La Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató para las obras de rescate de los restos de 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos, Coahuila, a una de las empresas encargadas de supervisar el tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que colapsó dejando más de 100 heridos y 27 muertos.
Se trata de Ingeniería, Asesoría y Consultoría SA de CV (IACSA), compañía que ganó un contrato de CFE por 6 millones 720 mil pesos para realizar “ingeniería de las obras de excavación que serán necesarias para el rescate de los cuerpos de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila”.
El fallo del contrato se produjo el 10 de junio del año pasado, tan solo un mes después del colapso el 3 de mayo del tramo elevado de la Línea 12, en el que IACSA fue señalada de haber cometido irregularidades, junto a otras compañías constructoras.
De acuerdo con un dictamen que elaboró la Fiscalía de la Ciudad de México, en el tramo Olivos-Tezonco hubo fallas tanto en la construcción y colocación de las trabes, como también en la supervisión a cargo de IACSA. Por ello, en octubre de 2021, la Fiscalía presentó cargos en contra de 10 personas, entre estas, el director general de supervisión y representante del consorcio del que IACSA forma parte.
Además, en 2015, luego de que buena parte de la ‘Línea dorada’ tuviera que cerrarse poco después de inaugurarse debido a fallas en la construcción, IACASA fue sancionada e inhabilitada por dos años para firmar contratos con el gobierno de la ciudad, aunque en julio de 2016 logró tras una batalla legal que un tribunal administrativo le levantara esa sanción.
A pesar de estos antecedentes, la CFE contrató a IACSA para realizar una de las varias obras previstas para el rescate de los restos de los mineros atrapados desde 2006 en la mina Pasta de Conchos, un proyecto que expertos en ingeniería nacionales e internacionales consideran de muy alto riesgo por su complejidad.
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De acuerdo con la información oficial disponible en el portal de la CFE, IACSA fue contratada para realizar obras de excavación en la zona siniestrada. Animal Político preguntó a la empresa eléctrica por más detalle de las labores de esta empresa en las obras de rescate, pero no obtuvo respuesta. También buscó por vía telefónica y correo electrónico a IACSA, a la que se le solicitó una entrevista sin que tampoco hubiera respuesta.
El proceso de contratación de IACSA se dio por concurso abierto en el que otras dos compañías compitieron por el contrato. Sin embargo, éstas quedaron eliminadas por no haber presentado documentación como el currículum de sus profesionales técnicos, o el organigrama de su personal para la realización de las obras, tal y como consta en el documento ‘Resultado de la evaluación económica’, que es de acceso público. Así que IACSA, en consorcio con Dominus Soluciones Sustentables, se quedó con el contrato.
El rescate de los restos de los 63 mineros que murieron atrapados en febrero de 2006 en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, fue una promesa que el presidente López Obrador hizo públicamente a las familias de los trabajadores el 1 de mayo de 2019.
Posterior a la promesa, el 28 de octubre de 2019, la Secretaría del Trabajo federal firmó un convenio con el Servicio Geológico Mexicano para que éste realizara un análisis sobre la viabilidad del rescate. A partir de este convenio, se integró un comité de expertos, tanto nacionales, como de Alemania, Australia, China y Estados Unidos, los cuales concluyeron que debido a la alta peligrosidad y al costo que supondrá intentar recuperar los restos, aunado a la alta probabilidad de que no se encuentre nada por los años que ya transcurrieron del suceso, el rescate era altamente desaconsejable.
No obstante, también concluyeron que, técnicamente, era viable, y propusieron como única alternativa posible la construcción de una rampa de acceso que llegue directo a la zona del hundimiento, en unas obras que pueden demorarse entre 4 y 8 años.
Una vez obtenido el visto bueno de los expertos, en septiembre de 2020 el Gobierno Federal le encargó a la CFE el proyecto de las obras, a la que le pidió que completara el rescate en cuatro años, es decir, antes de que termine este sexenio.
En octubre de 2020, durante la presentación oficial del proyecto, la CFE hizo público un cronograma en el que, paso a paso, expuso cuáles son los tiempos que deben cumplirse en cada etapa de la obra para que esté lista en 2024, como pidió el presidente.
En ese documento, también de acceso público, la CFE estableció, por ejemplo, que a este mes de febrero de 2022 ya deberían estar completadas las fases de la licitación de todo el proyecto y también la construcción de la rampa y de los túneles de acceso. Incluso, en este mes de febrero, ya debería haber dado inicio la búsqueda y el rescate del primer grupo de mineros.
Sin embargo, esa fase de rescate aún parece lejana, ya que, tal y como consta en el portal público de contrataciones de la propia CFE, apenas el pasado 8 de este febrero la Comisión adjudicó un contrato por 308 millones de pesos para “la construcción de lumbreras”, es decir de túneles, a la constructora Desarrollo de Terracerías/Proacon, del empresario Olegario Vázquez Raña.
Esta adjudicación también se produjo con polémica, pues Vázquez Raña, integrante del consejo asesor empresarial del presidente, es uno de los empresarios más cercanos a López Obrador.
Además, la adjudicación del contrato tuvo lugar después de que la licitación original, que era un concurso internacional abierto, permaneció desierta durante meses, luego de que esta misma empresa fuera descalificada por no cumplir con todos los requisitos.
Según consta en el documento público ‘Decisión de Adjudicación’, la CFE explicó que tras haber quedado desierto el concurso abierto, invitó directamente a la compañía de Vázquez Raña a que presentara una nueva oferta técnico-económica, misma que ahora sí aceptó por 308 millones de pesos.
Por el momento, la licitación de la otra gran obra de rescate, la de la rampa que dará acceso al lugar siniestrado, continúa desierta.
Otro contrato polémico fue el otorgado por 32 millones 828 mil pesos a Compañía Minera Zapaliname SA de CV, puesto que pertenece a César Ariel Rodríguez Guadiana, sobrino de Armando Guadiana Tijerina, senador por Morena, el partido del presidente López Obrador.
En una nota publicada por la revista Proceso, Guadiana negó que tuviera vínculos con la compañía de su sobrino, y además dijo que cuando se le otorgó el contrato a esta empresa en marzo de 2021, él no era ni senador ni miembro de la Comisión de Energía, pues había solicitado licencia para presentarse como candidato a la presidencia municipal de Saltillo.
Mientras que, en otra entrevista con el diario El País, Guadiana negó también cualquier conflicto de interés por el contrato en Pasta de Conchos a la empresa de su sobrino, con la que insistió que no tiene relación.
No obstante, tal y como consta en documentación revisada por Animal Político en el Registro Público de Comercio, Minera Zapaliname comparte representantes con Materiales Industrializados SA de CV (MINSA), compañía de la que, según documentación oficial, sí es socio el morenista Armando Guadiana.