EU deporta a Rafael Olvera Amezcua, presunto defraudador de Ficrea, a México
Autoridades del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos deportaron a Rafael Olvera Amezcua, presunto defraudador del caso Ficrea, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Señaló que, a su arribo a México, le fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión por la probable comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
En las próximas horas, será trasladado, vía aérea, a la Ciudad de México para ponerlo a disposición del Juez Federal que lo requiere.
En un comunicado, la fiscalía indicó que Olvera Amezcua fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
https://twitter.com/FGRMexico/status/1499059272625401861?s=20&t=_MmyntvUTZgcJf1tDnVZ4g
La fiscalía detalló que Rafael Olvera Amezcua es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores mediante una financiera (caso FICREA).
Recordó que los afectados, por años, han solicitado a las autoridades mexicanas la puesta a disposición del quien fuera el principal accionista de Ficrea.
El 5 de octubre de 2015, un juez declaró en estado de quiebra a la Sociedad Financiera Popular Ficrea, la cual fue intervenida por el gobierno, tras haber realizado operaciones fraudulentas por cerca de dos mil 700 millones de pesos, afectando a más de seis mil 800 ahorradores.
Al considerar que no está fundamentada, un juez federal instruyó, el 19 de diciembre de 2015, cancelar la orden de aprehensión girada contra el empresario Rafael Olvera Amezcua, ex dueño de Ficrea, bajo la acusación de lavado de dinero.
La acusación señala que Olvera habría lavado 90 millones de pesos en la compra de 11 inmuebles, sin embargo, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal del DF, Alberto Díaz Díaz, indicó que el mandato de captura por el que el empresario se encuentra prófugo desde el 25 de diciembre de 2014 no tiene las motivaciones legales suficientes, lo que implica que tendrá que reponerse el procedimiento.
