México: ¿áreas marinas protegidas sólo en el papel?
Para muchos era una certeza. Se pensaba que, por estar a 140 kilómetros de la costa, el Parque Nacional Arrecifes Alacranes era una de las áreas naturales marinas mejor conservadas de México. Se creía que la lejanía era una especie de escudo protector para este pequeño grupo de islas, ubicadas en el Golfo de México, frente a Puerto Progreso, en Yucatán. Los datos mostraron que no era así.
El Parque Nacional Arrecife Alacranes está bajo un acoso constante de actividades que no abonan a su conservación: entre 2012 y 2019 se registraron 658 eventos de pesca ilegal. En 2018, su capacidad para recibir turistas se ignoró y se rebasó hasta en un 200 por ciento. En sus aguas, además, hay presencia de especies invasoras, como el pez león (Pterois volitans). Tampoco se libra de los efectos de la contaminación provocada por aguas residuales; en un sitio del parque, conocido como Canal de Anegados, se ha documentado que entre el 85 y 90 % del coral Cuerno de alce (Acropora Palmata) está muerto.
Todos estos datos recopilados por Oceana México motivaron una reflexión y varias preguntas: si así se encontraba una de las áreas marinas protegidas que se presumía como una de las mejor conservadas del país, ¿cuál era el estado de las otras? ¿Ser áreas decretadas como protegidas garantizaba la conservación de los ecosistemas marinos que ahí se localizaban?
Para tener respuestas, la organización no gubernamental convocó a un equipo para realiza una evaluación del estado en que se encuentran 39 áreas marinas protegidas de México. La investigación, publicada a finales de 2021, corroboró lo que se sospechaba: el Parque Nacional Arrecife Alacranes tiene problemas y no es el único. El estudio concluyó que el sistema de áreas marinas protegidas, en su conjunto, carece de herramientas que garanticen la protección de los hábitats de importancia crítica para la vida marina, como manglares y arrecifes.
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“El modelo de áreas naturales protegidas está obsoleto, no está a la altura de los desafíos de conservación que enfrenta México. Ante este déficit en la conservación, ya no importa si el área natural está lejos o cerca de la costa”, destaca Miguel Rivas Soto, director de campañas de hábitat en Oceana-México.
El estudio advierte que los retos para conservar las áreas marinas se multiplican con la acidificación de los océanos, la contaminación por plásticos, el declive de las pesquerías, el blanqueamiento de los corales o el aumento de zonas costeras muertas a causa de la contaminación de agroquímicos.
¿Programas de manejo obsoletos?
En México, 68.4 millones de hectáreas de mar y 4.1 millones de hectáreas de ecosistemas costeros, como lagunas o esteros, están declaradas como áreas naturales protegidas. El país, incluso, fue uno de los primeros en cumplir con el objetivo que en 2010 se adoptó en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, mejor conocido como Metas Aichi, y que señalaba que para 2020 las naciones debían tener, al menos, el 10 % de su territorio marino y costero como área natural protegida.
México hoy tiene 22.3 % de su territorio marino bajo alguna categoría de protección, pero eso no significa que “esa conservación sea efectiva”, remarca Rivas Soto.
Como parte de su estudio, Oceana-México evaluó si él área marina protegida cuenta con un programa de manejo que oriente sobre la mejor forma de conservar el lugar, si se miden periódicamente los avances de las metas, si existe presupuesto para cumplir con los objetivos o si se hace un seguimiento de la mejora pesquera. En aquellas zonas con manglar y arrecifes se revisó cuál es el estado de conservación de esos ecosistemas.
Las 39 áreas marinas protegidas evaluadas resultaron reprobadas en aspectos como presupuesto, gobernanza y mejora pesquera. En 29 de ellas, por ejemplo, se encontró que sí tienen programa de manejo, pero se trata de un documento obsoleto, que no cumple con las expectativas de un buen manejo y conservación.
En la investigación se resalta que “existe una discrepancia entre los estudios técnicos de las áreas protegidas y sus respectivos programas de manejo. Por lo tanto, falta una mejor fundamentación científica de las reglas en estas áreas”.
En aquellas áreas marinas protegidas que tienen programas de manejo se encontró que estos documentos “no tienen metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes ni temporalmente definidas”.
Hay dos áreas que se declararon como protegidas, pero solo se les dio esa categoría en el papel, porque ni siquiera cuentan con un programa de manejo: el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, cuyo decreto se publicó en 1973 y se recategorizó en el año 2000, y la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California, creada en 2016.
