Guardias que asesinaron a migrante cubano en Chiapas siguen sin ser detenidos, pese a promesas de AMLO
Cristóbal Cabreiro Ramírez, de 35 años, abandonó Cuba de forma clandestina. No se despidió de su padre, Cristóbal, a quien vio por última vez cuando fue a su casa para pedirle un abrigo. Tampoco de su hija Miranda, de 3 años, a la que visitaba siempre que su trabajo como guía turístico le permitía.
Harto de sufrir penurias económicas tras perder su empleo por el cierre de fronteras a causa de la COVID-19, Cabreiro Ramírez buscó cambiar su suerte fuera de la isla. A finales de septiembre armó una pequeña mochila, pidió un dinero prestado y salió con destino a Estados Unidos. Nunca llegó a cumplir su objetivo.
La noche del 31 de octubre de 2021 fue tiroteado por agentes de la Guardia Nacional cuando viajaba en una camioneta con otros 12 migrantes en el ejido Echegaray, en Chiapas. Otros cuatro compañeros resultaron heridos pero él murió en el acto.
Han transcurrido tres meses desde aquel ataque y no hay ningún policía detenido. El cuerpo de Cabreiro sigue en una morgue de Tapachula, Chiapas, a la espera de que se practiquen todas las pruebas periciales. Su familia espera la repatriación, pero también que se haga justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció los hechos y dio orden de que los responsables fuesen entregados a la Fiscalía General de la República (FGR). Pero pasa el tiempo y las investigaciones no avanzan.
“Hay un culpable, un asesino que hizo esto. Como se lo hizo a mi hijo se lo pudo hacer a cualquiera”, dice Cristóbal Cabreiro, padre de la víctima, en conversación telefónica desde La Habana. Los últimos meses no han sido fáciles para él. Supo que su hijo había muerto una semana después del ataque. Ni siquiera tenía idea de que hubiese migrado. Pensaba que estaba en el monte, comprobando que los senderos seguían en buen estado para la llegada de turistas. Pero no, estaba en México y lo habían matado y él fue el encargado de identificar el cuerpo a través de una videollamada. Solo aguantó ver una fotografía.
“Da mucha impresión, no quise ver más fotos. Yo reconocí al hijo mío. Sé que las próximas que me iban a enseñar iban a ser más impactantes”, dice, todavía nervioso.
La historia de Cristóbal Cabreiro Ramírez es la de una doble víctima. Primero, de la pandemia de COVID-19, que le dejó sin empleo y le obligó a dejar su país. Segundo, de la política de control migratorio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que militarizó el sur de México para impedir que gente como el cubano, pobre y sin expectativas, pudiese alcanzar Estados Unidos.
Para Cabreiro Ramírez la irrupción del coronavirus fue una catástrofe. No enfermó, pero se quedó sin su trabajo en una empresa de turismo ecológico en la que se ganaba la vida. Estaba separado de la madre de su hija, pero mensualmente les pasaba una pensión. Hasta que llegó el virus y se cerraron las fronteras y los extranjeros dejaron de llegar.
Comenzó a sufrir estrecheces económicas, aunque su preocupación siempre fue su hija. “Él venía varios días y todos los meses traía algo: una vianda, picadillo, lo que pudiera conseguir, porque su situación económica no era buena”, dice Yahima Gamiotea Rivera, su expareja y madre de la pequeña, en conversación telefónica.
“No había manera de sacar dinero y él no quería ser una carga de nadie”, explica Cabreiro padre.
Nadie sabe cuánto tiempo pudo estar rumiando la idea de migrar. Él era un hombre reservado, al que no le gustaba cargar a los demás con sus preocupaciones. Nunca mostró interés en establecerse fuera de Cuba y hasta la llegada de la COVID-19 la economía le había funcionado relativamente bien, así que no se podía sospechar que tuviese intención de marcharse. Pero fueron muchos meses sin trabajo, demasiado tiempo con pequeños empleos de albañilería o pidiendo ayuda a su padre. Llegó a un punto de no retorno. Nadie hace las maletas y deja todo atrás por gusto.
Un viaje a través de la selva
El 26 de septiembre dejó Cuba. Cinco días antes visitó por última vez a su hija y avisó de que pasaría un tiempo sin regresar porque se iba a trabajar a provincias. El recorrido de Cabreiro es el mismo que muchos cubanos se ven obligados a realizar cuando abandonan la isla. Cruzó a Surinam, la antigua Guyana holandesa, y de ahí comenzó a atravesar el continente: Guyana, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Un trayecto largo y peligroso que realizó en solitario.
“Me dijo que había tenido que cruzar todas las fronteras, que había pasado mucho trabajo, que había dormido en la tierra, que había estado en la selva, que había cruzado un lago, un río, que había tenido que coger un bote, una lancha, que estaba muy peligroso. Me dijo que no tenía que haberlo hecho, pero ya estaba ahí, y aunque se hubiera arrepentido tenía que seguir para adelante”, explica Gamiotea Rivera.
Aunque entre Cuba y Miami, donde Cabreiro tiene familia, apenas hay 400 kilómetros de ruta marítima, es un camino demasiado peligroso. Así que optó por un trayecto más largo pero que él creía menos arriesgado. Es posible que no supiese que debía atravesar la selva del Darién, un terrible paso entre Colombia y Panamá, o que México había llenado la frontera de militares para no dejarle avanzar.
