Función Pública confirmaría acoso sexual de investigador del CINVESTAV; a 8 meses no hay sanciones
Desde mayo de 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró pruebas suficientes que confirmarían el acoso sexual cometido por Jean-Philippe Vielle Calzada, investigador del CINVESTAV, en contra de al menos dos investigadoras. Sin embargo, después de ocho meses no ha interpuesto sanciones, ni ninguna medida para proteger a las víctimas.
En el área de “Responsabilidades” –encargada de establecer las sanciones– están las investigaciones que incluye pruebas como correos electrónicos con insinuaciones amorosas y sexuales, la invitación a un viaje a solas; la dedicatoria romántica en un libro y un poema erótico. Todo enviados por Vielle Calzada sin que hubiera una relación más allá de lo profesional con las denunciantes. También las narraciones de las víctimas sobre los acosos verbales ejercidos por él, utilizando su situación de poder.
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El Órgano Interno de Control (OIC) del CINVESTAV recibió la primera denuncia en marzo de 2020 y otras tres en los meses siguientes. En todas, abrió expedientes y el área de Quejas comenzó las investigaciones. Pero en todo este tiempo no ha llamado a cuentas al presunto agresor y, según él, no ha tenido ninguna notificación respecto de las investigaciones.
De acuerdo al procedimiento que el OIC sigue en estos casos, después de realizar las investigaciones puede cerrar el expediente en caso de no encontrar pruebas de las violaciones a reglamentos. En caso contrario, los expedientes son enviados al área de Responsabilidad para determinar las sanciones correspondientes.
En este caso, en dos de las denuncias no se sabe su estatus. Mientras que en otras dos, el Órgano Interno de Control, dependiente de la Función Pública, informó a las denunciantes que encontró pruebas que confirmarían el acoso sexual desde mayo de 2021.
“La autoridad investigadora emitió el oficio dirigido al titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del CINVESTAV, mediante el cual le fue remitido el Informe de presunta responsabilidad administrativa, a efecto de que, de considerarlo procedente inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa respecto al servidor público relacionado con su denuncia”, explicó el OIC.
Pero a casi dos años de la denuncia, la dependencia dirigida por Roberto Saucedo, no ha resuelto qué sanciones impondrá, ni ha emitido medidas de protección para las víctimas y Vielle Calzada continúa a cargo del grupo de Desarrollo reproductivo y apomixis del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del CINVESTAV, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.
Aún con la existencia de cuatro denuncias con víctimas de diferente edad, situación laboral y que acusan el abuso en diferentes periodos de tiempo, Vielle Calzada asegura que el caso se trata de “un grupo organizado de personas que, desde dentro y fuera de la institución, aprovecha la sensible coyuntura del tema de género para orquestar una campaña de difamación que busca desprestigiarme en favor de sus intereses científicos y académicos personales y de grupo”.
Son “denuncias excesivas, falsas, y en algunos casos fabricadas por los propios estudiantes de quienes se organizan”, según respondió a un cuestionario por escrito a este medio, debido a que declinó conceder una entrevista telefónica.
El 3 de enero de 2020, la Secretaría de la Función Pública emitió un Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, pero no lo ha aplicado en este caso.
Entre las medidas de protección que incluye, están por ejemplo: “la reubicación física, cambio de unidad administrativa, o de horario de labores ya sea de la presunta víctima o de la persona presuntamente responsable; la restricción a la persona presuntamente responsable para tener contacto o comunicación con la presunta víctima”.
Las denuncias y la lenta investigación
Animal Político preguntó a la Función Pública la razón de la demora en la investigación de las denuncias y de las sanciones que debía determinar el área de Responsabilidades. Solo respondió que puesto que aún se encuentra en “proceso de investigación”, no podía ni siquiera informar cuál es la razón de la demora de un año y 10 meses en este caso.
La doctora Angélica Cibrián, líder del laboratorio de Genómica Ecológica y Evolutiva del Langebio, fue entre las primeras en denunciar el acoso y abuso de poder que padeció entre 2012 y 2016 por parte de Vielle Calzada y que resume así: “hubo manipulación y abuso sistemático por varios años, abuso de poder y acoso sexual vía un intento de besarme, obligarme a tocar su pene, varias invitaciones a hoteles y comentarios lascivos”.
Aún cuando ella también tiene un cargo de investigadora, su posición con respecto a él era de menor influencia cuando ocurrieron los hechos. “En realidad, la jerarquía interna de poder”, dice. Esto porque él tenía una posición de mayor influencia al ser un investigador senior, mientras ella y otra de las denunciantes eran junior. Además otras dos víctimas ni siquiera tenían cargo como investigadoras.
Tras la denuncia, Cibrián tuvo que adelantar un periodo sabático en el extranjero, en plena pandemia, ante el desgaste de la situación, pero por su cargo, debe participar en las reuniones mensuales entre los profesores llamadas “Juntas de Colegios”. “Él siempre está ahí, y en general, debo tolerar agresiones relacionadas al tema de la denuncia, en parte por la falta de medidas cautelares, que además son parte de mis derechos humanos y están requeridas por los lineamientos federales en temas de género cuando hay una denuncia”.
