1 de cada 3 mujeres sufre maltrato en el parto; México rebasa nivel de cesáreas que aconseja la OMS
María tenía 24 años cuando tuvo a su primer hijo. Aunque había recibido atención prenatal con una médica particular, decidió que su parto sería en una clínica del Seguro Social.
Días antes de comenzar su labor de parto, su ginecóloga le recomendó tener relaciones sexuales para acelerar el proceso, puesto que ya estaba “en tiempo” de parir. Cuando la recibieron en el seguro porque había roto fuente, le hicieron bullying y la ignoraban por haberse atendido “por fuera”, y la presionaron para aplicarle la epidural.
Sus reiteradas negativas fueron respondidas con “¿segura? A ver si aguantas”. Hasta que la asustaron con que si no lo hacía en ese momento, después no habría nadie que se la pusiera. Así que accedió.
Dos veces la pincharon, lo hicieron mal y le provocaron sangrado, y además la culparon de lo sucedido “por haberse movido”. También le dijeron que mejor le harían una cesárea, sin que fuera fundamental, solo por agilizar el proceso.
María se negó y después de horas acostada en una camilla sin que la dejaran levantarse, y sin darle siquiera agua, ella decidió ponerse de pie un momento, lo que resultó en que la amarraran con vendas a un lado de la cama.
Cuando casi 12 horas después llegó el momento en que comenzó su trabajo de parto, María estaba histérica y cansada. Los médicos aplicaron la maniobra de Kristeller -que implica presionar el vientre- (lo que está contraindicado a nivel internacional) y usaron fórceps para sacar al bebé. Esto le provocó un sangrado interno.
También le realizaron la episiotomía sin preguntarle ni decirle nada, además de que la hicieron mal y le provocaron una incorrecta cicatrización. En ningún momento avisaron de la situación a su esposo.
Después de que por fin nació su bebé, a María y a él los dejaron por más de 4 horas en una camilla en pleno pasillo, bajo un aire acondicionado, sin nada más que dos batas de hospital para pacientes. Esto provocó que durante los primeros cinco años de la vida de su hijo, padeciera de problemas respiratorios.
Todavía un año después de esta experiencia, María despertaba en las noches llorando y gritando.
Tuvieron que pasar cinco años para que decidiera volver a embarazarse y quitarse la mala experiencia que tuvo al parir. En esa segunda ocasión, recurrió a un hospital particular y a tener una dula de acompañante.
Así como ella, 33.4% de mujeres en México sufrieron algún maltrato al ser atendidas durante el parto, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI (2016).
Esto se define como violencia obstétrica, que de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) “es una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que constituye una violación a los derechos humanos”.
Esta puede darse en servicios de salud públicos y privados, y “consiste en cualquier daño u omisión que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio”.
“¿Así gritaba cuando se lo hicieron? Ahí sí abrió las piernas”, “¡No te estés quejando y puja!”, “De nada sirve que estés gritando”, son algunas de las frases que forman parte del lenguaje de la violencia obstétrica, y que suelen provocar traumas a quienes se encuentran en labor de parto.
A María se las dijeron. La humillaron con relación a su vida sexual, y como se veía más joven de lo que era, la infantilizaron y se burlaron de ella.
Pero no solo se incluyen las ofensas u omisiones en el proceso de nacimiento de un infante, sino en lo que sucede después.
Hay mujeres a las que presionaron para aceptar algún método anticonceptivo, temporal o permanente (9.2%). De acuerdo con el ENDIREH, al 4.2 % le colocaron alguno o la esterilizaron sin previo consentimiento.
La violencia obstétrica deja huellas profundas en quien la padece
En 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la existencia de la violencia obstétrica, su gravedad, causas y consecuencias.
Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, la hizo visible con el informe “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica”.
Ese reconocimiento de una problemática fue importante porque “desculpabiliza a las madres” y valida sus experiencias, dijo al respecto al diario El País Ibone Olza, psiquiatra perinatal y directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.
Se calificó de tortura el realizar una cesárea o una episiotomía sin consentimiento, y se describieron “las formas de maltrato más habituales en el parto, especialmente el chantaje y cómo se minimizan o invisibilizan sus consecuencias”.
