Estados y municipios apuestan a botones de pánico contra violencia de género; fallas institucionales dificultan su operación

A Renata Martinely, de solo 13 años, la mataron en el lugar donde debía estar segura: su propia casa, ubicada en Ixtapaluca, Estado de México. Desde 2020, cuando hallaron su cuerpo con signos de violencia, su mamá y su abuela tienen que cargar a todos lados una cajita negra: un botón de pánico que —según las autoridades— las ayudará a estar más seguras. 

Este dispositivo es una medida de protección que se brinda a mujeres víctimas de violencia o en riesgo. Tiene conexión satelital y envía alertas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo mexiquense (C4), lo que está pensado para generar una respuesta de auxilio inmediato.

El botón es recargable y tiene una funda que puede colocarse en la muñeca como una pulsera. Karen cuenta en entrevista que, en cuanto se apaga, la policía le marca. A su mamá le pasa seguido ya que olvida conectarlo a la corriente eléctrica porque casi siempre está en casa. 

Esta medida de protección ha sido adoptada por autoridades del Estado de México, Jalisco y otras entidades para enfrentar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, ciudadanas y especialistas consultadas por Animal Político advierten fallas y límites en su funcionamiento.

Hasta ahora, ni ella ni su mamá han tenido la necesidad de activarlo y no saben con certeza si es útil en una emergencia. El Estado ya les falló una vez, cuando ella presentó una denuncia contra su expareja por acoso hacia su hija y las autoridades no hicieron seguimiento ni la protegieron. Cinco meses después, su expareja mató a Renata.

El Edomex presiona el botón

Durante su campaña en 2017, el gobernador Alfredo del Mazo se comprometió a fortalecer las acciones para evitar feminicidios y desapariciones de mujeres, principalmente en los 11 municipios con alerta de género. Prometió cámaras de vigilancia en el transporte público, unidades rosas exclusivas para mujeres en las principales rutas y botones de pánico portátiles o pulseras SOS. 

Cada vez más municipios se suman a la compra de estos dispositivos, aunque no se sabe si realmente funcionan porque no existe una evaluación de sus resultados, coinciden especialistas. 

“Por la experiencia, no es algo que se esté recomendando en los estados. En los estados, a veces por gastar dinero dicen que tienen sus botones y los presumen, pero realmente no hemos tenido mayor conocimiento de su efectividad”, alerta la especialista.

La experiencia en los municipios mexiquenses

En 2021, Naucalpan repartió pulseras con botón de pánico. Este programa fue dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y a adultas mayores solas susceptibles de sufrir maltrato o de una emergencia médica.

La adquisición de los dispositivos se realizó mediante licitación pública, pero solo una empresa participó. Cada dispositivo costó 540 pesos sin IVA y en total se invirtieron 3 millones 499 mil 956 pesos por 5 mil aparatos. 

Para que estas pulseras funcionen, es necesario que las mujeres tengan un teléfono inteligente, conexión Bluetooth e internet para lograr enlaces al C4. 

Daniela Villegas Mercado, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, advierte que esto implica limitaciones. Algunas son que no todas las personas tienen acceso a internet o celular, y si lo tienen, muchas solo tienen plan para llamadas.

La especialista señala que el programa no toma en cuenta si la persona puede pagar un plan con internet o si hay acceso gratuito en su zona o, en el caso de las adultas mayores, si saben usar la tecnología. Además, en una situación de riesgo, la víctima se puede bloquear: “En ese momento, no te vas a poner a activar el Bluetooth, creo que es un poco compleja su utilidad en una emergencia”. 

Igual que Naucalpan, Tlalnepantla tiene alerta de género y en noviembre de 2020 puso en marcha el programa de pulseras SOS. Estas tienen un botón de pánico que ante una emergencia conecta con la policía de género —que da asesoría y acompañamiento a las mujeres que deseen denunciar—, con el sector policiaco más cercano y con contactos de confianza previamente registrados. 

Esta pulsera, que también puede utilizarse como llavero, se entregó a víctimas de violencia de género con medidas de protección emitidas por la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género. El programa fue coordinado por la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla y el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género, ahora Dirección de la Mujer. 

En ambos casos se busca una respuesta inmediata de la policía, pero existe otro problema: no es fácil transitar por colonias del Edomex ni que la policía llegue tan rápido a una ubicación. 

“El mecanismo no lo veo muy funcional, dice que la policía va a llegar en menos de cinco minutos una vez que se active la pulsera, pero me parece totalmente falso. Muchas veces, donde está la policía está muy lejos y para llegar es difícil; entonces, no se toma en cuenta el espacio territorial, cómo está el espacio geográfico, particularmente en el Edomex, territorio conocido como ‘la periferia’, donde la movilidad es complicada”, dice Villegas. 

No se sabe qué tan rápido llega la policía porque no hay una evaluación al programa, señalan las especialistas. Además, coinciden en que la compra de estos dispositivos está principalmente relacionada con fines políticos y con la intención de mejorar la imagen del gobierno en turno: se busca mostrar que se trabaja por las mujeres, pero cuando cambia la administración el programa se abandona.

