Desplazados de Aguililla regresan a sus casas mientras Michoacán sigue golpeado por la violencia 

El hombre abre la puerta de su casa con sigilo. Antes de entrar, mete la cabeza y mira a izquierda y derecha. Se asegura de que está vacía. En la ventana, un disparo atravesó el cristal y se incrustó en la pared de la cocina, justo al lado del horno. Al interior, una casita humilde de concreto y lámina en el techo; todo está cubierto por el polvo. Las telas de araña colonizan buena parte de las superficies y aparecen botas que nadie de la familia reconoce. “Hubo gente rara aquí”, dice la mujer, que llega a inspeccionar después de su marido. Ha pasado más de un año desde la última vez que el matrimonio estuvo aquí. En realidad, ambos abandonaron el domicilio antes, hace más de año y medio: en junio de 2020. Ella lo recuerda porque fue días antes de que su esposo cumpliese 54 años. Aquel año no hubo celebración: se habían convertido en desplazados internos. 

“Estábamos aquí cuando tronaban las balas en la pared. Vino mi esposo un día, quemaron un carro ahí y no se podía estar. Así que agarramos cinco cambios de ropa y nos marchamos. Luego regresamos por más ropa”, dice la mujer. Solo hay una condición para acompañar a la familia en su regreso a casa: nada de nombres ni de imágenes del rostro ni nada que pueda identificarles. Esto se repite con la mayoría de personas entrevistadas. Parece que la zona está en calma pero nunca se sabe cuánto tiempo durará la tranquilidad. Tampoco, quién será el próximo grupo que controle el territorio. Y nadie quiere ser señalado por algún vecino como un colaborador de los contrarios. “Por todo le pueden echar tierra encima a uno”, dice ella. 

“Lo que se está haciendo en estos casos es buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos; eso es lo básico, como sucedió hace relativamente poco en Aguililla y en toda esa región, y lo vamos a seguir haciendo”, dijo el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quiso minimizar el problema argumentando que “son pocas las regiones en las que hay desplazados”. Estas afirmaciones contrastan con las cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que en su último boletín advirtió un incremento del 360% en el número de personas que abandonan su casa por la violencia. 

Sobre el terreno, la realidad es otra. En Aguililla, es cierto que la llegada del Ejército a principios de febrero permitió al gobierno federal anunciar que había recuperado el territorio, controlado desde hace meses por el crimen organizado. Sin embargo, esto no ha resuelto el problema. Muchos de los desplazados no regresarán nunca. Cientos están ya en Tijuana, Baja California, o en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de pedir asilo en EU, o ya cruzaron al norte. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo en diciembre que al menos 3 mil michoacanos se encontraban en Tijuana esperando cruzar la frontera. 

Uno de cada 10 asesinatos 

Michoacán sigue siendo golpeado por la violencia. Menos de un mes después de que el Ejército anunciase la toma de Aguililla, al menos 10 personas fueron asesinadas en un velorio en San José de Gracia, en el límite con Jalisco. En el primer mes del año, en Michoacán se registraron 234 homicidios dolosos, el segundo estado con más crímenes de este tipo (solo Guanajuato tuvo más: 246). Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se cometieron 2 mil 427 homicidios dolosos, por lo que Michoacán concentra el 10% de los asesinatos del país. 

Para la mujer que regresa a su domicilio tras un año desplazada, el punto de quiebre se ubica hace dos años, cuando estalló la guerra. En ese momento, la carretera que atraviesa El Aguaje se convirtió en un campo de batalla. Ella y su esposo ya no estaban a salvo ni en su casa. Los primeros combates les obligaron a convertir su vivienda en un búnker. 

“Nos metimos al baño porque es el único que tiene luz. Nos metimos y aquí nos hicimos bolita”, dice la mujer. Asegura que no quiere regresar, que tiene miedo y que hará lo posible para convencer a su esposo de que Lázaro Cárdenas es buen lugar para quedarse a vivir. Él, por el contrario, cree que ya ha llegado el momento de volver a casa.  

En los alrededores, hay cientos de hectáreas que llevan sin ser trabajadas por lo menos dos años. Las hierbas se han comido los árboles limoneros y los cubren por completo. Animal Político visitó una de estas plantaciones que fue utilizada como base por el CJNG. Los sicarios construyeron varias trincheras, dejaron su sello en diferentes muros y abandonaron un ataúd en una de las dependencias. Las paredes están agujereadas con balas de diverso calibre, lo que muestra que aquí hubo un enfrentamiento. 

El dueño de la finca es un hombre que abandonó El Aguaje hace año y medio y que actualmente se encuentra en EU, donde pidió asilo. Cuenta su tío, que no quiere ser identificado, que se marchó ante las presiones del CJNG. Ahora que la zona está nuevamente bajo control del Estado, tiene miedo de que haya minas enterradas. Así que el terreno seguirá sin producir. Desde enero, los precios del limón se dispararon. Pero esto no solo se produce por un descenso en las hectáreas cultivadas. Un productor de Apatzingán, que pidió anonimato, aseguró que Cárteles Unidos intimidaba a las empacadoras estableciendo los días en los que podían recoger la fruta. La disminución del producto en el mercado también genera un alza de los precios. 