El área con la mejor evaluación fue la Reserva Pacífico Mexicano Profundo, declarada como tal en 2016. Aún así su calificación no es un motivo de orgullo: alcanzó 2.17 puntos de un máximo de cinco.
El estudio identifica que los decretos de áreas naturales protegidas no están evitando que en estas zonas se presenten actividades como cambio de uso de suelo, sobrepesca o pesca ilegal.
La lupa en arrecifes y manglares
El economista ambiental Enrique Sanjurjo Rivera, consultor independiente y quien participó en el estudio de Oceana-México, destaca que en el sistema de áreas naturales protegidas no existen evaluaciones sistemáticas ni homogéneas sobre las especies que se busca conservar. La existencia de esos estudios, según indica, dependen de que en el área trabaje alguna universidad, organización no gubernamental o de que el director del parque natural o de la reserva “sea muy movido”.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), explica Sanjurjo Rivera, “hace varias evaluaciones, pero falta un trabajo enfocado sólo a los objetos de conservación”.
Ante la carencia de estos estudios, el equipo decidió revisar el estado de los arrecifes y manglares que se encuentran en estas áreas protegidas, sobre todo porque en estos dos temas sí existen herramientas que permiten hacer una evaluación.
Para arrecifes, por ejemplo, se utilizó la metodología desarrollada por Healthy Reefs, organización que desde 2006 realiza un monitoreo del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Y se revisaron los estudios científicos y de organizaciones no gubernamentales sobre los arrecifes del Pacífico y del Sistema Arrecifal Veracruzano.
En la evaluación de los arrecifes, las 15 áreas naturales protegidas que se analizaron obtuvieron calificaciones que las ubican entre regular y mal. Entre las que tienen parámetros críticos están el Parque Nacional Arrecife Alacranes y las Reservas de la Biosfera Sian Ka’an, Banco Chinchorro, Caribe mexicano y el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.
Sanjurjo Rivera explica que la evaluación encontró que el arrecife del Parque Nacional Islas Marietas ha tenido una buena recuperación, después de que en 2016 se decidió controlar el número de turistas que recibe.
Para revisar el estado del manglar en las áreas protegidas, el equipo científico utilizó el Sistema de Monitoreo de Manglares de México que está a cargo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Esa herramienta les permitió identificar dónde se ha perdido este ecosistema.
Las áreas naturales protegidas que presentaron la peor evaluación respecto a la conservación del manglar son la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y El Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, en Quintana Roo; así como la Reserva de la Biosfera Los Petenes, en Campeche.
Además, se identificó que los manglares de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, en Chiapas, tienen perturbaciones importantes por el desarrollo agropecuario que se ha dado en la zona, sobre todo por los cultivos de palma africana.
También se encontró algunas áreas que sí protegen el manglar, entre ellas el Santuario de Isla Pajarera, ubicado frente a la costa del municipio La Huerta, en Jalisco, o el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, en La Paz, Baja California.
“En manglares se hace un mejor trabajo que en arrecifes”, destaca Sanjurjo Rivera. Las herramientas que permiten proteger mejor este ecosistema son la Ley General de Vida Silvestre —que incluye un artículo donde se prohíbe la afectación a este ecosistema— y la norma oficial para manglares. “Se tienen instrumentos jurídicos más robustos que arropan el trabajo de la Conanp y permite que se tengan resultados más efectivos”.
Detener sobrepesca y pesca ilegal
Rivas Soto explica que al realizar la investigación encontraron un problema común en todas las áreas: en ninguna de ellas se tiene información sobre cuánto, qué y cómo se pesca. Esta información la deberían tener la Conanp o la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), pero explica que ninguna de las dos dependencias cuenta con esos datos.
“Es necesario que se transparente y regule la pesca dentro de las áreas naturales protegidas en forma eficiente”, señala Rivas Soto. Una tarea pendiente del gobierno mexicano, insiste, es unificar bajo una misma estructura la pesca dentro de las áreas naturales protegidas y generar la información que permita saber si se debe prohibir esta actividad en toda un área.
En la actualidad, el Parque Nacional Revillagigedo es el área marina protegida con mayor número de hectáreas —14 808 780— en donde está prohibida en su totalidad la pesca desde noviembre de 2017. Eso no se respeta del todo.