La violencia obstétrica se hace visible para la ONU https://t.co/gIcUDvJfQM a través de @el_pais
— Ibone Olza (@iboneolza) September 27, 2019
En México, de 2015 a 2021 la CNDH emitió 56 recomendaciones a distintas instituciones de salud, por violencia obstétrica. En tanto, de 1996 a 2020 la Comisión Nacional de Arbitraje México (Conamed) registró 2,156 quejas con motivo de atención de parto y puerperio inmediato. Como sucede con otras problemáticas, estos son solo los casos de los que hay registro o que fueron denunciados, aunque muchos otros no llegan a las estadísticas.
Las cesáreas innecesarias también son violencia
La Declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre tasas de cesárea señala que “la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%”.
En México, 46.1% de los nacimientos se realizan a través de cesáreas programadas o de emergencia, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018. Nivel superior al recomendado por la OMS, y cuyo porcentaje incluso aumentó durante los primeros meses de la pandemia COVID.
Otro dato preocupante es el que arrojó la ENDIREH 2016: de que 1 de cada 10 mujeres a la que se le hizo una cesárea no se le informó la razón, ni le pidieron su permiso.
La misma OMS explica que ese procedimiento, cuando está justificado desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir problemas de salud e incluso la muerte en la madre y el bebé. Sin embargo, hay casos en que es innecesario, y hay consecuencias negativas para la salud maternoinfantil.
Verónica Esparza, coordinadora de investigación de GIRE, explicó a Animal Político que sería importante establecer protocolos que permitan distinguir en qué situaciones se puede justificar realizar las cesáreas, para con ello disminuir los casos en los que se practica.
La Norma Oficial Mexicana 007 para la Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, señala que es necesario priorizar el parto vaginal y reducir el índice de cesáreas.
Sin embargo, “pese a que existen estas precisiones de que es necesario reducirlas por las implicaciones que tiene o por los riesgos que implica practicar una cesárea, pues vemos que las cifras lejos de bajar van en aumento”, señaló Esparza.
GIRE en su informe 2021 de “El camino hacia la justicia reproductiva, una década, avances y pendientes”, refiere que en el periodo comprendido del 2014 a 2017, el promedio nacional de partos que se tuvieron por cesárea fue del 44.53%.
El doctor Roberto Castro, investigador del Centro Regional Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, quien es autor en conjunto con Sonia M. Frías de Violencia obstétrica en México: resultados de la ENDIREH 2016, coincidió con la perspectiva de Esparza y mencionó a Animal Político una problemática adicional, la de la excesiva medicalización del parto.
“También es violencia obstétrica medicalizar el cuerpo demasiado, interrumpir los procesos naturales del parto, no respetar los tiempos que el cuerpo va tomando y recibiendo para parir”.
Manifestaciones físicas y psicológicas
Las manifestaciones de la violencia obstétrica pueden ser físicas y también psicológicas, e incluso pueden tener repercusiones a largo plazo.
Físicas, como la práctica de cesáreas que se realizan sin que exista una indicación clínica para justificarlas, el suministro injustificado de medicamentos, la práctica de anticoncepción o esterilizaciones no consentidas o incluso forzadas.
También el retraso en la atención médica de urgencia o la falta de respeto para la evolución dentro de los tiempos de un parto, son algunos ejemplos de maltrato físico durante la atención obstétrica.
Psicológicas, como la discriminación, el uso de un lenguaje ofensivo o humillante, y las manifestaciones en tono sarcástico.
Las repercusiones a futuro van desde complicaciones o daños en la salud, tanto física como mental, hasta la muerte materna, máxima manifestación de la violencia obstétrica.
Las y los expertos consultados coinciden en que las mujeres pertenecientes a grupos indígenas, de bajos recursos o las mujeres solteras, son quienes padecen con mayor frecuencia la violencia obstétrica.
“Muchas veces las mujeres que viven en zonas alejadas, por ejemplo, tienen que transitar caminos largos para llegar al centro de salud, y este no tiene los insumos suficientes o el personal suficiente para atenderlas”, refirió Esparza.
