A pesar de que el gobierno mexicano redobló en los últimos dos años el envío de militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional a estados especialmente golpeados por la violencia, los asesinatos continuaron al alza en entidades como Sonora, Tamaulipas o Baja California, mientras que, en Veracruz, donde la presencia de soldados subió más de un 500%, se dispararon las denuncias por narcomenudeo.
El caso de Sonora es especialmente llamativo, puesto que es una de las entidades más ‘blindadas’ en los últimos años, sin que, hasta el momento, eso se haya visto reflejado en una mejora de las cifras delictivas, ni en la percepción de seguridad en la ciudadanía.
De acuerdo con solicitudes de información realizadas por transparencia por Animal Político, este estado contaba en 2019 con 976 soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en su territorio. Para 2021, el número se disparó hasta los 2 mil 793 soldados, un incremento de hasta un 187%.
En cuanto a la Guardia Nacional, en 2019 había desplegados en Sonora un total de 1 mil 186 elementos, pasando a sumar 2 mil 699; un aumento del 128%. El número de marinos aumentó también, aunque menos: un 30%.
En total, en 2021 hubo desplegados 8 mil 619 soldados de las tres corporaciones de seguridad en Sonora, casi el doble de lo registrado en 2019.
Sin embargo, los asesinatos en la entidad no retrocedieron en ese mismo periodo de tiempo. Al contrario, aumentaron.
Según datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 954 denuncias por homicidios dolosos en la entidad. Para 2020, la cifra escaló hasta los 1 mil 206, un 26% más. Y para 2021, hasta noviembre iban contabilizados 1 mil 465; un 54% al alza en comparación con 2019. Y si la comparación es a más largo plazo, en 2015, por ejemplo, el aumento de asesinatos en la entidad es todavía mucho mayor: hasta un 160% más.
Las lesiones dolosas en la entidad provocadas por armas de fuego o arma blanca también fueron al alza, a pesar de la presencia de muchos más elementos castrenses en las calles de Sonora: de 919 denuncias por este delito en 2019 se pasó hasta 1 mil 946 el año paso, un ‘boom’ del 111%.
Las denuncias por narcomenudeo también se dispararon un 83% en 2021, con 2 mil 784 carpetas frente a las 1 mil 523 de 2019.
Además, la entidad ha sido noticia en los últimos dos años por casos como la masacre de Bavispe, en la que tres camionetas en las que viajaban mujeres y 14 niños de la comunidad LeBarón fueron atacadas a balazos, dejando como saldo nueve personas muertas, tres mujeres y seis menores.
Y en municipios como Guaymas, en donde tan solo en el primer semestre de 2021 los homicidios aumentaron hasta un 331%, las noticias sobre el hallazgo de fosas clandestinas y los asesinatos de activistas buscadoras, como Aranza Ramos, y de periodistas, como Ricardo López, han sido constantes.
Marco Paz es secretario técnico y vocero de los Comités ciudadanos de Seguridad Pública del estado de Sonora. En entrevista con Animal Político, explica que la situación de inseguridad en la entidad se ha venido deteriorando en los últimos seis o siete años por varios factores.
El primero es que, como ha sucedido en muchas otras partes del país, los diferentes grupos del crimen organizado que hay en la entidad se fraccionaron, “y eso generó que haya una mayor competencia por el territorio, por el dominio de la plaza”.
Aunado a eso, Paz señala que también ha habido cambios en el negocio mismo de la droga, pasando de la venta mayoritaria de marihuana, cocaína y heroína, a drogas sintéticas como la metanfetamina, el famoso ‘cristal’; “una droga mucho más fácil de transportar y que, además, les deja mucho más dinero”.
Esto, a su vez, trajo un gran cambio, subraya Paz: y es que Sonora dejó de ser un estado meramente de paso, de trasiego hacia la frontera de Estados Unidos, para convertirse en un importante mercado de consumo local.
“El cristal era una droga a la que antes no le hacían mucho caso, porque su mercado era relativamente pequeño. Pero de unos años para acá se convirtió en altamente atractivo porque el consumo local ha crecido mucho, puesto que son drogas muy adictivas”, señala el activista.
“Y esa adicción es lo que está provocando mucha violencia y un pleito por el dominio del narcomenudeo en el territorio -agrega Paz-. Por ejemplo, tenemos un problema gravísimo en Cajeme, donde están matando a dos personas en promedio todos los días. Y Cajeme era una zona muy pacífica hace unos años, al igual que Guaymas, Empalme, Caborca, o San Luis Río Colorado, que también se convirtieron en zonas muy violentas”.
Precisamente, otro factor que apunta el vocero de los Comités ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora tiene mucho que ver con las policías municipales: el actual crecimiento de los mercados locales de droga ha provocado que, en paralelo, crezca también la corrupción y la cooptación de elementos por parte del crimen organizado.
Actualmente, apunta el activista, hay entre un 30 y un 35% de elementos que no pasaron los exámenes de confianza, y que, a pesar de ello, siguen portando uniforme, placa y arma, porque los municipios no tienen dinero suficiente para liquidarlos y despedirlos, o parra contratar a nuevos.
“Esto es muy grave, porque estamos conviviendo a diario con cuerpos de policía penetrados por la delincuencia”, hace hincapié Paz, que además señala que los policías que sí pasaron todas las pruebas de confianza tampoco tienen los recursos suficientes para hacer bien su trabajo.
