Las 10 historias ambientales que marcaron el 2021 en México
Aún no terminaba el primer mes de 2021, cuando en México ya habían asesinado a un defensor de los ríos en Oaxaca, al sur de México. A Fidel Heras, originario de la comunidad Paso de la Reina, lo mataron un sábado de enero. Su homicidio fue una de los tantos hechos de violencia que, durante este año, se registraron en contra de los defensores de ambiente y territorio en el país.
Mongabay Latam publicó la historia de Heras, así como también la desaparición de miembros de la Tribu Yaqui que desde hace ya muchos años mantiene una lucha por la defensa de su territorio, amenazado por megaproyectos —acueductos, gasoductos— y el crimen organizado.
Esas historias mostraron el violento contexto en el que, este año, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, novedoso tratado latinoamericano que obliga a los Estados, entre otras cosas, a garantizar la seguridad de los defensores de ambiente y territorio, así como a generar y difundir información sobre la situación del medio ambiente en el país.
Las denuncias de contaminación provocadas por la actividad minera, inusuales incendios en medio del Golfo de México y los titánicos esfuerzos de conservación que realizan familias, científicos, comunidades y organizaciones no gubernamentales para conservar especies, ecosistemas y detener la deforestación también están en la lista de historias sobre México que más atrajeron la atención de los lectores de Mongabay Latam este año. ¿Qué pasó durante el 2021? Estos son los 10 reportajes que marcaron nuestra cobertura.
10. Comunidades zapotecas denuncian problemas de salud por la operación de una gran minera en Oaxaca
La compañía minera Cuzcatlán, filial mexicana de Fortuna Silver Mines, llegó en 2006 a San José del Progreso, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, al sur de México. En 2010, comenzó a extraer plata y oro de una mina subterránea.
En la actualidad, varios estudios demuestran que los ríos cercanos a sus instalaciones presentan altos niveles de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo. Además, los expertos consideran que la contaminación del agua por metales podría relacionarse con algunas enfermedades en personas y animales en, al menos, seis municipios de la región.
Entre 2009 y 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado 16 visitas a las instalaciones de la minera; en cinco de ellas se encontraron irregularidades. Las sanciones económicas impuestas a la empresa suman poco más de 3.2 millones de pesos.
“El mecanismo de resarcir el daño con dinero está muy lejos de cualquier proceso de compensación para restituir un ambiente que ya no se recuperará”, señala Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
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Maxcanú es un municipio ubicado en la Península de Yucatán, al sur de México. Ahí se vive una transformación en el paisaje. Hace una década, la selva se extendía por su territorio, pero de unos años a la fecha es cada vez más común encontrar zonas donde ya no hay árboles y, en su lugar, se han instalado granjas para la producción de cerdos o maquinaria para extraer tierra y abrir caminos. Los cambios podrían acelerarse en los siguientes años, ya que esta lugar está en la ruta del llamado Tren Maya.
Quienes más han criticado y denunciado los cambios de uso de suelo que se registran en la zona son las mujeres y hombres que se dedican a la apicultura; ellos han sido de los primeros en notar y padecer los efectos en la disminución de la cubierta forestal: hay menos abejas y, por lo tanto, una menor producción de miel.
Integrantes de la Alianza Maya para las Abejas Kaabnalo’on han documentado la pérdida de, por lo menos, 200 hectáreas de selva en Maxcanú, en especial el Ejido Chactún, donde se metió maquinaria pesada, se desmontó la selva, se abrieron caminos y comenzó la extracción de tierra roja.
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8. México: sentencia del asesinato de Julián Carrillo brinda esperanza a comunidad indígena desplazada
Durante todo febrero y los primeros días de marzo del 2021, la voz de unos 20 indígenas desplazados, y algunos que aún viven en la comunidad de Coloradas de la Virgen, Chihuahua, se escuchó por primera vez en un tribunal. Fueron testigos en el juicio por los asesinatos de Julián Carrillo Martínez, ocurrido el 24 de octubre de 2018, y de su hijo Víctor, registrado en febrero de 2016.
Los jueces oyeron a cada uno de los 20 indígenas rarámuri y ódami contar cómo desde hace años personas ajenas al territorio han matado a sus autoridades tradicionales y a sus familias, cómo han talado sus bosques y en lugar de árboles, siembran amapola; cómo han quemado sus casas, cómo les han robado su ganado y cómo los han obligado a desplazarse de sus tierras.