Falta perspectiva de género
La especialista también señaló que estudios como la encuesta ENDIREH, que se levanta cada cinco años por parte del INEGI, ponen en evidencia que estamos ante un problema de Derechos Humanos, y que no se trata de una situación excepcional.
Al respecto Roberto Castro menciona que aunque es un tema que ha ido ganando visibilidad, en el gremio de ginecobstetras todavía hay perspectivas contrastantes.
Están “los que han visto o constatan que efectivamente a veces se maltrata a las mujeres durante la atención del parto y por lo tanto reconocen que sí tenemos un problema”.
Pero por otro lado, hay un “pequeño grupo que está como a la defensiva, como buscando que no se criminalice la atención médica”.
Cuando se da el trabajo de parto, las mujeres están en una situación de alta vulnerabilidad, es una relación muy vertical, donde muchas veces no hay una perspectiva de género, mencionó Castro.
Por ello, aún queda un largo trecho de trabajo, para exponer casos, concientizar y desarrollar políticas públicas que mejoren la atención a mujeres y personas gestantes.
En 2016, GIRE organizó un tribunal simbólico en el que se reunieron familiares de víctimas de muerte materna y mujeres que sufrieron violencia obstétrica, para relatar sus historias.
Las escuchó un jurado de expertas en salud y derechos humanos. Ellas, las mujeres y sus familias redactaron un informe con recomendaciones al Estado sobre cómo prevenir estas violaciones a los derechos humanos.
Problema estructural
Si bien el tema es reconocido principalmente en sectores académicos y activistas de asociaciones de mujeres, la sociedad en general no lo ve aún con la claridad y contundencia necesaria.
“Nos falta muchísimo por lograr una plena concientización y por lo tanto facilitar que la mujer se sienta con el derecho de reclamar una atención sin violencia obstétrica”, reiteró Castro.
El experto de la UNAM insistió en que no se trata de criminalizar, si no de trabajar con el personal de salud, para que mejoren su trato y protocolos de actuación, con un diseño institucional adecuado.
“Hay razones de orden estructural, no es que estemos hablando de que los médicos todos actúan de mala fe, que son perversos. Están sometidos también a presiones y habría que distinguir entonces razones de orden estructural, si a veces son cuestiones de formación o de deformación profesional, que los hacen muy autoritarios”.
Aunque no se trata de una justificación, es importante considerar los obstáculos que enfrenta el personal de salud en México para realizar su trabajo en óptimas condiciones.
La presión a la que están sometidos los servicios públicos, que suelen estar saturados y que necesitan literalmente despachar a una mujer tras otra, lleva muchas veces a realizar cesáreas sin que se requiera, por cuestiones “de prisa”.
Al respecto, Esparza insiste en que es necesario transformar las condiciones o deficiencias estructurales en el Sistema Nacional de Salud.
“Es fundamental garantizar que el Sistema Nacional de Salud cuente con presupuesto suficiente para asegurar servicios obstétricos de calidad, con infraestructura material y humana para realizar este trabajo”.
Además del diseño institucional, y temas de presupuesto e infraestructura, es necesario combatir prejuicios y rutinas que son dañinas, y que forman parte de la dinámica en la que se forma al personal de salud, desde las universidades.
Forjar un enfoque de género, además de Derechos Humanos, “es fundamental para cambiar este problema”, concluyó Castro.
¿Cómo detectar (y no normalizar) que fuimos víctimas de la violencia obstétrica?
Verónica Esparza insistió en que, para poder detectar la violencia obstétrica, es importante difundir y buscar información sobre qué está bien y que no está bien que se haga durante la atención del embarazo, durante y después del parto.
De ese modo, dijo, las mujeres y sus familiares se pueden dar cuenta de que lo que están viviendo no es normal ni justificable, que existe una falta y que se puede denunciar.
“Por ejemplo, si no te atienden, si te niegan un servicio, te tratan con groserías, con humillaciones, de manera agresiva, no te explican con claridad cuáles son los procedimientos antes de solicitar tu consentimiento, no te atienden cuando manifiestas algún tipo de dolor o te medican en exceso sin preguntar tu opinión”.
