Desplazamiento interno por violencia se incrementó un 360% al cierre de 2021
El desplazamiento interno por razones de violencia se incrementó durante el último año en un 360%, según datos del último boletín de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En total, según documentó la ONG, 44 mil 905 personas se vieron obligadas a dejar su domicilio a causa del crimen organizado u otras expresiones violentas. Esto supone un fuerte aumento respecto a 2020, cuando fueron registrados 9 mil 741 desplazados internos. Solo en los pasados meses de noviembre y diciembre, más de 7 mil personas fueron expulsadas de sus viviendas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
Los datos los elabora la CMDPDH a través de información publicada en medios de comunicación pero constituyen el único indicativo que trata de medir el fenómeno del desplazamiento forzado. La llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo que las autoridades reconocieran el problema pero, a día de hoy, no existe ni siquiera un censo oficial. El Senado mantiene paralizada desde hace más de un año la Ley de Desplazamiento Forzado que serviría para dotar de recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para hacerse cargo también de las familias mexicanas que huyen de sus viviendas. Por el momento no hay fecha para ese último impulso legislativo.
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El desplazamiento de 800 familias en Chinicuila, Michoacán, es el último evento recogido en el boletín bimensual, que se publica hoy y al que Animal Político tuvo acceso. El municipio, castigado por el enfrentamiento entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, llegó a quedarse sin autoridades municipales ni policiales, ya que estas también huyeron.
En diciembre también se registró un desplazamiento masivo en Valparaíso, Zacatecas. Este vino motivoado por el secuestro y asesinato de tres personas que obligó a 150 familias, unas 700 personas, a abandonar su domicilio. Según recoge la CMDPDH, muchos llegaron a la cabecera municipal, donde recibieron el apoyo del gobierno local y de migrantes que residen en Estados Unidos, que les apoyaron con la compra de cobijas y el pago de rentas.
Aldama, con cientos de expulsados
En octubre, por su parte, Chiapas fue el estado más castigado por los desplazamientos forzados. Según el boletín de la CMDPDH, unas 3 mil personas se vieron obligadas a refugiarse en el municipio de Aldama después de varios ataques armados.
Desde 2018, estas comunidades se ven obligadas a dejar sus hogares ante la intensficación de los ataques. En el mismo estado, una disputa por tierras en Chapultenango provocó la huida de familias indígenas zoques, agredidas “durante el ataque de un grupo armado a la comunidad de Esquipulas Guayabal”. Al menos 47 personas tuvieron que huir y entre ellos había menores de edad y mujeres embarazadas, según el Sistema Estatal de Protección Civil.
También en Valparaíso, Zacatecas, 31 familias fueron desplazadas en comunidades rurales en noviembre. “Desde mediados de 2021 la región ha sido escenario de enfrentamientos armados entre grupos criminales rivales, cuyos miembros amenazan, extorsionan y buscan apoderarse de los bienes de la población local. Además de desplazamientos forzados, la situación de violencia en Valparaíso ha ocasionado el cierre de escuelas y clínicas de salud en algunas localidades rurales”, dice el documento.
Por último, la CMDPDH documentó dos eventos en Guerrero y Chihuahua. El primero tuvo lugar en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Huitzuco de los Figueroa y el segundo en La Madera, donde grupos dedicados al narcotráfico expulsaron a cerca de 280 personas de su comunidad.
Por el momento el gobierno federal no ha dado un paso más allá del reconocimiento de la existencia del problema. La Ley de Desplazamiento Forzado, que debía ser aprobada en el Senado, sigue paralizada. Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar, explicó que están tratando de buscar que se “incluya en la agenda legislativa” de este período, pero reconoció que actualmente no puede garantizarse que sea tomada consideración.
El pasado 11 de noviembre, representantes de diversas comunidades de todo el país que sufren desplazamiento forzado y más de 20 organizaciones de la sociedad civil anunciaron una alianza nacional para dar visibilidad al problema y exigir su reconocimiento como víctimas.
