SL, la versión original de la empresa suiza del mismo nombre que vende los mismos aparatos para terapias alternativas, a más o menos 800 euros cada uno. Como administradores de esta empresa han aparecido Kalcker, Miriam Carrasco Maceda (su exesposa) y Elena Valladares (Carrasco estuvo en la empresa hasta 2018, mientras que Kalcker asumió el cargo por 13 días ese año hasta la llegada de Valladares).

Valladares aparece como coautora con Kalcker de un artículo académico de marzo de 2020 del LVWG sobre la toxicidad del dióxido de cloro. Pero además es la administradora de otra empresa, Mydioxi SL, donde también es administradora Unzu. Por su parte, Carrasco figuró hasta  noviembre de 2020 como socia única de Mebenezer Lab Sociedad Limitada, cuya actividad es la “producción de productos químicos y biocidas” y que vende dióxido de cloro a través de su marca Dioxilife, aunque lo promociona como un desinfectante. Ahora es Odermatt el que figura como socio único. 

Al ser consultado sobre esta estrategia empresarial, Andreas Kalcker respondió: “tanto Ud. como yo tenemos libertad de crear empresas y en mi caso no uso mis empresas para promocionar mentiras … si creo en las bondades del dióxido de cloro y no existiría una ley específica al CDS en Bolivia, si esto fuera falso”. 

El colombiano Insignares, que comparte buzón en Suiza con Kalcker, también hace parte de este entramado, además de participar en Comusav y en las demás actividades mencionadas junto a Kalcker. En Colombia tiene una empresa llamada Magnofarma SAS, que ofrece terapias medicinales alternativas. En su página, Magnofarma menciona brevemente las “terapias oxidativas”, el nombre disimulado con el que a veces se designa el uso “terapéutico” del dióxido de cloro. También hace referencia a las terapias vibracionales con altas frecuencias, como las que prometen los aparatos que vende MedaLAB.

Insignares, además, abrió otras empresas llamadas Magnopharma: una en Estados Unidos y otra en Eslovaquia, igual que dos empresas diferentes llamadas Nutricell en Estados Unidos y un consultorio médico registrado en un edificio de oficinas en Marbella, España —esta última es la única de todas esas empresas que sigue activa o en la que su participación está vigente—. En esa ciudad andaluza, según dijo en una entrevista de 2020, estaba planeando abrir una “clínica” junto con Kalcker. 

Al preguntarle si estas conexiones ponían en duda su confiabilidad como investigador independiente, Insignares nos respondió: “soy independiente y lo he hecho además, para evitar señalamientos de ser financiado por intereses empresariales. Es un momento histórico en la humanidad para actuar,  ayudar, servir. Muchos, desde la crítica, no producen ni un jabón para aliviar el dolor humano”.

Tras los congresos de América Latina

Con sus cables bien conectados a la Comusav, Andreas Kalcker y sus aliados se han hecho la América. La cadena que empezó el militar retirado ecuatoriano con los médicos alternativos de su país pronto extendió un brazo en Bolivia. En mayo de 2020, cuando el COVID-19 arrasaba en el Beni, un departamento cálido y amazónico al noreste de Bolivia, allí viajó una comitiva de médicos solidarios para reemplazar a los colegas que habían caído enfermos. Entre ellos iba Patricia Callisperis. Ella convenció a otros doctores de que el dióxido curaría el fatal virus y empezó a administrarlo a diestra y siniestra. 

Entrevistado por este equipo periodístico, Jorge Gómez, médico que en ese momento era el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) del Beni, contó el costo del experimento: “Le pedimos a la doctora que se retirara del hospital porque había mucha gente intoxicada o que moría porque abandonaba su tratamiento tras ingerir dióxido de cloro”, dijo. “No sabemos cuánto impacto causó realmente el CDS porque no se hacían autopsias (…) pero sostengo que esa mezcla fue muy perjudicial para la población que entiendo estaba desesperada”. 

A principios de julio, allegados a Comusav Bolivia presentaron un proyecto de ley para que se autorizara el uso de CDS, y en octubre habían conseguido que fuese ley. 