Además, “en una de las juntas, profirió amenazas contra mi y mi esposo, y dejó entrever que cualquiera que se atreviera a meterse en el caso, podría verse involucrado en una denuncia”, explica Cibrián.
Aunque la Función Pública aseguró que el OIC mantiene comunicación permanente con las víctimas, en realidad no es así. Angélica Cibrián asegura que si bien en el área de Quejas efectivamente tuvo información constante sobre su caso, a partir de que a finales de 2021 su expediente fue turnado al área de Responsabilidades, no respondieron a sus correos electrónicos en las semanas siguientes. Apenas en enero de éste año recibió una “respuesta” para decirle que le informarían después sobre los avances de su caso.
“Por esa razón no fuimos al sistema penal en un inicio, porque no queríamos meternos en un hoyo negro. Se trataba de hacer lo correcto dentro de nuestro marco institucional que en teoría te protege y, conforme a la legislación federal, hay lineamientos que te deben proteger, pero me siento sumamente decepcionada de no vivirlos a la fecha”, explica Angélica Cibrián.
“Denunciar viene con un costo muy alto si las instituciones federales no siguen los lineamientos que les corresponden. Tan alto que de no haber un cambio significativo y digno para mi y las otras mujeres en éste caso, no quiero regresar a Langebio y quizá, tampoco regrese a México en un buen tiempo”.
Cibrián decidió denunciar luego que María Ávila, investigadora en genética de poblaciones humanas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó en un hilo en twitter el acoso que sufrió por parte de Vielle Calzada, aunque solo utilizó sus iniciales, y no su nombre completo.
“En la clausura de un congreso en 2016, un investigador (que llamaremos JP) me dijo que quería comentarme (dijo él) algo ‘profesional’ y algo ‘personal’. Antes del congreso no recuerdo haber sostenido una sola conversación con él. Lo ‘profesional’: él tenía contactos a niveles altos en la UNAM y que podía ayudar en cualquier cosa q necesitáramos. Mis colegas y yo que apenas empezábamos en el (Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM). Lo personal: estaba ‘enamorado’ de mí (tras 3 días de congreso, ajá). Respondí que no había interés de mi parte pero q muchas gracias”, publicó Ávila el 8 de marzo de 2020 en su cuenta de twitter.
La narración continuaba explicando que en los siguientes meses recibió correos electrónicos “fuera de lugar”, aunque ella trató de evadirlo “quedando bien”. Tres años después, cuando Ávila Arcos solicitó una beca de investigación sobre paleogenómica en México, que incluía el genoma del maíz, especialización de Vielle Calzada, uno de sus colegas decidió invitarlo.
En ese periodo ella se enteró que su caso no era aislado, que había más mujeres acosadas, y que otros colegas también lo sabían pero decían “que era así”. Decidió entonces pedirle que no participara en el grupo de investigación, lo cual lo enfureció y a partir de entonces se dedicó a hablar mal de ella entre el gremio, acusándola de manipuladora y de que la víctima del acoso era él.
María Ávila recibió mensajes en twitter de otras mujeres que reconocieron el mismo patrón, incluso aunque no hubiera publicado el nombre de su agresor. Una de ellas fue Angélica Cibrián, quien confirmó que el acoso que sufrió durante años no había sido una excepción, por ello es que decidió denunciarlo en el mismo Cinvestav, la institución a la que Viella Calzada pertenece.
Sin embargo, a casi dos años de eso y el desgaste que ha significado, ellas y el resto de víctimas están cansadas, aseguran. Acudieron a la instancia correspondiente, denunciaron, han dado la cara frente a medios de comunicación y la justicia no llega. El presunto agresor sigue como al frente de uno de los laboratorios más importantes del país en materia de agrobiotecnología y con 17 personas a su cargo.
El director del CINVESTAV, José Mustre de León, asegura que la institución tampoco puede aplicar medidas cautelares como separación temporal del cargo, porque carece de las facultades legales, al ser un organismo público descentralizado a diferencia de otras instituciones educativas con autonomía.
El Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública no le informa sobre las denuncias, el avance ni el estatus de los casos. Por lo tanto, es la única instancia que puede determinar acciones, afirma en entrevista con Animal Político.
Sin el marco legal, dice, de decidir alguna medida como separación temporal, incurriría en una falta administrativa y podrían exponerse incluso a una demanda por abuso de autoridad, porque quien tiene la facultad es el OIC, y “por ahora no tenemos una resolución de responsabilidad del funcionario con las medidas que debamos de tomar”, explica.
Viella Calzada se dice víctima de “persecución” por dichas denuncias que le han provocado “daño” personal, familiar y profesional. “Todo este daño se ha llevado a cabo sin siquiera que las autoridades administrativas responsables hayan legitimado cualquier presunta falta administrativa de mi parte. Nadie en nuestro país puede considerarse culpable de una responsabilidad imputada hasta que no se dicte resolución que quede finalmente firme e inatacada”, dijo en su respuesta por escrito.
