Diputados aprueban Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; fue devuelta al Senado con reservas
Con 347 votos a favor, 26 en contra y 106 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en el pleno del Senado en diciembre de 2021, incluye un nuevo marco normativo y requisitos para reducir las muertes viales, de las que se registran una cifra récord de al menos 40 diarias en México, un incremento de más del 30% en siete años.
#ÚltimaHora 347 votos a favor, 26 en contra y 106 abstenciones. Aprueba el Pleno, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Se devuelve al @senadomexicano https://t.co/CZZarPrVRt
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 29, 2022
El dictamen a la minuta refiere que la ley tendrá por objeto sentar las bases de la política de movilidad y seguridad vial, a través del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano, a fin de priorizar el desplazamiento de personas, particularmente grupos en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados, el proyecto aprobado destaca que la movilidad es el derecho de toda forma a trasladarse y disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, por lo que las personas serán el centro del diseño de los programas y planes.
También señala que las autoridades competentes deberán garantizar que la movilidad esté al alcance de todas las personas, en igualdad de condiciones, sin discriminación, a costos accesibles e información clara y oportuna.
La ley, integrada por 82 artículos, señala que los principios de movilidad y seguridad vial, jerarquía de movilidad, derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, distribución de competencias, y seguridad vial para infraestructura.
Colectivos acusan que Morena buscó beneficio para industria automotriz
Colectivos y legisladores a favor de la nueva ley acusaron que el gobierno e integrantes de la bancada de Morena buscaron modificar el artículo 54, a beneficio de la industria automotriz, reduciendo las obligaciones en materia de seguridad que deban tener los vehículos que vendan en el futuro.
A decir de Miguel Ángel Toscano, director de Refleacciona, una de las organizaciones promotoras de la ley, fue la Secretaría de Economía la que dio la instrucción de frenar la ley, luego de que la industria automotriz reclamara que con ella se podría crear una “barrera técnica” al comercio, al establecer que cualquier auto que se venda cumpla con estándares de seguridad internacionales obligatoriamente.
Durante su participación en la discusión del proyecto, el diputado Javier Borrego Adame, de Morena, afirmó que el sector transportista no está en contra de que se expida el marco legal, pero “debe integrar sus propuestas, visiones y necesidades”, motivo por el cual presentó reservas al dictamen, mismas que fueron aprobadas por la asamblea.
El legislador apuntó que sus reservas tienen el propósito de mejorar y fortalecer la ley para “garantizar el derecho a la movilidad, así como para impulsar la competitiviadad nacional”, por ello, dijo que “es necesario establecer normas y procesos que eviten acciones discrecionales, regulaciones y cobros excesivos o adicionales que afecten a la economía de las personas”-
Borrego Adame comentó que es necesario, a través de la labor legislativa, garantizar los legítimos intereses de los sectores sociales y productivos del país apunten a la salvaguarda de todos los derechos y de todas las personas.
También se aceptaron reservas presentadas por el diputado morenista Pablo Amílcar Sandoval.
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas a la asamblea, por lo que se devolvió al Senado para los efectos constitucionales.