Entre 2020 y 2021, Ecatepec, Chalco, La Paz, Neza y Chimalhuacán también se sumaron a entregar estos botones o a lanzar aplicaciones de alerta. Pero tan solo en enero pasado, cuatro de los 11 municipios con alerta de género y botones de pánico registraron feminicidios: Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Valle de Chalco. 

En 2021, Neza registró 10 carpetas de investigación por este delito; Naucalpan, nueve; Ecatepec, nueve; Toluca, seis; Tultitlán, seis; Chimalhuacán, cinco; Tlalnepantla, cuatro; Ixtapaluca, cuatro; Cuautitlán Izcalli, cuatro; Valle de Chalco, tres, y Chalco, otras tres. 

Sin embargo, no hay información pública sobre cuántos botones o pulseras se han entregado en esos municipios y de los criterios para otorgarlos. En ocasiones, la CEAVEM los da como mecanismo de protección; en otras, los dispositivos los entrega la policía local, el instituto o la dirección de la Mujer de cada municipio. 

Las expertas señalan que el otorgamiento del dispositivo no depende de criterios sistematizados ni institucionales; por lo contrario, se fundamenta en criterios personales, además de que no existe coordinación entre las instancias procuradoras de justicia, las que implementan el programa y las asistenciales. 

“(Es importante) generar mecanismos en los cuales las instituciones estatales y municipales responsables rindan informes certeros de las acciones implementadas, su funcionalidad y sobre todo su impacto en la realidad de la entidad, para poder ser monitoreados a través de las instituciones federales, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, y puedan ser constatados por la población en general”, destaca el OCNF. 

Animal Político buscó entrevista con la CEAVEM, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

La alerta de género

A seis años de que se decretó la Alerta por Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, en ninguno de los 11 municipios se ha desactivado y no existe una evaluación sistemática.

Las políticas públicas contra la violencia de género no se evalúan de forma efectiva y una de las razones es que la ley no es clara en cómo hacerlo. “La alerta de género siempre ha sido un mecanismo incómodo, con muchas resistencias en los gobiernos y en el mismo Congreso, porque es un mecanismo en el que se requiere evaluar resultados y es lo que no se ha hecho hasta ahora”, dice María de la Luz Estrada, del OCNF. 

El último seguimiento que se hizo en el Edomex ocurrió en 2018. Según el Reporte de Análisis de los Procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 22 entidades con declaratorias en el país, en solo 14 se han emitido dictámenes de evaluación.

En el caso del Edomex, a seis años y siete meses de la declaratoria por feminicidio, no se cuenta con un dictamen y actualmente un grupo interinstitucional trabaja en la construcción de indicadores para evaluar su cumplimiento. Respecto de la declaratoria en la entidad emitida en septiembre de 2019, por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, tampoco hay dictamen y solo se han realizado reuniones de trabajo con autoridades y organizaciones civiles.

De acuerdo con María de Luz Estrada, la alerta respondió a una realidad nacional: la ausencia casi generalizada de una agenda pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas. 

Ha ayudado a visibilizar el problema, a que las instituciones se reorganicen para plantear políticas públicas y a que se impulsen cambios legislativos. Sin embargo, su funcionamiento se ha visto limitado por falta de aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la parcialidad de la reglamentación y la insuficiencia de los recursos asignados a las instituciones.

En varios puntos se ha avanzado, destaca la coordinadora del OCNF, pero también hay varios pendientes. Por ejemplo, implementar un mecanismo ágil para otorgar órdenes de protección; integrar y actualizar adecuadamente el Banco de Datos del Estado de México sobre casos de violencia contra mujeres; tener unidades de género que de manera coordinada operen en todas las instituciones del gobierno estatal, y contar con un programa único de capacitación de funcionarios, sensibilización, formación y profesionalización en derechos humanos de las mujeres. 

Los “pulsos” de Jalisco

Para disminuir la violencia feminicida, los municipios de Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, tienen una política similar a la del Estado de México. Se trata del programa de “pulsos de vida”, que otorga dispositivos geolocalizadores a víctimas de violencia de género, con el fin de que puedan presionar un botón y hacer un llamado de auxilio a la policía municipal. 

Sin embargo, según testimonios recopilados por Animal Político, las autoridades insisten en que para acceder a ellos las víctimas tienen que realizar una denuncia formal y obtener una medida de protección, pese a que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que los ayuntamientos pueden otorgar esta u otras herramientas sin que haya denuncia de por medio.

Defensores de los derechos humanos señalan que esta traba viola los derechos de las mujeres y dificulta la prevención de feminicidios.

La ley, en su artículo 27, dice que las víctimas pueden acudir ante un juez municipal, el síndico del ayuntamiento o unidades administrativas —en este caso el Instituto de la Mujer— para solicitar ayuda, y las autoridades de oficio deben otorgar una orden de protección que puede abarcar diversos mecanismos. 

Por ejemplo, las víctimas pueden ser trasladadas a un alojamiento seguro junto con sus hijos; también se les puede dar custodia personal o domiciliaria, recursos económicos, atención médica o equipos electrónicos. Aquí entran los “pulsos de vida”.

