De las risas al ultimátum: Lozoya se quedó sin más plazos en casos Odebrecht y Agronitrogenados
Durante los 20 minutos de espera en lo que el juez ingresaba a la sala Emilio Lozoya sonreía. Aunque no se retiraba el cubrebocas sus gestos lo evidenciaban y, en ocasiones, el sonido de una carcajada se le escapaba mientras dialogaba con sus dos abogados defensores. Reinaba un buen ánimo que en las siguientes dos horas se iría transformando.
A juzgar por el buen humor que mostraba el exdirector de Pemex parecía como si no llevara ya más de un mes preso. Si bien cambió el traje color azul eléctrico con el que se presentó a principios de noviembre en la audiencia por el uniforme caqui del Reclusorio Norte, su apariencia y porte era casi los mismos. De hecho, en su brazo era visible el llamativo reloj inteligente color negro que le han permitido mantener aún estando preso.
Lozoya también se veía animado por la presencia de su madre Gilda Susana, con quien dejó escapar las risas mas efusivas mientras platicaban. Aunque mantenía el tono de voz bajo, se alcanzaba a advertir que el exfuncionario le platicaba alguna situación curiosa. Incluso tuvo tiempo de hacerle varias anotaciones en una hoja, al parecer con algún tipo de indicación o encargo, que la señora dobló en cuatro y colocó en uno de sus bolsillos.
La animada charla entre Lozoya, su madre y sus abogados solo concluyó cuando se dio la indicación de que el juez Artemio Zúñiga estaba por ingresar a la sala para encabezar una doble audiencia: la de los procesos abiertos en contra del exdirector de Pemex por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
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El juez había convocado a las partes para debatir una solicitud hecha por la defensa del exfuncionario: la de una nueva prórroga. Por séptima ocasión los abogados pedían alargar los plazos de investigación que, para este punto, se han extendido durante más de año y medio. Es una petición que no se les había negado… hasta ahora.
Del otro lado de la sala, el bando opuesto estaba compuesto por cinco personas: tres fiscales de la FGR, una abogada de Pemex, y dos representantes de la Unidad de Inteligencia financiera. En el espacio destinado para el público había quince personas, todos periodistas y un dibujante que atento tomaba nota de cada gesto de Lozoya.
Se trataba de una de las audiencias penales mas concurridas desde que arrancó la pandemia. Así lo advirtió el juez al recalcar la importancia de respetar “la presunción de inocencia” del exfuncionario.
El primer revés
Por decisión del juez, el primer caso a debatir será el de la planta Agronitrogenados, donde la FGR imputa a Lozoya el haber recibido 3.5 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa Altos Hornos de México, a cambio de venderles dicho complejo de fertilizantes a un notable sobreprecio.
Los abogados defensores Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso dijeron que necesitaban otra vez más tiempo… pero poquito. Ni 60 días como se había informado inicialmente, ni 30 días como pusieron en su solicitud por escrito. Solo quince días, dos semanas, y con eso estarían listos.
Los defensores argumentaron que necesitaban ese plazo para terminar de reunir pruebas y recabar algunos testimonios. Lo más importante: conseguir las actas de Pemex y de su Consejo de Administración que prueban que en 2015 una empresa de fertilizantes noruega de nombre Yara Internacional ASA se acercó a la paraestatal para, supuestamente, proponerle la compra del 51 por ciento del complejo Agronitrogenados a cambio de una inversión de mil millones de dólares.
Se trata de una prueba fundamental para la defensa, como el propio Lozoya explicó al tomar la palabra: “que la empresa más grande del mundo en este ramo hiciera esta valoración dejaría en evidencia que mas allá de las especulaciones que han hecho abogados u otras personas, el valor real de dicho complejo era de esos niveles. Y no de los montos tan bajos que se han manejado”.
Cuando el juez dio la palabra a las contrapartes llegaron, por primera vez, las objeciones. A diferencia de lo ocurrido durante casi año y medio esta vez ni la FGR, ni Pemex ni la UIF estuvieron de acuerdo con seguir alargando más el proceso.
“Creemos que hay inconsistencia en los argumentos de la defensa. Ellos han tenido el tiempo suficiente para revisar la carpeta y hacer su investigación… además la ultima vez pidieron la ampliación bajo el argumento de que estaban buscando un acuerdo reparatorio con Pemex, y de eso no han dicho nada”, refutó el fiscal Antonio Domínguez Zavaleta.
El defensor Ontiveros contestó que la búsqueda de ese acuerdo era su prioridad. Insistió en que van por buen camino y hasta señaló que tenían un 99 por ciento de avance en conseguir una reunión “al mas alto nivel del gobierno”. Lozoya, no obstante, no perdió la oportunidad de recalcar que era “inocente” pero que prefería conseguir un “arreglo” para dar por terminado este proceso.
Sin embargo, cuando el juez le preguntó a la abogada de Pemex, Dayren Zambrano, si en efecto había algún avance sólido en la negociación del acuerdo reparatorio esta respondió… que no. “No hay tal 99 por ciento. No se de donde los defensores sacan esto. Hay disposición, pero hasta ahora no se ha cerrado ningún acuerdo”, dijo la representante legal de Petróleos Mexicanos.
Entonces el juez Zúñiga dijo que había escuchado suficiente e insistió en que este proceso se había alargado demasiado. Anunció que concedería 14 días más pero con dos condiciones: que el plazo se tomaría en cuenta desde el 3 de diciembre cuando se había terminado la ultima prórroga, y que ya no habría más tiempo extra.