Desde julio de 2020, ya la camarilla del Comusav había comenzado a conseguir aliados políticos. El primero fue Eliseo Azuero, entonces vicepresidente de la comisión de control político de la Asamblea Legislativa de Ecuador. Un político de vieja data que había cambiado de partidos como un camaleón cambia de piel —el último fue uno de su creación llamado BADI—, y que promovió en video el dióxido de cloro. Junto con Kalcker, Azuero les consiguió a los presidentes de varios capítulos nacionales de Comusav, que ya se había expandido a varios países latinoamericanos, una audiencia virtual ante los diputados ecuatorianos. Esa audiencia, curiosamente, ocurrió el mismo día en que Grenon fue arrestado en Colombia, el 8 de julio. Aunque Azuero está prófugo de la justicia, acusado de haber encabezado una treta para quedarse con el dinero que iba para la construcción de un hospital, caló tanto la propaganda que días después, 10 obispos católicos de diversas regiones le pidieron la cabeza del ministro de Salud al presidente Lenín Moreno y que autorizara el uso médico del CDS. 

Entretanto, en Perú consiguieron a una congresista de Huánuco del partido Acción Popular (un partido de espectro amplio entre el centro y la derecha) les agendara a los de Comusav una audiencia en la Comisión de Salud de ese país, pero finalmente se canceló debido al escándalo que la noticia suscitó en medios y entre científicos peruanos. Sin embargo, a instancias del entonces parlamentario Posemoscrowte Chagua, una comisión parlamentaria investigó los impactos del químico usado como medicina. Aunque la comisión concluyó que no hay evidencia que sustente su uso medicinal, pidió que se suspendieran los procesos disciplinarios a los médicos que lo recetaron a sus pacientes.

Este frente unido con el que Comusav llegó a estos congresos a principios de la pandemia atravesó una crisis en febrero de 2021, cuando los líderes de la organización de Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala enviaron una carta anunciando la creación de una nueva organización: la Comusav América. Según le explicó Luis Revollo, presidente de Comusav Bolivia, a esta alianza periodística, “nosotros estábamos buscando hacer ciencia. [Kalcker] se fue con Karla Revollo [ahora directora de comunicaciones del Comusav de Kalcker] para buscar plata. Nosotros cobramos el curso si mal no recuerdo, 100 bolivianos [14 dólares]. Ellos cobraban 800 o 1000 bolivianos [116 a 145 dólares] la charla de Andreas”.

Así que, tras esa fecha, Comusav es realmente dos organizaciones: Kalcker está detrás de la Comusav Mundial, que centró sus operaciones en México, Colombia, España y la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos; mientras que los países firmantes de la carta se organizaron en la nueva Comusav América, que cuenta con poca presencia en redes. De todas maneras, la nueva Comusav sigue vendiendo el dióxido de cloro y critica a la Comusav de Kalcker por vender la sustancia como una cura milagrosa y por confiar en el estudio de Insignares, que según ellos “carece de credibilidad”. Y ambas organizaciones siguieron buscando entrar a congresos latinoamericanos.

En el estado de Nuevo León en México, un aspirante a diputado por el PRI, en llave con una organización antivacunas, presentó al Congreso estatal una iniciativa para investigar las aplicaciones médicas del dióxido de cloro e iniciar un diálogo con Comusav. Esta fue rechazada la primera vez, pero ante la insistencia de los lobistas consiguieron que se aprobara en marzo de 2021. De la mano de otro partido, el PAN, habían llegado en diciembre de 2020 al Congreso del estado vecino de Coahuila con una propuesta similar. Y dos meses después, en febrero de 2021, un empresario líder del Frente Nacional Anti-AMLO, Pedro Martín, invitó a Kalcker a la ciudad de Francisco I. Madero, en ese mismo estado, donde el alcalde Jonathan Ávalos ha promocionado el uso de CDS como remedio. Martín, además, prometió donarle un edificio a Kalcker en la ciudad de Torreón, también en Coahuila.

