FGR inicia desclasificación del caso Odebrecht; publica nombres de funcionarios interrogados y declaraciones

La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de desclasificación de la carpeta de investigación iniciada por el caso Odebrecht, con la publicación en su página de internet de la lista de los funcionarios interrogados por su participación en dichos contratos, y de las declaraciones iniciales que rindieron ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.

En dicha lista aparece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien fue el único de los que compareció que se negó a responder cualquier pregunta argumentando que no había hecho nada ilegal, aunque meses después se fugó. También figuran siete funcionarios que ya en el actual gobierno continúan laborando en altos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

En las declaraciones, que están parcialmente testadas (cubiertas en negro), los funcionarios reconocen que había cierta prisa por aprobar los contratos con Odebrecht para distintos servicios en las refinerías de Tula y Salamanca – sin licitaciones de por medio – pero todos niegan que hayan incurrido en alguna acción ilegal para esto.

La publicación de estos documentos de parte de la Fiscalía es en acatamiento a una resolución del pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que, en dos sesiones realizadas en noviembre de 2021, resolvió que por ser un tema de interés público y por tratarse de un hecho de corrupción, la FGR debía desclasificar esta carpeta de investigación.

La publicación de estos documentos ocurre luego de una batalla legal de más de tres años, en la que la PGR en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pero también la FGR ya con Alejandro Gertz Manero al frente, promovieron amparos y apelaciones para no revelar ningún dato del expediente. Al final, los jueces le negaron todos los recursos y respaldaron la posición del INAI.

Este viernes vence el plazo original que el INAI le dio a al Fiscalía para transparentar toda la información, pero autoridades ministeriales explicaron que se solicitó una ampliación para extender este plazo hasta la próxima semana.

La Fiscalía publicó dos de las tres cosas que el INAI le había requerido: la lista de los funcionarios y exfuncionarios de Pemex – y de otros particulares – que hayan sido citados a testificar por su nexo con los contratos a Odebrecht, y el contenido de dichas declaraciones en versión pública, es decir, con datos cubiertos de negro (testados) que se consideran estrictamente reservados.

La lista está compuesta por 22 personas que fueron citadas a comparecer principalmente entre 2017 y 2018, es decir, aun durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nueve de las personas de la lista comparecieron en dos ocasiones para complementar su testimonio inicial.

En dicha lista destaca el nombre de Emilio Lozoya Austin quien, sin embargo, prácticamente no declaró nada. Lo que las cuatro páginas de su testimonio revelan es que se presentó a comparecer el 17 de agosto de 2017 para conocer la carpeta de investigación, negar “cualquier imputación que se presente en su contra”, y reservarse su derecho a declarar.

El documento deja constancia que Lozoya se negó a responder las preguntas especiales emitidas por el Ministerio Público, con el argumento de que en el expediente “no había imputaciones en su contra”.

En la lista también figuran los nombres de otros 19 funcionarios de Petróleos Mexicanos que testificaron debido a sus vínculos con cuatro contratos y subcontratos entregados a Odebrecht. A diferencia de Lozoya, todos ellos sí rindieron una declaración y respondieron a preguntas formuladas por los fiscales.

Sin embargo, muchos detalles de dichas respuestas – como los nombres de las personas a las que se hace referencia o cargos – están testados por la propia FGR, lo que impide conocer el detalle. Este testado fue hecho directamente por la propia Fiscalía, bajo su propio criterio, pero será revisado por el INAI para verificar si cumple o no con los criterios de transparencia.

Entre los declarantes hay siete que siguen siendo altos funcionarios de Pemex, ya en el actual sexenio. Todos tienen cargos gerenciales o directivos, con salarios superiores a los cien mil pesos, de acuerdo con la información que se puede consultar en la página de Nómina Transparente. Se trata de André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.

Lo que en general se advierte de las declaraciones es que hay un reconocimiento de que dichos contratos existieron, de que se firmaron con adjudicaciones directas sin licitación pública, y que la razón de ello es que con eso se acortarían los tiempos, pues había interés de la administración de esa época de que se cerraran a la brevedad.

“Lo que yo recuerdo es que existía una presión de tiempo para cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto de Tula, porque había otros contratos (también con Odebrecht) concatenados con este…  lo que se buscaba era llevar a cabo las contrataciones en el menor tiempo posible ya que una vez que se había obtenido las autorizaciones no había impedimento alguno para la firma”, dijo uno de los funcionarios interrogados.

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En lo que los funcionarios y exfuncionarios de Pemex coinciden es en que, según ellos, no hubo pagos extra por sacar adelante estos contratos, ni órdenes para saltarse procedimientos. De hecho, sostienen que todo se hizo de acuerdo con el marco jurídico y regulatorio de Pemex y sus filiales.

Además de los servidores públicos, en la lista de personas interrogadas figuran dos particulares: Arturo Henríquez Autrey, amigo de Lozoya y quien en su testimonio señala que trabaja para Odebrecht; y Rodrigo Duran Tacla, un abogado de la misma compañía brasileña. Ambos personajes niegan haber participado o tenido conocimiento de los sobornos u otros hechos ilegales.

Lo que falta: la carpeta completa

Como resultado de la resolución del recurso de revisión RRA 11862/21, el INAI ordenó a la FGR la publicación en su página oficial y en la PNT la versión pública de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, y actualizarla trimestralmente. Esto de forma similar a lo que ya ocurre con otras indagatorias como la de las desapariciones de Ayotzinapa.

Para cumplir con esta obligación el pleno del instituto le dio un periodo de tiempo a la FGR que vence este viernes 14 de enero. Sin embargo, hasta el día de hoy dicha carpeta no se encuentra dentro de la información que ha publicado la Fiscalía.

Sobre esta situación, la FGR explicó a Animal Político que están trabajando en el cumplimiento de este punto pero que, debido al volumen de la información, no se pudo terminar antes de la referida fecha con la carga de los datos. Por ese motivo, añadieron, se solicitó al Instituto una ampliación del plazo hasta el 19 de enero. De acuerdo con autoridades de la fiscalía, será la próxima semana cuando se suban – al menos – los primeros tomos de la carpeta.

Por su parte, autoridades del INAI indicaron a este medio que no se dará el asunto por cumplido hasta que toda la información se encuentre disponible para su consulta, incluyendo la versión pública de la carpeta de investigación. Además, se verificará que la información que la FGR cubrió en los documentos sea sola la estrictamente necesaria, y no resulte excesiva.

En caso de que la información no se suba en los tiempos establecidos o se haga de forma incorrecta, el Instituto cuenta con medidas de apercibimiento como, por ejemplo, la imposición de multas.

FGR niega desclasificar otros casos vs Lozoya

Por otro lado, la Fiscalía se negó a desclasificar otras carpetas de investigación por hechos de corrupción en los que también estaría involucrado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Entre ellas, por ejemplo, las relacionadas con los presuntos sobornos por el caso Agronitrogenados, o las iniciadas por presuntas triangulaciones con empresas fachada.

Aunque en la solicitud de información enviada por Animal Político se plantearon los mismos argumentos del caso Odebrecht, es decir, que se trata de hechos de posible corrupción y que son de interés público, la FGR insistió en que por norma general los expedientes de investigación son información “clasificada y reservada” por un periodo de al menos cinco años. Se trata de argumento similares a los que utilizó para negar por años la apertura de la indagatoria original por los sobornos de la constructora brasileña.