Aumentaron fiscales, pero resolución de casos disminuyó 20% y nivel de impunidad de homicidios sigue en 90%
Entre 2016 y 2020, el número de fiscales y agentes del Ministerio Público aumentó 23%, lo cual generó una disminución del 12.6% de la carga de trabajo de las diferentes fiscalías en el país.
Sin embargo, esta mejoría -se pasó de 8.4 fiscales por cada 100 mil habitantes a 10.4- no se ha visto traducida en resultados positivos en el combate a la impunidad, de acuerdo con el Índice Estatal de Desarrollo de Procuradurías y Fiscalías 2021, elaborado por la organización civil Impunidad Cero.
De 2019 a 2020, ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el informe refiere que la efectividad en la resolución de los casos disminuyó 20%, lo que ha generado también una disminución en la probabilidad de esclarecimiento de los delitos, la cual pasó de un ya de por sí bajísimo 1.3% en 2019 a un 1% para 2020; aunque cabe matizar que, en 2017, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la probabilidad de que un delito fuera esclarecido era todavía más baja: del 0.9%.
El estudio refiere que en los últimos seis años se produjo un leve repunte del 12% en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de procuración de justicia.
Sin embargo, la ‘cifra negra’ de delitos que no se denuncian también aumentó un punto porcentual de 2019 a 2020, pasando del 92.4% al 93.3%. Es decir, que solo una muy pequeña parte (5.7%) de los delitos llega al conocimiento de las autoridades, y de esos, solo un 1% se resuelven; manteniéndose la tendencia de gobiernos pasados.
Por otra parte, la impunidad en los delitos de homicidios dolosos, el de mayor impacto social, se mantuvo en 2020 con niveles de casi el 90%. Esto es, de cada 100 asesinatos que suceden en el país, solo alrededor de 11 cuentan con una sentencia condenatoria.
“Esto es preocupante ya que las víctimas de homicidio doloso en el país aumentaron 93% de 2015 a 2020”, advierte el informe, que se elaboró a partir de solicitudes de transparencia a las fiscalías y de fuentes de información públicas.
El estado de Morelos, con un nivel de impunidad en los asesinatos denunciados del 99.6% -es decir, prácticamente todos quedan impunes- es el estado que ocupa el primer lugar en este ranking, seguido muy de cerca de Oaxaca (99.4%) y Guerrero (98.8%). Del lado opuesto se encuentran los estados de Yucatán (24.2%) y Nuevo León (35.9%).
En cuanto al total de órdenes de aprehensión giradas en 2019, solo se logró cumplimentar menos de la mitad: el 47.5%; una cifra lejana al 57.9% de 2017.
Tras analizar estos indicadores, el Índice de Impunidad Cero determinó que la fiscalía con mejor desempeño global fue la de Nuevo León, con 68.6 puntos de 100.
Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, planteó en entrevista con Animal Político que la fiscalía neoleonense es la institución con la menor cantidad de ministerios públicos por 100 mil habitantes, y por lo tanto la que cuenta con la mayor carga de trabajo: 458.8 casos anuales por fiscal.
Sin embargo, es la institución en la que más confianza tienen las personas en todo el país, una de las entidades que más invierten en la fiscalía, y una de las que menos tiempo de espera tiene para denunciar un delito. Además, Nuevo León se ubicó en el primer lugar del índice de transformación digital, destacando su sistema que permite denunciar vía remota mediante una plataforma o videollamadas.
Las fiscalías de Yucatán (68.4 puntos); Chihuahua (65.6); Guanajuato (63.6) y Sonora (61.5), son las otras que mejor puntuación obtuvieron.
“Destaca el caso de la fiscalía de Sonora, que ha mejorado muchísimo”, subrayó Tello, que apuntó que en esta edición entró al top 5 de las mejores fiscalías, cuando en años previos no figuraba ni entre las diez primeras. Esto se debe principalmente, expuso, a que en los últimos cinco años incrementó el presupuesto de la institución y es la fiscalía con el menor tiempo de espera para denunciar a nivel nacional y la segunda con mayor efectividad en órdenes de aprehensión cumplidas.
Por el contrario, las fiscalías con peor desempeño son las de Puebla (36), Morelos (36.1), Veracruz (36.2), Nayarit (37.3), y Oaxaca (40.2).
En el caso de Puebla, Irene Tello señaló varios elementos que la ubican en último lugar del ranking. Por ejemplo, es la cuarta institución con el menor presupuesto del país, por detrás de Veracruz, Yucatán y Tlaxcala. Además, es una de las instituciones con menos agentes del MP por 100 mil habitantes, con altos tiempos de espera y la séptima con mayor impunidad en homicidios dolosos, lo cual, a su vez, hace que sea la segunda entidad en la que menos confía la población para denunciar.
