La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo público un informe en el que asegura que al menos 70 mil migrantes fueron “víctimas de tráfico y secuestro en México” entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2020.
Según el documento, los operativos contra el tráfico de migrantes “han aumentado en promedio en 600%” y “las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas”, y que las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
Este informe permaneció engavetado durante más de un año hasta que en febrero de 2020 Animal Político hizo públicos algunos de los testimonios recogidos por oficiales de la CNDH en sus recorridos por diversas estaciones migratorias de la República. Estas publicaciones probaron que la CNDH tenían conocimiento desde septiembre de 2019 de graves violaciones a los derechos humanos sufridas por migrantes a su paso por México, entre los que se encuentran asesinatos, violaciones o reclutamiento forzoso por parte del crimen.
Un mes después, la quinta visitadora, Elizabeth Lara Rodríguez, dimitió de su puesto, aunque no se dieron detalles sobre los motivos de su marcha. Tras su abandono, fue sustituida por Raúl Ramírez, quien actualmente está al frente de la dependencia.
Según informó la CNDH, el informe evalúa “las acciones realizadas en ese periodo por las autoridades migratorias, así como por las encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de personas migrantes en México”.
“Para contar con información de primera fuente, la CNDH levantó la Primera Encuesta Nacional en 48 Estaciones Migratorias sobre las Condiciones de Viaje en México 2021 de las personas en movilidad, aplicando mil 174 cuestionarios en una muestra representativa diseñada por la Universidad La Salle de México”, dijo la CNDH en un comunicado, en el que señaló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estuvo a cargo del desarrollo de un apartado especial sobre el tráfico ilícito de migrantes en México.
“De los distintos informes rendidos por las autoridades, la CNDH advierte que México no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia y protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales”, dice la institución que dirige Rosario Piedra Ibarra.
A través del informe, la CNDH emitió 13 propuestas generales y 44 propuestas particulares para que las autoridades mexicanas emprendan acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes.
Entre las propuestas generales: “la urgente necesidad de cumplir el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado competentes para garantizar la seguridad pública, de prevenir la comisión de conductas delictivas y, en su caso, investigar los delitos que lleguen a cometerse, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando que no queden impunes”.
Por su parte, entre las propuestas específicas más relevantes se encuentra aquella dirigida al Instituto Nacional de Migración para que adopte mayores medidas para facilitar el ingreso y tránsito de las personas migrantes de forma regular, a fin de que no recurran a vías clandestinas, de modo que se reduzca el riesgo a ser objeto de delitos y/o violaciones a sus derechos humanos y fomentar la denuncia.