“Si no se ataca desde el ámbito del combate a la corrupción y si no se generan buenas condiciones para las policías, va a ser muy difícil solucionar el problema, por muchos soldados que mande la Federación -insiste Paz-. Nada más en Sonora un policía municipal cobra en promedio 10 mil pesos por poner su vida para proteger la de otros, frente a un integrante del crimen organizado que tiene más recursos, armamento y relaciones que lo protegen. ¿Te parece que eso puede dar resultado? Obvio que no”.
“La creación de una Guardia Nacional y el envío de soldados no son una mala idea, pero no es suficiente y la gente en Sonora está desesperada”, enfatiza Paz.
Héctor Contreras, expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, agrega otro factor a la lista de por qué la violencia se ha desbordado en la entidad: “No hay una estrategia, ni un plan de coordinación sustentado en la inteligencia para desactivar las actividades criminales y financieras de los grupos delictivos”. Lo cual se traduce en muchos policías y militares en las calles, pero con poca incidencia en la solución del problema de inseguridad en Sonora, un estado, además, donde Contreras plantea que hay otros dos grandes temas: el tráfico de personas a Estados Unidos, especialmente migrantes indocumentados que tienen que pagar cuotas para poder cruzar a las diferentes bandas del crimen organizado, que también se disputan ese mercado; y las desapariciones de miles de personas como consecuencia de la violencia.
De hecho, de acuerdo con el informe más actual de la Secretaría de Gobernación, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2021, en Sonora hay 1 mil 273 personas desaparecidas, siendo la octava entidad con más casos en todo el país. Mientras que el municipio sonorense de Puerto Peñasco está también en el top 10 de localidades con mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas (52) y con mayor número de fosas encontradas (35).
“La cifra de homicidios ya te habla de una situación inaceptable. Y a eso, además, hay que sumarle las cifras de desaparecidos. Si sumáramos las dos, el problema sería todavía mucho más grave”, vuelve a señalar Marco Paz, que expone que, más allá de las cifras y del aumento de soldados, la percepción en las calles de la entidad es la de una creciente sensación de inseguridad.
Así lo refleja también la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, la ENVIPE, que en un informe publicado en octubre del año pasado dio a conocer que en Sonora 7 de cada 10 ciudadanos asegura vivir con miedo, y el 60% ve la inseguridad como su principal preocupación. Mientras que la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, también del INEGI, revela que en ciudades como Obregón casi toda la población, 9 de cada 10, vive con miedo.
Sonora no es la única entidad donde el aumento sobresaliente de soldados en las calles no se ha traducido en una reducción de la violencia.
Otro ejemplo claro es Tamaulipas, que en junio de 2021 fue noticia internacional cuando un grupo armado atacó indiscriminadamente a la población civil, asesinando a 14 personas, entre ellas obreros, estudiantes, y adultos mayores.
En esta entidad del noreste de México había 1 mil 215 elementos de la Guardia Nacional en 2019, según informó la dependencia por transparencia pública a este medio. Dos años después, esa cifra pasó hasta los casi 4 mil elementos; un aumento del 223%. El número de marinos también aumentó un 30%, de 4 mil 440 se pasó a 5 mil 751.
En contraste, las denuncias por asesinatos pasaron de 614 en 2019, a 1 mil 145 en 2021, hasta un 86% al alza. Aunque las carpetas por lesiones dolosas experimentaron un retroceso leve del 17%, al igual que las relacionadas con narcomenudeo, que descendieron un 27%.
En Baja California, el número de soldados también se disparó en los últimos dos años: en 2019, contaba con 747 elementos de la Guardia Nacional. Para 2021, la cifra escaló a los 2 mil 119, un aumento del 183%. En cuanto a los soldados del Ejército, estos prácticamente se duplicaron: de 992 se pasó a 1 mil 927; un alza del 94%.
En este caso, los asesinatos no se han reducido, aunque tampoco aumentaron: en 2019 hubo 2 mil 421 denuncias, y el año pasado se registraron 2 mil 472, un ligero aumento del 2%.
Las lesiones dolosas sí experimentaron un descenso del 25%, al igual que las de narcomenudeo, que bajaron un 21%.
Ahora bien, también hay casos en los que el número de soldados aumentó notablemente y se registraron descensos de homicidios.
Por ejemplo, Veracruz pasó de 627 soldados de la Sedena en 2019 a 4 mil 336 en 2021, un incremento de hasta el 591%. Mientras que los guardias nacionales pasaron de 2 mil 458 a 4 mil 666 el año pasado, un aumento del 90%.
En paralelo, las cifras de asesinatos en la entidad han mantenido una tendencia a la baja: en 2019, hubo 1 mil 327 denuncias; en 2020, 1 mil 164, una reducción del 12%; y en 2021, 1 mil 016; un descenso del 23%. Las lesiones dolosas también bajaron levemente, un 6%; aunque las carpetas por narcomenudeo se dispararon un 103%: de 440 en 2019 se pasó a 897 el año pasado.
Otro caso es el de Coahuila, donde el número de soldados del Ejército se disparó un 109%, y el de Guardia Nacional un 61%. En esta entidad, los homicidios bajaron un 69% en 2021: de 416 denuncias en 2019, se pasó a 128.