México ignora a las víctimas de Camargo un año después de la masacre
Esta es una semana triste para Ricardo García Pérez. Mañana se cumple un año desde que su hija Santa Cristina García, de 20 años, fue asesinada en Camargo, Tamaulipas. Un año desde que recibió aquel mensaje que le anunciaba que su hija y otras 18 personas, habían sido tiroteadas y calcinadas cuando estaban a punto de alcanzar la frontera de Estados Unidos. Durante todo este tiempo, las promesas de las autoridades dieron paso al abandono: no hay avances en el proceso judicial, con 12 policías estatales encarcelados, y nadie se ha acercado a las familias para cumplir con la reparación integral a la que tienen derecho.
México no ha cumplido con las promesas que hizo cuando se conoció la masacre. Por una parte, la investigación avanza lentamente. Por otra, las familias no han recibido ninguna indemnización ni apoyo económico.
“Nos encontramos bien, pero tristes y dolidos por la pérdida, y molestos con las autoridades mexicanas que no dan respuesta”, explica García Pérez, en conversación telefónica desde la aldea de Tuilelén. Se prevén actos de recuerdo en Comitancillo, departamento de San Marcos, el municipio del que procedía la mayoría de víctimas. Una misa, la inauguración de un mural y el acompañamiento de los vecinos en el duelo. Pero lo que las familias anhelan es saber qué ocurrió con sus familiares. Por qué los mataron. Quiénes fueron los responsables. En esta comunidad indígena mam es imposible olvidar.
Audiencia intermedia en Tamaulipas
Lo único que García Pérez sabe es que 12 policías de Tamaulipas fueron arrestados dos semanas después de que los cuerpos aparecieron calcinados. A partir de ahí no recibió más información. Actualmente hay dos investigaciones abiertas: por un lado, la de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), centrada en los hechos de Camargo. Por otro lado, una carpeta abierta por la Fiscalía General de la República y que aborda la presunta responsabilidad de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en una red de tráfico de personas. En realidad, la institución que dirige Alejandro Gertz Manero nunca quiso entrar en este asunto pero fue obligada por decisión de un juez federal.
Por el momento, los 12 policías estatales continúan en prisión. Según la fiscalía, ellos fueron quienes persiguieron a los migrantes, los tirotearon y quemaron sus cuerpos, para después alterar la escena del crimen. Para defender sus tesis, la acusación se apoya en varios testigos presenciales, los casquillos de las armas y la geolocalización de los celulares de los oficiales, según dijo el Ministerio Público durante las audiencias iniciales celebradas los días 2 y 8 de febrero de 2021 y a cuyas grabaciones Animal Político tuvo acceso.
Los policías, por su parte, no han hecho pública todavía su versión de los hechos. Su principal argumento en aquellas audiencias fue denunciar que fueron detenidos con engaños y que el proceso en su contra esta plagado de irregularidades.
Mientras las familias celebran en Comitancillo una misa en recuerdo de las víctimas, está previsto que en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se retome la audiencia de etapa intermedia. Debió haberse celebrado a finales de diciembre, pero las alegaciones de algunos abogados defensores, que argumentaron no haber tenido tiempo de leer la carpeta, hicieron que el juez la aplazara. En caso de mantenerse la vinculación a proceso se iniciará el plazo de presentación de pruebas. Nadie está informando a las familias de las víctimas sobre el avance de este proceso.
Investigación de la FGR
La segunda investigación apenas tiene registrados avances y está centrada en los elementos del INM que fueron apartados de su cargo tras la masacre por sospechas de tener lazos con una red de tráfico de personas. La pista que los vincula con los hechos es una camioneta Toyota Sequoya que apareció calcinada en la brecha de Camargo pero que había sido asegurada meses atrás en otro operativo contra la migración irregular. El INM anunció que ocho de sus oficiales fueron retirados de sus puestos pero no dio más explicaciones. Luego la FGR anunció que dos de ellos, junto a siete policías de Escobedo, Nuevo León, fueron vinculados a proceso.
Otra de las muestras de abandono es que ninguna autoridad se ha acercado para abordar las reparaciones integrales. “Ellos manifestaron que iban a dar una reparación por familia, pero hasta el momento no hemos tenido noticia”, dijo García Pérez.
En las reuniones posteriores a la masacre, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas aseguró que se haría cargo de la reparación, según explicó Yesenia Valdez, abogada de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a las familias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por su parte, no se ha acercado a las familias.
Valdez señala que los afectados tienen dos vías para recibir compensación: por un lado, a través del proceso penal, que puede castigar a las personas que resulten responsables con el pago de indemnizaciones. Por otro, la reparación integral, que incluye también otras cuestiones, como el derecho a la salud. Esto podría ser abordado por las comisiones de atención a víctimas, pero hasta el momento no hay avances.
Animal Político trató, sin éxito, de lograr la versión de las comisiones estatal y federal.
El padre José Luis González, del Servicio Jesuita al Migrante, dice en el momento en que se produjo la tragedia sí que hubo un acompañamiento institucional, tanto de Guatemala como de México. Sin embargo, a partir de marzo de 2021, cuando se produjo el traslado de los cuerpos y los entierros en cada municipio, las autoridades desaparecieron.
“Hay una ausencia total del Estado. Les prometieron que les iban a dar incluso una casa a cada uno, pero nunca ocurrió”, explica. Quizás lo más humillante fue la “donación” del ministerio de Agricultura de Guatemala: “una bolsita de semillas que cabía en la palma de la mano”. “Lo apuntaron como donación del gobierno”, dice González.
La masacre de Camargo no supuso un freno para el flujo migrante hacia EU desde Guatemala. El departamento de San Marcos es uno de los más pobres del país centroamericano y con mayor desplazamiento hacia el norte. “Nadie puede detener a la gente, mucha gente están viajando”, dice García Pérez. En su casa todavía nadie ha hecho las maletas, el duelo todavía está muy presente. Sin embargo, asume que la situación es complicada. “Las cosas subieron y no hay ingresos, trabajar en el campo es duro. Por eso las familias se deciden en viajar de un lugar a otro”, explica el hombre, agricultor, que se endeudó para que su hija pudiese llegar al norte.
