Homicidios de menores suben 2.7%: se cometieron 728 con armas en 2021
Entre enero y noviembre de 2021, en todo el país se documentaron 2 mil 240 homicidios de menores de edad -994 dolosos y mil 246 culposos-. En 728 de ellos, es decir, el 32.5%, los menores perdieron la vida a causa de un arma de fuego.
“La violencia armada es una de las agendas que más nos preocupan y donde pensamos que el Ejecutivo federal y todos los estados deberían estar poniendo todo su interés y atención”, subraya Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
De acuerdo con el Balance Anual 2021 de la Red -el cual se nutre con las cifras oficiales reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP)- con respecto al 2020, los homicidios de menores de edad en México tuvieron un incremento del 2.7% al pasar de 2 mil 182 a 2 mil 240.
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Se trate de homicidios dolosos o culposos, en ambos casos los datos apuntan a que se trata de más hombres que mujeres. En 2021 se registraron 841 homicidios dolosos de hombres y 153 de mujeres, en tanto, se reportó el homicidio culposo de 906 hombres y 340 mujeres.
“Niñas y niños viven en México todas las formas conocidas de violencia ocasionadas por la guerra y también mueren por ellas. Pareciera no haber espacio público o privado en el que puedan verse libres de las expresiones más extremas y deshumanizadas de la violencia armada y el adultocentrismo.
“La sindemia generalizada por la pandemia del Covid-19 y las inequidades sociales agravó las tensiones desde los hogares y paradójicamente fortaleciendo al crimen organizado que alcanzó todos los otros espacios posibles de su desarrollo y convivencia”, subraya la Redim en su balance anual.
Cuestionada sobre qué podría explicar el incremento de homicidios de menores de edad -particularmente relacionados a la violencia armada-, Ramírez expuso que parte de ello se debe al reclutamiento de menores tanto en las llamadas autodefensas comunitarias, como por parte de grupos criminales.
“El reclutamiento en niños también está detrás de estas cifras. No se sabe mucho porque poco se investiga”, asegura.
“Supimos de este llamado de una comunidad en Guerrero que decía que iba a tener que incorporar a niños y adolescentes a las filas de autodefensas si el gobierno local y el Estado mexicano no ponía manos a la obra en la detención del avance de la delincuencia organizada”.
Ramírez se refería al municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) en donde habitantes y miembros de la policía comunitaria aplazaron a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, a que en un plazo no mayor de 8 días atendiera sus demandas en materia de seguridad educación y salud pública, o de lo contrario armarían a niños y mujeres de su comunidad, según informó El Heraldo.
Para la directora de la Redim, el que desde hace casi un año el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) no tenga titular ha generado retrasos en la atención -entre otros temas- de lo referente a la violencia armada en contra de menores de edad en México, pues ya se había delineado una estrategia para atender este tema.
“Con el debilitamiento que vivió el SIPINNA y la falta de comprensión que ha habido hacia el sistema, no están ayudando a que la atención de la violencia armada contra niños esté cambiando”, lamentó Ramírez.
Y es que, agregó, no ha habido avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, mismos que presentaron las Secretarías de Gobernación y Seguridad Ciudadanas el 17 de diciembre de 2020.
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“Es urgente que se retomen e implementen, con total seriedad y respaldo del más alto nivel, los trabajos y propuestas que en el seno del SIPINNA han surgido como parte de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas niños y adolescentes para desarrollar la estrategia para la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia armada”, expone la Red.
Según se informó, el plan de acción 2019-2024 estaría enfocado en la atención de cuatro principales estrategias: seguridad pública y participación social de niñas, niños y adolescentes, protección de derechos humanos de víctimas de violencia, prevención de violencias en entornos y territorios, y la erradicación de la violencia de género para la igualdad sustantiva.
