FGR mantiene abierta investigación contra académicos del Conacyt y la reserva indefinidamente
Bajo el argumento de que se trata de una investigación que sigue en marcha y sin someter la decisión a su comité de transparencia, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió clasificar como información reservada por tiempo indefinido la carpeta de investigación iniciada en contra de los académicos denunciados por el Conacyt por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
En respuesta a una solicitud de información enviada por Animal Político en la que se pedía acceso a una versión pública de la indagatoria, la Fiscalía respondió que “bajo ninguna circunstancia” revelaría datos del expediente pues dijo, se trata de una investigación que continúa integrándose y no se ha cerrado.
“La información solicitada se encuentra en un expediente en trámite, es decir, expresión documental solicitada se clasifica como reservada, de conformidad con lo previsto por el artículo 110 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento, ni revelarla en su totalidad ni en versión pública, bajo ninguna circunstancia”, señaló la institución.
Ricardo Reyes Retana, abogado de una de las académicas denunciadas, reveló que desde hace un mes pidieron formalmente al Ministerio Público cerrar el caso ante la inexistencia —ya confirmada por el juez que negó las órdenes de aprehensión— de un delito cometido. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta de la FGR.
La carpeta de investigación que sigue en curso en contra de 31 académicos es la FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021 a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR (antes SEIDO). Dicha indagatoria se inició a partir de la denuncia presentada por la administración de María Elena Álvarez-Buylla en el Conacyt.
De lo que se les acusa es de haberse coludido en un “entramado criminal organizado” para desviar entre 2013 y 2018 casi 244 millones de pesos que fueron asignados al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. Dicha asignación, según la indagatoria, fue indebida ya que el foro se trataba de una asociación civil que no podía recibir dichos recursos.
Con esos argumentos la FGR pretendía que un juez federal ordenara la detención de todos los científicos por su presunta participación en tres delitos, y que los encerrara de forma preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Sin embargo, el juez rechazó esa petición al considerar que no existe delito que perseguir, pues la asociación civil a la que se destinó el recurso estaba contemplada en los estatutos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En ese contexto se requirió a la FGR a través de una solicitud de transparencia acceso a una versión pública de la carpeta de investigación por tratarse de posibles hechos de corrupción. Un argumento con el cual el INAI ya ha instruido la apertura de otros expedientes relacionados con posible corrupción como el asunto de Odebrecht.
Sin embargo, la Fiscalía respondió en un oficio fechado el 29 de noviembre que no era posible la referida desclasificación, pues la carpeta de investigación sigue en integración. Entre los argumentos que esgrimió dijo que revelar los datos podría poner en riesgo el éxito de esta ya que se pondrían sobre aviso a “aquellos que forman parte de la delincuencia organizada”.
“La información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño”, añadió la Fiscalía.
La institución dirigida por el fiscal Alejandro Gertz Manero sostuvo que no era necesario someter al Comité de Transparencia de la institución la decisión de clasificar indefinidamente esta indagatoria, debido a que dicho comité no tiene autoridad alguna sobre las decisiones que adopta un área de inteligencia y seguridad como en este caso es la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Esto de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública.
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El pasado 22 de septiembre un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, rechazó la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de los académicos denunciados tras considerar que estos no cometieron delito alguno. Ello ya que la asignación de los recursos a la asociación civil se hizo de acuerdo con las normas vigentes en aquel momento.
“Todos los hechos que invoca la fiscalía en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al foro consultivo científico y tecnológico, asociación civil, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho foro y en el estatuto entonces vigente”, señala la resolución del juez.
A partir de dicha resolución la defensa de Patricia Zúñiga Cendejas, exsecretaria y fundadora del Foro Consultivo, solicitó formalmente al Ministerio Público de la Federación decretar el no ejercicio de la acción penal y cerrar la carpeta de investigación. Una solicitud que hasta ahora no ha recibido respuesta.
En el escrito presentado por la académica ante la FGR, del que este medio tiene copia, los abogados argumentan que el juez que negó las órdenes de arresto, ya que concluyó que los hechos sobre los cuales se sustenta la indagatoria de la FGR no se traducen en ningún delito y, por lo tanto, no es posible mantener abierta la indagatoria ni siquiera por un ilícito distinto.
“Esta fiscalía federal puede realizar cambios respecto de la calificación jurídica, pero nunca podrá cambiar y/o variar los hechos circunstanciados que le atribuye a mi defendida (…) no existe, jurídicamente, reclasificación, revalorización o conversión que le pueda asistir a esta fiscalía federal para superar una resolución jurisdiccional que señala que en el fondo del asunto -en los hechos atribuidos- no existe delito alguno en contra de los imputados, por haber estado éstos amparados por el espectro de la legalidad”, indica el escrito de los abogados.
La defensa de la académica añade que al haberse determinado que la asignación de recursos del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. se realizó al amparo de la ley, es imposible que esta acción sea el punto de partida para concluir que se cometieron delitos como el lavado de dinero, peculado o crimen organizado. En términos legales: las conductas no se ajustan al tipo delictivo.
“En el presente caso, esta fiscalía nunca podrá acreditar el elemento típico ilícito debido a que, mi defendida, en la temporalidad de los hechos que le atribuyen, cometió las conductas en cuestión amparada por el derecho aplicable; tal como lo manifestó el juez federal”, añade el escrito.
Estos argumentos, entre otros, sustentaron la solicitud de la académica Zúñiga Cendejas de dar por concluida la indagatoria. Sin embargo, hasta ahora no se ha recibido una respuesta a dicha petición, como confirmó a este medio el abogado Ricardo Reyes Retana, quien lidera el equipo de defensa.
Por otro lado, el litigante confirmó que la Fiscalía ya les entregó una copia de la carpeta de investigación luego de que su representada se presentara a conocer el contenido de la misma tras recibir un citatorio ministerial. Hasta ahora son al menos seis los académicos que han comparecido en el Ministerio Público
“De la revisión de la carpeta de investigación es claro que no está acreditado el delito de delincuencia organizada ni ningún otro”, dijo Reyes Retana.
Desclasificación contra corrupción
Aunque las leyes general y federal de transparencia consideran por regla a las carpetas de investigación como información reservada, existen excepciones: que se trate de casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos o que tengan que ver con hechos de posible corrupción.
En ese contexto el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ha resuelto con anterioridad la desclasificación de indagatorias que se encuentran en curso y la elaboración de versiones públicas. Entre esos casos figuran, por ejemplo, la indagatoria por las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, la investigación por los presuntos sobornos y desvíos de Odebrecht, o las averiguaciones relacionadas con el accidente de la Línea 12 del Metro.
Incluso, en mayo el pleno del INAI instruyó a la Fiscalía General de la República desclasificar la información relacionada con posibles indagatorias de corrupción en contra de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