El 12 de marzo de 2021, un tribunal de enjuiciamiento en el estado de Chihuahua emitió la sentencia por el asesinato de Julián Carrillo y su hijo Víctor: 48 años de prisión para uno de los autores materiales de los homicidios. Además, los jueces establecieron que el Estado mexicano falló en brindar protección a los defensores del territorio y que ahora tiene la obligación de reparar el daño a las personas que han sido desplazadas de Coloradas de la Virgen. También se deben garantizar las condiciones para que las familias tengan un regreso digno y seguro a su comunidad.
Para la familia de Julián Carrillo, la sentencia abre un sendero para regresar a Coloradas de la Virgen y recuperar su territorio. “Se está haciendo un poco de justicia”, dice uno de sus hijos. Aun así, el miedo es algo que no pueden alejar porque las amenazas persisten.
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En noviembre del 2000, el gobierno mexicano amplió la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca de 16 mil a 56 mil hectáreas. Eso implicó que a las comunidades que están dentro de la zona núcleo del área protegida se les prohibiera talar árboles.
Para poder compensar económicamente a los ejidos y comunidades que ya no podían hacer manejo forestal se creó el Fondo para la Conservación de la Monarca, uno de los primeros pagos por servicios ambientales en el país y que, hasta el momento ha logrado su objetivo: evitar que la tala se extienda y afecte los bosques que durante cada invierno reciben a la mariposa monarca.
Dos décadas después de la existencia del Fondo, la región se enfrenta a nuevos desafíos para la conservación de los bosques, entre ellos el cambio climático, la expansión del cultivo de aguacate y la presencia del crimen organizado.
“Acá se ha dado mucho derribo de madera. Se han presentado demandas, pero las personas que lo hacen, ahí siguen. No ha pasado nada. Ellos dicen que tienen permiso del ayuntamiento. Y talan para sembrar aguacate. Ese famoso oro verde va comiendo nuestro bosque”, dice una mujer que habita en los alrededores de la Reserva.
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En 1967, la pareja formada por Marcelino Yépez y Librada Gerón comenzó a salvar tortugas marinas en El Raudal, un pequeño poblado de pescadores en el municipio de Nautla, Veracruz. En ese entonces, no había leyes que protegieran a las tortugas, cuya caza y saqueo de sus huevos no tenían tregua.
Marcelino y Librada enseñaron a sus hijos a rescatar y cuidar tortugas atrapadas en las redes de pesca y a resguardar sus huevos. Ellos hicieron de la conservación una de las máximas de la familia y para ello fundaron un campamento tortuguero y la Fundación Yépez. Ahora, además, también dedican parte de su tiempo a la educación ambiental.
“Él (Marcelino Yépez) se agarraba a machetazos con los cazadores furtivos. Me tocó muchas veces que me dijera: ‘Escóndete’. Y de repente verlo sacar el machete, agarrarse a machetazos”, recuerda Ricardo Yépez, quien era un niño cuando su padre le enseñó buena parte de lo que hoy sabe sobre conservación de tortugas.
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El 2 de julio de 2020, en las inmediaciones de la plataforma petrolera KU-Charly, en el Golfo de México, la fractura de un ducto provocó un derrame de gas y con ello algo pocas veces visto: un incendio en medio del mar.
El ducto localizado 80 metros bajo el mar se fracturó como consecuencia de una tormenta eléctrica; el gas se incendió al migrar hacia la superficie marina debido a las descartas eléctricas que cayeron en el mar, de acuerdo con la poca información que proporcionó Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal más grande de México.
En su comunicado oficial, Pemex aseguró que la fuga se reparó y que el incidente no provocó daños en los ecosistemas marinos. Sin embargo, científicos y ambientalistas señalaron que es difícil determinar los impactos de un accidente de esta magnitud debido a la dispersión de los contaminantes.
“Los datos de Copernicus (plataforma virtual de observación a partir de imágenes satelitales, utilizada por investigadores) indican una elevación de NO2 [dióxido de nitrógeno] que se extendió hacia todos los estados costeros de esa región del país”, señaló el investigador Héctor Reyes Bonilla, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
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En la isla de Guadalupe, la quinta más grande de México, un grupo de científicos logró tener más posibilidades de garantizar un futuro a los albatros de patas negras (Phoebastria nigripes), una especie que ya resiente las consecuencias del cambio climático debido a que uno de sus principales sitios de reproducción, las islas al norte del archipiélago de Hawái, está desapareciendo por el aumento en el nivel del mar.
Para ayudar a esta ave, los científicos de la organización mexicana Grupo de Ecología y Conservación de Islas pusieron en marcha una innovadora estrategia para que los polluelos de la especie que está en riesgo fueran adoptados por los albatros de la especie Laysan (Phoebastria immutabilis) que se reproduce en la isla de Guadalupe.