Cabreiro realizó todo el camino solo hasta llegar a la frontera entre México y Guatemala. Ahí, al cruzar el río Suchiate, conoció a otros cubanos que, como él, también buscaban alcanzar el norte.
En 2021, más de seis mil personas procedentes de la isla fueron detenidas en México por el Instituto Nacional de Migración (INM). Ese mismo año fiscal, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, casi 40 mil fueron interceptados en la frontera de Estados Unidos.
Nada más llegar a Chiapas, cuando pensaba que apenas le quedaba una semana para cumplir su objetivo, tuvo que confesar su plan a su expareja. Habitualmente hablaba con Mariana, su hija, a través de una videollamada por WhatsApp. Pero llevaba demasiado tiempo sin coincidir con ella. En Cuba el servicio de internet es a través de tarjetas prepago o de lugares específicos en los que conectarse. Así que es habitual que alguien, cuando quiere que otra persona se conecte, le llame primero por teléfono fijo. Cabreiro estaba en México así que no podía avisar, por lo que llevaba casi un mes sin hablar con su hija. Eso era demasiado tiempo.
El 27 de octubre el cubano logró hablar con Yahima y ver a la pequeña. Aquel día le contó a su expareja que estaba en México, que se había desesperado ante la falta de empleo, que creía que no tenía futuro en Cuba y que decidió probar suerte. El Cristóbal que hablaba era un tipo con una barba descuidada y gesto cansado, al que se le podía percibir el sufrimiento que le había costado llegar hasta ahí.
Cuatro días después fue la última conversación. Entre las 9:47 y las 10:59 de la noche, Cristóbal Cabreiro Ramírez vio por última vez a su hija Miranda. Hablaron hasta que el cubano recibió el aviso de que tenían que marcharse, que ya se trasladaban a otro lugar.
Horas después, el vehículo en el que viajaban los 13 migrantes fue tiroteado por la patrulla de la Guardia Nacional con número 19307 a la altura del ejido Echegaray, a unos 30 kilómetros de Tapachula. Cuatro personas resultaron heridas. El vehículo y sus ocupantes recibieron 36 impactos de bala. Al frente del equipo policial estaba Juan Alvarado “N”.
En un primer momento, las autoridades trataron de criminalizar a los ocupantes de la camioneta e incluso la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas publicó que les habían encontrado un arma. Luego la Guardia Nacional dijo que trataron de embestirlos. Pero el testimonio de uno de los sobrevivientes recogido por Animal Político fue claro: “no dieron el alto, comenzaron a disparar”.
Sin información sobre Cabreiro durante una semana
La familia de Cabreiro Ramírez supo hasta una semana después que el migrante había muerto por disparos de los guardias. Desde entonces, su lucha es por recuperar el cuerpo y poder enterrarlo en Cuba y para que se castigue a los culpables. La FGR está a cargo de la investigación y se practicó la necropsia en base al Protocolo de Minnesota, un mecanismo recomendado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en casos de investigación de ejecuciones extrajudiciales.
Fuentes cercanas a la investigación explicaron a Animal Político que este protocolo es clave para tratar de evitar que los policías eludan a la justicia.
El presidente López Obrador denunció los hechos y dio instrucciones para que los agentes fuesen puestos a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido todavía detenido. Mientras tanto, México bate récords de migrantes detenidos: más de 250 mil el pasado año.
La FGR inició dos carpetas de investigación. La primera, contra el conductor de la camioneta, por presunto tráfico de personas. Los migrantes aseguran que el hombre les había dado aventón, pero los oficiales están convencidos de que se trata de una red que cobra a los extranjeros para ayudarles a salir de Tapachula, ciudad convertida en primera línea de control para evitar el flujo al norte. Para poder armar este expediente, el Ministerio Público mantuvo encerrados durante más de una semana a los migrantes. En cuanto estos recuperaron la libertad cruzaron la frontera y todos están ya en EU.
Todos menos Cristóbal, que pagó con su vida el intento.
Al respecto: Guardia Nacional reserva información sobre muerte de migrante cubano por disparos de agentes
La segunda carpeta investiga su asesinato, pero apenas hay avances. La familia está representada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y recibe el asesoramiento de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Recuperar el cuerpo es prioritario, pero esto depende de las pruebas periciales. Luego llegará el turno de la justicia.
“Nos preocupa la narración, la verdad histórica que se imponga del caso. Esto influirá en la situación jurídica de los elementos y el riesgo es que consoliden una versión de homicidio culposo (involuntario)”, dice Fabbiene Cabaret, abogada de la Fundación. En su opinión, es fundamental que se establezca un análisis sobre la proporción en el uso de la fuerza y evitar que se llegue a una situación de impunidad.
“Yo lo que quiero es que paguen de alguna forma, que paguen lo que hicieron, para cuando la niña pregunte qué pasó, que sepa que no fue en vano”, dice Gamiotea Rivera.
Su hija Miranda todavía no sabe que su papá está muerto. Será un proceso largo, según le explicaron los psicólogos. Primero, cuando crezca y tome conciencia de la muerte, tendrá que contarle que no volverá a verlo. Luego llegará un día en el que le explique que su papá dejó Cuba convencido de que construiría un futuro mejor para ella, pero que fue asesinado por policías mexicanos. Tipos que tenían la orden de impedir el paso a personas pobres y necesitadas y que llevaron ese mandato hasta sus últimas consecuencias.