Sandra Quiñones, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), señala que las autoridades son omisas en la difusión de los derechos de la mujer. Si hicieran su tarea, “no se darían abasto con las órdenes de protección y, con ello, la entrega de ‘pulsos de vida’”.

Actualmente, la Comisaría de Zapopan tiene 454 “pulsos” y la de Guadalajara 300. 

Este medio cuestionó a ambos municipios sobre la negativa a otorgar órdenes de protección a víctimas de violencia de género, pero las autoridades dijeron que solo cumplen con la legislación municipal. Al hacerlo, evidencian que hay falta de armonización entre la normatividad federal y la local, situación que afecta a las mujeres.

Desde octubre de 2021 —cuando comenzó la actual administración— hasta la fecha, los juzgados cívicos de Guadalajara solo han otorgado tres órdenes. 

“Nuestras órdenes de protección son de acompañamiento, máximo se pueden extender hasta 72 horas, estas deben de ser de acompañamiento al Centro de Justicia para la Mujer. Ya que si nos vamos a las facultades inherentes de cada autoridad, solo somos una autoridad administrativa”, dijo César Camacho Garibaldi, responsable de los juzgados cívicos de Guadalajara. 

“Estas órdenes que expedimos nos ayudan a la prohibición de que el agresor se acerque a la víctima, la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier cosa y la prohibición de intimidar o molestar a la misma víctima, estas órdenes de protección son de carácter emergente”.

El reglamento de justicia cívica en efecto señala lo expuesto por el funcionario, pero contraviene la ley general, que debe ser el parámetro e indica: “Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. Deberán expedirse de manera inmediata”. 

Carmen Prudencio González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, dijo que la dependencia no entrega órdenes de protección porque la ley municipal indica que solo los jueces municipales tienen tal obligación. Sin embargo, la ley general, en su artículo 27, dice que las órdenes “deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes”. 

Sandra Quiñones, de CLADEM, y Rodolfo Domínguez Márquez, coordinador de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, coinciden en que la ley general sí enmarca al instituto en esta responsabilidad. 

Mientras, el ayuntamiento de Zapopan respondió que fue hasta diciembre que los jueces municipales tuvieron la facultad de emitir órdenes de protección, pero previamente debe existir una denuncia en la fiscalía estatal, algo contrario a lo marcado en la ley general. Además, el municipio asegura que a la fecha nadie ha solicitado una orden.

Sin un mecanismo transparente

Otro problema está en que, independientemente de si las víctimas tienen una orden de protección otorgada por autoridades municipales o una medida de protección otorgada por el Centro de Justicia para las Mujeres, deben ir a la comisaría municipal y el área de atención a violencia de género evaluará si son acreedoras a un “pulso de vida” u otros mecanismos.  

Sandra Quiñones, de CLADEM, y Rosa María Gónzalez, de Parité, señalan que este mecanismo no es de conocimiento público. 

González considera que el “pulso de vida” es un avance, pues antes no había algo similar que permitiera un llamado de auxilio inmediato. No obstante, advierte que hay fallas, como que en ocasiones los dispositivos no enlazan la llamada de emergencia o envían una localización errónea.

Agrega que esto solo debe ser un primer paso y no la única herramienta de los municipios. “Debe existir un sistema integral para atender a las mujeres víctimas de violencia. Esto solo es una medida compensatoria, también debe de haber medidas preventivas para disminuir la violencia y para trabajar las violencias de los agresores”. 

Quiñones señala que las medidas deberían implicar la vigilancia del agresor. “Al final, el dispositivo pone la responsabilidad a las mujeres de que no mueran, ellas deben estar encerradas, ellas deben de estar alertas y el agresor en la calle, de nuevo ponen como responsable a la mujer si sufre una agresión”. 

Los “pulsos” también son entregados en otros 18 municipios del estado, como Tlaquepaque, Tlajomulco, Ocotlán, Puerto Vallarta y Tepatitlán. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), los dispositivos han sido comprados gracias a la bolsa estatal de la Estrategia Ale, que busca beneficiar a municipios para que fortalezcan sus unidades policiales que atienden a mujeres. 

Los “pulsos” son la herramienta estrella del gobierno contra la violencia de género, pero la coordinadora de CLADEM señala que un error de las autoridades es haberla promocionado mediáticamente. 

“Los ‘pulsos de vida’ fueron fotografiados, los municipios los mostraron, y si el agresor ve eso en una mujer, se lo va a quitar, obvio, sobre todo si viven violencia extrema. ¿Y por qué (las autoridades) lo anuncian? Porque es algo muy tangible y cubre las ausencias de otros mecanismos o la falla de mecanismos que existen pero no funcionan, porque para eso necesitas meterle mucho más dinero que lo que cuestan unos ‘pulsos de vida’ y voluntad política, que no tienen ni los municipios ni el estado”, dice Quiñones. 

En el marco del 8 de marzo, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien también fue alcalde de Zapopan, dijo que los municipios trabajan para coordinar el trabajo de los “pulsos”, que pone a disposición de otros ayuntamientos asesoría y capacitación, y que ya se piensa en poder implementar dispositivos para localizar a los agresores.