El 13 de noviembre de 2021, otro empresario, Moisés Rosado, a través de su asociación Obra Libre de Adicciones, le donó a Comusav un edificio en Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco, con la promesa de que allí se abrirá primer Centro de Investigación Andreas Kalcker en América Latina. Según un aviso impreso en una hoja blanca, la fundación se encuentra “en remodelación”, aunque en el edificio ya una farmacia vende el dióxido de cloro para uso medicinal. Los pagos van a la cuenta de la asociación de Rosado como lo comprobaron integrantes de esta alianza periodística que visitaron el lugar. 

En Colombia, la llave del Legislativo se las abrió un Representante a la Cámara del partido evangélico Colombia Justa Libres, Carlos Eduardo Acosta, que permitió que el 9 de diciembre de 2021 varios representantes de los capítulos de Ecuador y Paraguay de Comusav participaran en una sesión que pretendía cuestionar la iniciativa de exigir carné de vacunas en lugares públicos. Ninguno mencionó al dióxido de cloro, pero sí repitieron las consabidas diatribas conspirativas contra las vacunas y defendieron las terapias alternativas. 

En Argentina, Francisco Sánchez, un diputado nacional por Neuquén de derecha y activista del PRO (partido de derecha), admirado por Eduardo Bolsonaro (vástago del presidente brasileño), aparece como uno de los líderes de Comusav en ese país. 

Otros impulsores de Comusav y de los inventos de Kalcker han organizado conferencias en Guatemala (a donde pusieron a dar testimonio de la milagrosa solución al alcalde de Guastastoga), ofrecieron un gran concierto de Artistas Unidos por la Vida en Guadalajara y pidieron audiencias y oportunidades para promulgar la riesgosa medicina en Costa Rica. 

Hasta en Estados Unidos, con la prohibición que allí pesa sobre el uso medicinal del dióxido de cloro, un vendedor de finca raíz llamado Ricardo García, que dice haber estudiado química en la Universidad de La Habana en Cuba, registró la marca del OCLO 3000 bajo su empresa OCLO LLC y comenzó a venderlo hasta que las autoridades le ordenaron dejar de hacerlo. Toda su propaganda se basaba en los hallazgos presuntamente científicos de Kalcker. Al tiempo, desafiando la prohibición legal de vender dióxido de cloro como medicina en Estados Unidos , la propia Comusav creó redes en Telegram en español y en inglés destinadas a cautivar estadounidenses y habían conseguido enganchar a más de 50 mil hasta diciembre de 2021.

Sobre esta estrategia, Kalcker nos dijo que “son planes globales de muchos miles de médicos de  tener un antídoto y herramienta universal médica para la población, y los pobres sobre todo, y no son locales”, y que esto era parte de un deseo de “darle a la humanidad salud, mejor calidad de vida y protección dejando así mi legado”.

Pero adelante van los falsos hallazgos científicos allanando el camino de la legitimidad del dióxido de cloro. Atrás van sus organizaciones —si es que así se puede llamar cada grupo que montan con unas cuentas en redes sociales o en chats, una página web y, a veces, una cara visible como presidente. 

Estas organizaciones, como muestra esta investigación con múltiples ejemplos, van abriendo puertas para conseguir guiños cómplices en la política, autorizaciones legales para ensanchar el negocios y hasta bendiciones de obispos católicos.

* Equipo de Mentiras Contagiosas:

Dirección y edición: Pablo Medina Uribe y María Teresa Ronderos; Producción: Luisa Fernanda López; Desarrollo web: Diego Arce; Análisis y visualización de datos: Rigoberto Carvajal y José Luis Peñarredonda; Gerencia: Emiliana García; Grabación de testimonios: Ángela Cantador; Ilustración para logo: Miguel Méndez; Caricatura de portada: Abecor.

Este trabajo contó con apoyo en investigación de Olaya Grueso de Correctiv.

Autores:

Pablo Medina, CLIP

José Luis Peñarredonda, CLIP

Ángel Mazariegos Rivas, Agencia Ocote

Tania L. Montalvo, Animal Político

Siboney Flores, Animal Político

Carolina Méndez, Bolivia Verifica

Joaquín Martela, Bolivia Verifica

Marcelo Blanco, Bolivia Verifica

Jeanfreddy Gutiérrez, Colombiacheck

Sharon Mejía, Colombiacheck

El Detector de Univisión