“Por ultima ocasión voy a conceder este plazo, pero desde ahora mismo decreto el cierre del periodo de investigación complementaria para el 17 de diciembre. La Fiscalía tiene 24 horas para entregarle a la defensa toda la información que le haga falta y tendrán este tiempo para analizarla. Pero bajo ninguna circunstancia voy a pedir otra ampliación. Ni me la vengan a pedir…”, fue el ultimátum del juez.
“Aprovechen este tiempo para reunir sus pruebas o tratar de cerrar el acuerdo que buscan…”, remató Artemio Zúñiga.
El segundo “quita risas”
Para cuando inició la segunda audiencia, relacionada con el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht, el ambiente en la sala ya era otro. Aunque los abogados defensores avisaron al juez que Lozoya y su madre tenían la intención de emitir algún comentario, al final prefirieron ya no comentar nada.
El defensor Rojas Pruneda explicó que en este caso necesitaban hasta 30 días más de extensión del plazo de investigación. Y aunque reconocieron que ya habían recibido un documento relacionado con declaraciones del exdirector de Odebrecht México, Luis Meneses Weyll, que fue el motivo por el que pidieron la ultima ampliación, señalaron que ahora necesitaban analizar un nuevo dictamen.
“Es un dictamen que solo tiene 10 páginas y se trata básicamente de la suma de transferencias que hizo Odebrecht. No entendemos por qué necesita mas tiempo la defensa para esto y además no esta proponiendo ningún acto de investigación en concreto. Esto no se justifica y nos oponemos”, refutó el fiscal Kristian Jiménez.
Cuando el juez preguntó a los representantes de Pemex y de la UIF su postura, estos se sumaron a lo dicho por el fiscal: “No se justifica… ya se agotó el tiempo… esta investigación debe cerrarse…” fueron algunas de las frases de las autoridades.
En un último intento por obtener mas tiempo, Ontiveros subrayó la importancia del nuevo dictamen que habían encontrado. Dijo que no se trataba solo de “sumas y restas”, sino de un peritaje de la “mayor trascendencia”, que era “metodológicamente complejo” y de una “sustancia vital”. Incluso añadió que se trataba del “basamento” a través del cual podría construirse el criterio de oportunidad que, según los defensores de Lozoya, sigue siendo una opción viable.
Pero los argumentos de los defensores no convencieron ni a los fiscales, ni a la UIF, ni a Pemex ni al que más importaba: el juez. El impartidor de justicia, en la misma lógica de la audiencia anterior, recalcó que consideraba que había transcurrido tiempo suficiente y por lo tanto no concedería el mes que le estaban pidiendo.
En vez de eso, Zúñiga anunció el cierre del plazo de investigación del caso Odebrecht para el próximo lunes 13 de diciembre y, al igual que con el otro proceso, dijo que no habría más prórrogas.
“Tienen de aquí al lunes para terminar de revisar el dictamen. Esto no los limita a alcanzar el criterio de oportunidad. Como la Corte ya ha resuelto tienen hasta el auto de apertura de juicio oral para tratar de conseguirlo”, sentenció el juez Zúñiga sin dar espacio a mayores señalamientos.
Eran casi la una de la tarde cuando la segunda audiencia concluyó y el común denominador fue el silencio. Los guardias de seguridad pidieron a los periodistas salir del sitio, poco antes de que esposaran de nuevo a Lozoya para llevarlo de regreso al centro penitenciario.
Pero el ánimo ya era distinto. A diferencia de todas las ocasiones anteriores, esta vez los defensores no quisieron enfrentar el mar de cámaras que los esperaba en la calle Jaime Nunó, donde se ubica el acceso al centro de justicia. En vez de eso y antes de salir del estacionamiento ingresaron junto con la madre de Lozoya a la camioneta modelo Tahoe, color negra y con vidrios polarizados en la que llegaron y se retiraron.
Una jornada que inició con sonrisas, terminó con silencios.
¿Qué sigue ahora?
De acuerdo con el Código Nacional del Procedimientos Penales, con el cierre de investigación complementaria termina la fase inicial del proceso penal, y se inicia la etapa intermedia o de preparación para el juicio.
Esto significa que la FGR tendrá un periodo de 15 días hábiles que comenzarán a correr inmediatamente después de concluida la etapa de investigación para presentar la acusación formal por escrito contra Lozoya o para desistirse del proceso si considera que no hay elementos. En las audiencias de ambos procesos, los fiscales han sostenido que sí cuentan con datos suficientes y que presentarán las acusaciones.
Una vez que lo anterior ocurra Petróleos Mexicanos, que en ambos casos funge como la víctima, tendrá tres días hábiles para señalar si se suman a la acusación de FGR, lo que también se ha adelantado que ocurrirá. Y después de eso la defensa tendrá diez días hábiles para contestar dicha acusación por escrito.
Concluidos los anteriores plazos el juez Zúñiga convocará a las partes para las audiencias intermedias de cada uno de los procesos. En dichas audiencias se debatirán que pruebas se quedan y cuales se desechan de ambas partes. Finalmente, dichas audiencias concluirán con la orden de que el caso pase a otra jueza o juez nuevo para que se lleve a cabo el juicio oral, lo que se denomina “auto de apertura de juicio”.
Como el juez Zúñiga explicó, mientras no se dicte el auto de apertura de juicio la defensa del exdirector de Pemex podrá continuar negociando con Pemex y con la FGR para tratar de cerrar alguno de sus procesos, o ambos, a través de acuerdos reparatorios o criterios de oportunidad.
