Golpes, insultos y un encarcelado: así fue un operativo de la FGE denunciado por buscadoras de Guanajuato
Jhonatan Sandoval Juárez, de 22 años, lleva casi un mes en el penal de Ocampo, Guanajuato. Está acusado de tenencia de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas. Su detención tuvo lugar el 31 de enero en Pénjamo, durante un operativo en el que también fue arrestada su pareja, Alma Villalobos, integrante del colectivo de búsqueda Una promesa por cumplir.
Colectivos de buscadoras denuncian que se trató de una acción de la Fiscalía General del Estado (FGE) dirigida a intimidarlos y que los agentes torturaron y amenazaron tanto a Sandoval como a Villalobos, a quien le incautaron material que se emplea para el rastreo de fosas clandestinas. La denuncia es corroborada por los exámenes médicos adjuntos a la carpeta de investigación, que certifican las lesiones del hombre provocadas por los golpes. Las autoridades, por su parte, apenas han informado, pero fuentes cercanas a la investigación defienden que la detención se produjo por las sospechas contra el joven.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los hechos, que fueron notificados al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU.
Los colectivos de búsqueda han sido continuamente hostigados en Guanajuato, tanto por parte del gobierno estatal como del crimen organizado. En 2020, varias personas fueron golpeadas por policías cuando desarrollaban un plantón en la capital del estado, mientras que en julio de 2021 hombres armados persiguieron a dos activistas cuando rastreaban un predio en Salvatierra. Durante el actual sexenio, dos integrantes de colectivos fueron asesinados: Javier Barajas Piña, en Salvatierra, y Rosario Zavala Aguilar, en León.
Los hechos más recientes tuvieron lugar el pasado 31 de enero, cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGE de Guanajuato irrumpieron en un domicilio en Pénjamo en el que se encontraban Alma Villalobos y algunos familiares. La mujer es hermana de Piedad Estefanía, desaparecida el 12 de septiembre de 2020 en Pénjamo, cuando hombres armados irrumpieron en un balneario, asesinaron a dos personas y secuestraron al resto. Desde entonces, la mujer es muy activa en colectivos de búsqueda y forma parte de Una promesa por cumplir.
“Nos tumbaron la puerta. Estábamos mi mamá, dos hijas y mi pareja. Entraron preguntando dónde estaban las personas del colectivo. Y decían que la camioneta negra que teníamos ahí era robada. Pero no es cierto, tenemos la documentación y es la que utilizamos para las búsquedas”, explica Villalobos, en conversación telefónica. Ya en ese primer momento, la activista denuncia que fueron golpeadas por los agentes. A partir de entonces, se amplió el operativo, que terminó con cuatro domicilios cateados: dos en Pénjamo y otros dos en Celaya. Todos pertenecen a la familia y al menos dos son utilizados por el colectivo para su labor de búsqueda. “Se llevaron varios carros, ya que yo trabajo en la compraventa de vehículos. También las radios, guantes, camisas con el logotipo del colectivo, botas y documentos”, denuncia. También asegura que le fueron sustraídos 100 mil pesos de una venta y otros 10 mil pertenecientes al colectivo.
Durante todo el tiempo en el que estuvieron en manos de los agentes, Villalobos afirma haber sido hostigada por su labor como activista. Se da la circunstancia de que su colectivo es uno de los que desarrollan búsquedas independientes, al margen de las instituciones. Cansadas ante la falta de respuesta de las autoridades, las mujeres decidieron realizar sus propias investigaciones. De hecho, Sandoval era en muchas ocasiones el encargado de trasladarlas durante sus pesquisas.
Guanajuato tiene un contexto difícil para la búsqueda de personas. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, negó la existencia de fosas clandestinas hasta 2020. Además, es el estado con mayor número de homicidios de la República, con 3 mil 516 asesintos durante el pasado año. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene un registro de 2 mil 651 desaparecidos. El estado es, a su vez, uno de los territorios con mayor número de fosas clandestinas descubiertas, con hallazgos como el de diciembre de 2020 en Acámbaro, donde se encontraron restos de al menos 50 personas en una casa.