Gateando para escapar de las balas

Muy cerca del lugar, María, de 88 años, cuenta cómo sobrevivió a los combates cuando llegaron a la puerta de su casa. “Cuando oía las balaceras me escondía”, explica. “Un día estaba echando maíz a las gallinas y me subí gateando porque no me podía parar. Me senté, y ahí duré como dos o tres horas porque nada más se oía zum y zum”, dice. La pared de su vivienda también tiene las marcas de los balazos. 

“Ahí estaba la rinconada de malvados”, dice la mujer, señalando al exterior. Cuenta que aguantó en su casa hasta que no pudo más. Hasta tuvo que llegar el sacerdote del pueblo para poder evacuarla. “Ahí andé como saltalachina, dando la lata a la gente”, explica. Primero en casa de una amiga, muy cerca del lugar. Luego, en Uruapan, en casa de una hija. Apenas aguantó tres meses fuera de su territorio. Escuchó que una vecina le había metido los cerdos en su casa para que no se escaparan, así que regresó. “Ni una gallina encontré”, se queja. 

Para María, la violencia no es algo ajeno. Cuenta que dos hijos fueron asesinados hace más de dos décadas, sin entrar en más detalles. Aunque para ella “la revoltura” empezó hace “uno o dos años”. 

En realidad, el crimen organizado es una constante en la historia de Aguililla. Cambian los nombres, los actores, las autoridades. Pero hay dinámicas que se asemejan: sobre todo, la falta de un control por parte del Estado. 

“Ha sido un problemón de 15 años aquí. Primero empezaron los mentados grupos de Los Templarios, que según eran Matazetas. Luego sacan a Los Templarios y quedan los autodefensas, pero resulta que eran Jalisco. Se organizan de vuelta y tenemos el problema. Estamos como unos cinco años que ha sido una carnicería”, dice otro residente en El Aguaje que regresó a su casa la semana pasada.

Cuenta que cuando estaba en su tienda fue abordado por tres camionetas con hombres armados que le dieron un ultimátum: o se marchaba o era hombre muerto. Le acusaban de informar a las autoridades sobre los movimientos del CJNG. Huyeron todos con lo puesto y algunos no han regresado. Uno de sus hijos se estableció cerca de Los Ángeles, donde sirve tacos a domicilio.

“Llegaron muy mansitos, que venían a liberar, como creyéndose Simón Bolívar, pero no es verdad. Son el grupo más sanguinario de México”, dice el hombre, en referencia al CJNG. Según explica, la promesa de un reparto agrario entre sus seguidores hizo que una parte del municipio apoyase al grupo liderado por el “Mencho”. Otros, quienes no hicieron las maletas, terminaron siendo obligados a formar parte de esta base social, afirma el hombre. 

Estos elementos muestran lo complejo de la situación en Aguililla. No se explica únicamente como grupo-criminal-que-toma-el-territorio. En los últimos años, aquí operaron al menos dos estructuras delictivas, cada una con su propio modus operandi. Lo explica un policía michoacano que participó en los últimos operativos. Dice que “los locales”, que es como denomina a la amalgama entre Los Viagras, autodefensas y otros grupos más pequeños, cobraban cuota a todos los negocios. Por el contrario, según este agente, el CJNG no extorsiona en los territorios que controla. “Pero si tu rancho está en su camino, es mejor que te apartes”, dice. 

“Permaneceremos indefinidamente”

“Las tropas van a permanecer en toda el área y se van a seguir llevando a cabo las operaciones que sean necesarias para mantener el Estado de derecho y la legalidad que se ha implementado en todo el área. Permaneceremos en el área indefinidamente”. Con estas palabras, el comandante de la 43 Zona Militar, Enrique Covarrubias López, comprometió la presencia del Ejército en la zona en un acto celebrado el jueves en la plaza de Aguililla. El acto fue una especie de balance del operativo y, sobre todo, de promesas de recuperación del estado. Representantes de diversas dependencias prometieron retomar el control de las carreteras e inversiones para promover el crecimiento social. 

Este es un reto tanto para López Obrador como para el gobernador Ramírez Bedolla: que la autoridad tenga el control efectivo. La llegada de los militares no recibió un aplauso unánime. En comunidades como Naranjo de Chila, donde se dice que nació el “Mencho”, hay más sensación de ocupación militar que de liberación. Aunque poca gente quiere hablar, los que se dirigen a los periodistas (siempre a condición de anonimato) es para denunciar que los uniformados robaron en algunos domicilios.

Como un hombre que asegura que los uniformados se llevaron el material de un soldador que trabaja en el pueblo. “Le acusaron de trabajar para ellos. Bueno, él hace su trabajo”, afirma. 

Durante el avance del Ejército, también se registraron denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. El padre José Luis Segura realizó diversos videos en los que asegura que el Ejército disparó contra civiles desarmados y que hay varias personas desaparecidas. Otro sacerdote, Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, ha cuestionado que tras el avance de los militares llegaban Los Viagras para ocupar el espacio abandonado por el CJNG. 

Es posible que en las próximas semanas retornen más desplazados a sus domicilios. Pero las heridas de la guerra no se resuelven limpiando las fachadas. Existe una profunda desconfianza y dinámicas de convivencia con grupos irregulares que van más allá del último conflicto. Hay relaciones económicas, lazos familiares, favores políticos, historias compartidas. En estas tierras, hay mucho sufrimiento que está todavía por ser destapado.