Este proyecto de conservación es solo una de las varias acciones científicas que se han desarrollado durante los últimos 20 años para restaurar el ecosistema de la isla de Guadalupe y recuperar la población de aves nativas y endémicas afectadas por la introducción de especies exóticas como los gatos domésticos.
“El hecho de pensar que los albatros de Laysan están siendo parte de este proyecto de restauración, que están siendo padres adoptivos de polluelos de otra especie y que los están cuidando, criando, incubando como si fueran suyos es algo que me vuelve loco y me conmueve mucho”, dice Julio Hernández, oceanólogo y doctor en vida silvestre.
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El sábado 23 de enero, le dispararon a Fidel Heras Cruz cuando iba en su camioneta, en la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en Oaxaca. Su asesinato fue el primero que se registró en 2021 en contra de un defensor de ambiente y territorio en México.
El integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) participaba activamente en la defensa del río que pasa por su comunidad, Paso de la Reina, y del que una empresa extrae arena y grava sin permisos oficiales. Dos días antes de su homicidio, Fidel Heras recibió amenazas.
Los integrantes de COPUDEVER han luchado en contra de la instalación de proyectos hidroeléctricos y de la extracción ilegal de arena y grava.
“Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques les significa a estos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos”, se señaló en un pronunciamiento que difundió la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
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Los yaquis habitan la región centro-sur del estado de Sonora, al noroeste de México. Ellos están organizados en ocho pueblos que se distribuyen a lo largo de los 500 kilómetros por donde serpentea el Río Yaqui, su principal fuente de vida e identidad. Desde la conquista española, esta tribu —como ellos mismos se llaman— mantiene una resistencia por proteger su territorio y recursos naturales. En las últimas décadas esa lucha ha sido cada vez más dura ante la invasión de megaproyectos —entre ellos un acueducto y un gasoducto— y el crimen organizado.
A mediados de 2021, en julio, siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos yaquis, y tres personas más fueron víctimas de desaparición forzada.
Esta desaparición masiva se registró un mes después de que el gobierno federal propuso desviar el trazo original del gasoducto al que, durante años, se han opuesto los pueblos Yaqui. Pero también se presentó en un contexto en el que, dentro del territorio yaqui, hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras y la presencia del crimen organizado es aún más evidente.
“La Fiscalía de Sonora no abre una línea de investigación sobre el actuar de las empresas mineras. Le carga todo al crimen organizado, que también nos golpea, pero nosotros queremos que indague esas tácticas usadas por las trasnacionales contra la población”, dijo Guadalupe Flores Maldonado, vocero del pueblo yaqui Loma de Bácum.
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En 2015, la empresa forestal peruana Inversiones La Oroza protagonizó una historia que dejó al descubierto la exportación de madera amazónica de origen ilegal a países como Estados Unidos. Ante las evidencias, el gobierno del país del norte decidió prohibir la entrada a su territorio de madera que fuera comercializada por esa compañía peruana.
Una colaboración periodística transfronteriza, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y en la que participó Mongabay Latam, documentó las acciones que ha realizado Inversiones La Oroza para seguir con el negocio de las exportaciones de madera.
Uno de los hallazgos fue que a pesar de que Inversiones La Oroza exportó madera ilegal a México en 2015, en este país conservó a sus principales clientes: los hermanos Ceballos Gallardo, quienes son dueños de un gran emporio maderero y quienes mantuvieron activos sus negocios con la empresa peruana.
Y mientras en Estados Unidos se sancionó a Inversiones La Oroza, en el caso de México la empresa siguió exportando madera amazónica, pese a que en 2015 se documentó que vendió madera de la que no pudo acreditar su legal procedencia.
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Bonus track:
Desde 2016, María Dionicia Avilés se unió a otras mujeres para crear Guardianas del Estero El Conchalito, en La Paz, Baja California, y así hacer frente al robo del callo de hacha (Atrina maura), una especie de molusco bivalvo que se encuentra en el fango costero y uno de los productos del mar más codiciados por su textura y sabor.
La economía de estas mujeres y sus familias depende de la venta de callo de hacha, así que cansadas de ver cómo los pescadores furtivos explotaban el recurso, decidieron organizarse, transformarse en vigilantes de la zona, restaurar el estero donde se reproduce el molusco y cuidarlo para que cumpliera con su ciclo de vida.
Las guardianas del estero también pertenecen a la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada, la cual ha trabajado con los biólogos de la asociación Noroeste Sustentable para impulsar proyectos de restauración biológica, social y económica de esa región.
“Cuando venían a robarnos, que eran a todas horas, les hacíamos frente. A veces les ponchábamos las llantas de sus carros. Nos gritaban: ‘Vayan a su casa a lavar trastes, que andan haciendo aquí de mitoteras y chismosas’”, cuenta Avilés.