“Tu hermana ya está muerta”
La versión de las autoridades es que se produjo una persecución y que Jhonatan Sanvodal fue capturado en flagrancia. Sin embargo, sus familiares lo niegan y aseguran que los agentes irrumpieron en la vivienda sin orden de cateo ni previo aviso. Denuncian, además, que se llevaron los videos de las cámaras cercanas para no dejar rastro. Tras el arresto, todos fueron conducidos a las oficinas de la AIC en Guanajuato. Allí, según denunció Villalobos, fueron golpeados y hostigados por su labor como buscadores.
“Los agentes nos decían que no busquemos, que mi hermana ya está muerta, que por allá ha de estar enterrada o la deshicieron en un barril de ácido. No son tanto los golpes, sino el daño psicológico”, dice la mujer.
Animal Político tuvo acceso a parte de la carpeta de investigación en la que se certifican los golpes denunciados por Sandoval. El parte médico señala que las lesiones se produjeron por el impacto de un objeto contundente, aunque luego matiza que las erosiones se pudieron dar en el contexto de un forcejeo.
Esa misma madrugada fue puesta en libertad Villalobos junto al resto de familiares. Sandoval fue el único que permaneció bajo arresto, aunque con una acusación diferente. El señalamiento pasó de tener un vehículo robado a la posesión de armas y drogas. Se trata de un delito federal, así que la FGE se inhibió en favor de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo envió a prisión por la posesión de un rifle con mira telescópica y de cierta cantidad de metanfetamina. Animal Político consultó con ambas instituciones investigadoras, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“Estamos molestas por este tema de atacar e intimidar a los colectivos de búsqueda”, denuncia Nailea Carreño, representante del colectivo Una promesa por cumplir. “No llegaron preguntando por nadie, más que por las buscadoras. Era por mí o por mi mamá. ¿Por qué lo dejan detenido cuando no había hecho nada?”, dice Villalobos, quien asegura que el arma y la droga fueron sembrados a su pareja.
“Esto es muy común. El estilo es habitual, le agarran a alguien y le siembran cosas”, añade Guadalupe Soria, abogado de Sandoval. Denuncia el proceso por el cual fue arrestado en Pénjamo sin orden de aprehensión y trasladado sin garantías a Guanajuato. “A la señora y a los niños los soltaron porque sabían que era una detención ilícita”, afirma.
Por el momento, Sandoval sigue en prisión. Fuentes cercanas a la investigación, que hablaron a condición de anonimato, defendieron la legalidad del proceso y aseguraron que el caso ya ha pasado por dos jueces. El joven podría enfrentar una pena de entre cuatro y 15 años de prisión. Las integrantes del colectivo, sin embargo, vinculan el operativo a su labor de búsqueda. Y denuncian el hostigamiento al que han sido sometidas, especialmente por sus búsquedas independientes.
“Es muy grave. Tiene que ver con detención arbitraria, tortura, estigmatización y criminalización de la búsqueda independiente”, denuncia Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz en Guanajuato, quien consideró que este es un operativo de castigo contra los colectivos Una promesa por cumplir y Hasta encontrarte, que solo el pasado año realizaron más de 25 búsquedas independientes.
“Nos preocupa que hayan inculpado a una familia, golpeado por separado y sometido a malos tratos a cuatro integrantes de una familia, que hayan detenido a dos menores de edad”, añade.
Ahora el caso está en manos de dos organismos internacionales: la Organización Mundial contra la Tortura y el Grupo de Trabajo de la ONU contra la Desaparición Forzada. El gobernador Rodríguez Vallejo dijo la semana pasada estar de acuerdo con que organismos internacionales verifiquen el caso, aunque alegó que “los delitos son muy graves”. Raymundo Sandoval, por su parte, recordó que “la tortura está prohibida en México” y que cualquier indicio obtenido a través del maltrato debería ser anulado.