En octubre de 2020, el equipo de Mongabay Latam publicó la investigación periodística Mares Saqueados en donde documentó que, por lo menos, 18 embarcaciones habían realizado actividades sospechosas de pesca dentro del Parque Nacional Revillagigedo, pero que sólo había tres denuncias por pesca ilegal en el área.
En el caso del Parque Nacional Arrecife Alacranes, Oceana-México documentó 680 eventos de pesca ilegal entre 2012 y 2019.
“En muchas áreas marinas protegidas hay una pesca ilegal. La vigilancia y monitoreo de estas zonas —recuerda Rivas Soto— recae en la Conanp que es una institución sin recursos, en donde su personal hace una labor casi heroica”.
Para el 2022, por ejemplo, la Conanp contará con un presupuesto de poco más de 887 millones de pesos (42 millones de dólares). De acuerdo con un análisis realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), esos recursos equivalen a destinar 9.7 pesos (menos de un dólar) a cada una de las cerca de 90 millones de hectáreas, terrestres y marinas, que se encuentran bajo alguna categoría de protección.
Para este texto se solicitó la versión de la Conanp, pero no se tuvo respuesta.
En riesgo biodiversidad y comunidades
Rivas Soto recuerda que, al no garantizar la protección de las áreas naturales marinas “se pierde biodiversidad, pero también el modo de vida para muchas personas”.
En México, alrededor de 1.7 millones de personas dependen de actividades que están asociadas, de alguna forma, con un área natural protegida, de acuerdo con datos de la Conanp.
Es por ello que Oceana-México plantea la urgencia de actualizar el modelo de gestión de las áreas marinas protegidas.
Entre las acciones que se proponen está la descentralización de la Conanp para que cuente con autonomía de operación, presupuesto y recaudación de fondos. Y, sobre todo, que tenga la autoridad para regular todas las actividades que tengan efectos sobre los procesos ecológicos, por ejemplo, la pesca.
También se plantea reformular los programas de manejo para que sigan objetivos basados en información científica sólida y actualizada y se orienten a la conservación. Además, se recomienda ampliar el catálogo de áreas naturales protegidas y sus objetivos, creando figuras específicas para hábitats marinos, y aprovechar el potencial de las áreas de no-pesca para restaurar pesquerías sobreexplotadas.
En aquellas áreas en donde se permita la pesca se propone tener programas pesqueros, cuotas y limitación de métodos intensivos de pesca, pero sobre todo implementar sistemas de monitoreo en tiempo real de embarcaciones pesqueras.
En su estudio, Oceana-México también se suma a organizaciones no gubernamentales, comunidades y científicos que desde hace tiempo reclaman la urgencia de cambiar la ley para que, entre otras cosas, se prohíba la minería dentro de todas las áreas naturales protegidas y se cierre la puerta a todo tipo de minería submarina.
Y en especial se plantea que las comunidades puedan decidir sobre su territorio. “La conservación —destaca Rivas Soto— se tiene que hacer con y para las comunidades. Cuando se piensa la conservación solo desde una perspectiva de la naturaleza, generalmente esas propuestas fracasan, porque no terminan siendo compatibles con la vida de las personas que habitan el lugar”.
Proteger el 30 % del territorio
Para Rivas Soto, el que México no esté garantizando la protección de sus áreas marinas no debe detener la creación de nuevas reservas, santuarios o parques naturales. Incluso, señala, que el país debe sumarse a la nueva meta de tener el 30 % del territorio costero y marino declarado como área protegida para el 2030.
Sanjurjo Rivera menciona que hay lugares, como Sian Ka’an, que ya no existirían si no estuvieran decretadas como área protegida. Aun y con sus fallas, “las áreas naturales protegidas son una línea de defensa. Es heroica la labor de resistencia que hacen para frenar la presión brutal que enfrentan”.
Rivas Soto remarca: “No estamos diciendo que las áreas naturales protegidas no funcionan. Estamos diciendo que pueden funcionar mejor; necesitamos contar con áreas naturales protegidas que tengan objetivos claros y medibles”.
Oceana-México, por ejemplo, propone la ampliación del Parque Nacional Arrecife Alacranes, una zona de gran importancia biológica, sobre todo porque ahí se mezclan las aguas del Golfo de México con las del Caribe. “Es un área que está subestimada. Creemos que el parque todavía puede crecer y que, incluso, se puede rezonificar”, señala Rivas Soto.
Hoy el Parque Nacional Arrecife Alacranes tiene una extensión de 333 mil hectáreas; Oceana-México considera que puede crecer hasta 50 por ciento más.
