En la atención a la pandemia en México durante 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró posibles daños al erario público por un total de 2 mil 754.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas por parte de instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.
Así lo reveló la propia ASF en su informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, en el apartado correspondiente a las auditorías financieras a la gestión de la emergencia sanitaria por parte de estas diferentes instituciones.
En el Fondo de Salud para el Bienestar, del Insabi, se analizaron las contrataciones de personal médico y paramédico, así como las compras de insumos (ventiladores, batas, pruebas, etcétera). Ahí se observó que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos, no se entregaron.
Estos equipos debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020. Por ello, el Insabi contrató a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor.
Además, este instituto no acreditó la entrega de 1 millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, y está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por mil 600.3 millones de pesos para la compra de 2 mil 250 ventiladores, debido a que no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su adquisición, recepción y distribución a las unidades médicas.
La Comisión de Vigilancia de la @ASF_Mexico recibió el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.https://t.co/w1QWZKfDJi
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 20, 2022
Como parte de su informe, la ASF también presentó resultados sobre los recursos ejercidos por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), correspondientes a pagos anticipados para la adquisición de vacunas contra COVID-19.
Al respecto, se determinaron deficiencias en el control y la supervisión de los procesos de adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de vacunas, tales como que no se contó con toda la información de la recepción en territorio nacional de las dosis de AstraZeneca.
Por ejemplo, se hallaron diferencias en la cantidad de dosis y el número de lotes, cuando se comparó la información proporcionada por el Censia contra la de otras entidades participantes. También se determinó que este centro no dio el seguimiento esperado a las acciones de transporte y destino de las vacunas.
En cuanto al almacenamiento, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, responsable de resguardar las de la marca Pfizer.
La Secretaría de Salud también tuvo irregularidades con la adquisición y el manejo de los biológicos. En los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos para la adquisición de vacunas, se identificaron debilidades en la normativa que regula las operaciones relacionadas con adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución.
En la distribución de vacunas a las entidades federativas, se observaron inconsistencias en la información proporcionada por 10 Coordinadores Estatales de la Brigada Especial respecto del registro del ingreso de lotes.
Además, la dependencia no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas, y la información concentrada en sus sistemas denominados “Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud” y “CVCovid” presentó deficiencias.
En la adquisición de medicamentos del IMSS, se revisaron las compras de fármacos hechas a nivel central y a los Órganos de Operación Administrativa (OOAD) de Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa, de 15 contratos o pedidos por 464.5 millones de pesos, cantidad que equivale a aproximadamente 22% de lo que el instituto reportó como pagado en fármacos contra COVID-19.
De estos contratos o pedidos seleccionados para la adjudicación de 11 claves de medicamentos, el IMSS no proporcionó toda la documentación que debe integrarse en los expedientes, referente a la contratación y al pago. El instituto tampoco proporcionó la documentación de recetas individuales y colectivas en las farmacias de los OOAD de Nuevo León y Ciudad de México, por lo que no se pudo verificar la distribución de los medicamentos.
En las compras de material hospitalario realizadas a nivel central por el IMSS durante 2020 —que incluyeron cubrebocas, batas quirúrgicas, overoles desechables, caretas protectoras y guantes—, hubo 11 contratos por un importe de 2 mil 133.2 millones de pesos, se observó que no se acreditó la recepción de bienes por 4.8 millones correspondientes a un pedido y la falta de aplicación de penalizaciones por 11.7 millones, derivadas del atraso en la entrega de cubrebocas.
Tampoco se acreditó la diferencia por 8 millones de pesos determinada entre el importe reportado como ejercido por 22.1 millones de pesos y el pago a un proveedor por 14.1 millones de pesos.
En los recursos erogados por esta institución por concepto de servicios integrales para instalar unidades médicas temporales, así como de servicios subrogados —que incluyeron el pago a hospitales y clínicas privadas—, se encontraron irregularidades en contratos por 25.9 millones de pesos.
En el caso del ISSSTE, se revisaron los procedimientos de adquisiciones de equipo médico y de materiales hospitalarios realizadas a nivel central por las Direcciones Normativas de Salud y de Administración y Finanzas, así como por la Delegación Estatal en el Estado de México.
Lo que se encontró es que, para la adquisición de ventiladores “adulto pediátrico-neonatales”, se emitieron observaciones por 86.6 millones de pesos por pagos indebidos por contribuciones de comercio exterior.
El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre devolvió al almacén central 15 ventiladores debido a que presentaron fallas, sin que se haya solicitado al proveedor la sustitución. La delegación en el Estado de México omitió aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de 47 equipos. Además, este instituto pagó por 10 ventiladores que ya habían sido pagados previamente.
Se comprobó también que el ISSSTE no realizó correctamente el registro contable de algunas operaciones relativas a la donación de medicamentos recibidos del Insabi, no se elaboraron las actas de entrega-recepción, ni se conciliaron siete órdenes de suministro. Además, los hospitales regionales Centenario de la Revolución Mexicana y 1 de Octubre adquirieron medicamentos a precios unitarios superiores a los pagados por el nivel central y el Insabi.
En las revisiones a las asignaciones en la contratación de personal médico y paramédico para atender la emergencia sanitaria, se encontraron pagos indebidos por 2.2 millones de pesos, por la contratación de personal que no cubrió el perfil del puesto.
En la Sedena, se determinó una diferencia de 27.4 millones de pesos entre las cifras contenidas en las bases de datos de las nóminas del personal de salud contratado para la pandemia, contra el monto reportado como pagado por ese concepto.
Por otra parte, se identificó que en la adquisición de ocho equipos con un costo de 15.1 millones de pesos, la empresa adjudicada, después de haber instalado cinco de las ocho unidades contratadas, notificó que estas eran de especificaciones diferentes y de precios menores respecto de lo establecido en el contrato principal.
La Sedena también autorizó la celebración de ocho contratos para equipar un hospital, sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelación, lo que ocasionó que los bienes permanecieran ociosos entre seis y 10 meses.