Fiscalía de la CDMX, la menos confiable
En cuanto al desempeño de las fiscalías por indicadores, algunos de los resultados más llamativos del informe de Impunidad Cero son los siguientes.
En lo referente a los niveles de confianza, la fiscalía mejor valorada por los ciudadanos en 2021 fue la de Nuevo León, como ya se expuso, con un nivel de confianza de casi el 20%.
Le siguen la de Aguascalientes (19.4%), Yucatán (18.4%) y Zacatecas (16.3%).
Mientras que las fiscalías y procuradurías menos confiables fueron las de Ciudad de México (4.2%), que ocupa el primer lugar en este ranking negativo; Puebla (6.2%), el Estado de México (7.3%) y Tlaxcala (7.4%).
No obstante, en la fiscalía mexiquense se percibió una leve mejora en este índice: pasó de un nivel de confianza del 4.4% en 2016, a 7.3% para 2021; y la de Tabasco, cuyo porcentaje de confianza pasó de 8% a 13.1%.
Otras fiscalías que mejoraron su nivel de confianza hacia la ciudadanía fueron las de Sinaloa (pasó de 11.1% en 2016 a 15.9%) y la de Tamaulipas (pasó de 9.1% en 2019 a 15.2% en 2021).
Por el contrario, la Fiscalía de Puebla experimentó un retroceso: de un nivel de confianza de 8.2% en 2016, bajó a 6.2% para 2021.
Guanajuato, la fiscalía más efectiva
La fiscalía que tuvo una mayor efectividad en la resolución de casos en 2020 fue la de Guanajuato, con un 37.4%, seguida de Chiapas (35.6%), Querétaro (29.2%) y Baja California (27.1). Por su parte, las fiscalías peor evaluadas en este rubro son las de Guerrero (3.5%), Aguascalientes (4%), Quintana Roo y Baja California Sur (4.8%).
Ahora bien, en cuanto a la probabilidad del esclarecimiento de un delito, es decir, que el asunto se denuncie y se resuelva, la fiscalía del estado de Guanajuato es la mejor valorada, pero con apenas un 2.99%.
Le siguen los estados de Baja California (2.77%) y Chiapas (2.42%).
Por el contrario, los estados en los que hay una menor probabilidad de que se esclarezcan los delitos denunciados son Guerrero (0.1%), Quintana Roo (0.25%) y Aguascalientes (0.26%).
“Si bien los estados de Guanajuato, Baja California, Chiapas y Querétaro tienen la mayor probabilidad de que los delitos se esclarezcan, en todos los casos la probabilidad es menor a 3%, lo que resalta la urgencia de que estas instituciones fomenten la denuncia, mejoren sus porcentajes de efectividad y la calidad de la información necesaria para la medición de este indicador”, subrayó Impunidad Cero en el informe.
En cuanto al cumplimiento de las órdenes de aprehensión, las fiscalías de los estados de Yucatán (71%), Sonora (70.9%), y Tlaxcala (70.8%), son las que cuentan con los mayores porcentajes de cumplimiento.
En este apartado, el estudio destaca el caso de Sonora, que pasó de un porcentaje de cumplimiento de 25.3% a 70.9% para 2019.
Los estados de Nayarit (8.7%), Campeche (14.2%) y Ciudad de México (23.2), son los que presentaron un menor cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas.
Por último, la fiscalía con mayor porcentaje de delitos que tardaron más de cuatro horas en ser denunciados durante 2020 fue la de San Luis Potosí (51.3%), seguida del Edomex (46.9%) y la Ciudad de México (45%).
Ante estos datos, la directora ejecutiva de Impunidad Cero, Irene Tello, concluyó que “sigue habiendo un cuello de botella en la procuración de justicia”.
“Hemos visto mucho énfasis en la parte de la reforma al sistema judicial, y se está haciendo hincapié en el tema de los policías, lo cual es importante”, planteó.
“Pero tenemos olvidadas a las fiscalías, que son los actores centrales para luchar contra la impunidad en el país. Por eso tenemos que voltear a ver qué está pasando en las instituciones de procuración de justicia y exigirles resultados, pero también ver qué es lo que hace falta para que mejoren su desempeño y bajen los niveles de impunidad en todos los delitos”, concluyó la activista.
Puedes leer el informe completo aquí:
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