“No cometí delito alguno… No recibí un soborno de Altos Hornos ni de ninguna empresa privada… querer reparar el supuesto daño no significa aceptar ninguna culpa… soy inocente…”
Con esas palabras el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se defendió por primera vez frente a un juez de las acusaciones de haber recibido más de diez millones de dólares en sobornos de las empresas Altos Hornos y Odebrecht, vertidas en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR).
A diferencia de declaraciones previas rendidas ante el Ministerio Público, donde Lozoya no había querido abundar sobre si él se quedó o no con recursos ilegales, en esta ocasión el exdirector insistió en que no se había enriquecido con dinero ilícito y que, si bien recibió pagos de varias compañías, eso fue producto de “asesorías” y otros servicios que les realizó desde la esfera privada.
Y en el caso específico de Odebrecht, señaló sin entrar en mayores detalles que fue utilizado por otros para cometer hechos de los que no se benefició.
Incluso defendió la legalidad y el potencial beneficio detrás de la compra de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos, la cual según diversas auditorías estaba en condiciones de chatarra al momento de ser adquirida con sobreprecio. El exfuncionario dijo, de entrada, que esa fue una compra que autorizaron los consejos administrativos de tres empresas filiales de Pemex.
Añadió que en el año en que se realizó esta inversión la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró anomalías en torno al procedimiento ni sobreprecios. Y dijo que firmas certificadoras internacionales, entre ellas White & Case, ratificaron que el valor que tenía el complejo – y que fue pagado por Pemex – era el correcto.
Y Lozoya fue más allá: dijo que se tenía un acuerdo preliminar con la empresa noruega Yara Internacional, una de las compañías de la industria química más grandes del mundo, para comprarle a Pemex el complejo de Agronitrogenados a través de una inversión que alcanzaba los mil millones de dólares. No obstante, culpó a directivos que lo sucedieron en el cargo – como Carlos Treviño y José González Anaya – de no haber aprovechado dicha oportunidad.
“Se recibió esta oferta de la empresa más grande del mundo en este sector. ¿Ustedes pueden creer que hubieran ofrecido eso si fuera un mal negocio? Lamentablemente cuando yo salí (de Pemex) los que me sucedieron en el cargo cancelaron este acuerdo”, aseguró Lozoya.
El exdirector de la compañía estatal justificó, además, que adquirir el complejo de Agronitrogenados fue parte de una estrategia impulsada por la oposición para invertir en la producción de fertilizantes, lo cual fue un acuerdo establecido en el llamado pacto por México. Lozoya justificó que dicha estrategia se basaba en la tesis de que era más barato producir fertilizantes en el país que importarlos.
Pero… ¿Recibió Emilio Lozoya pagos por 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) previo a que asumiera el cargo como director de Pemex? El exfuncionario reconoció ayer ante el juez que sí, pero negó que se tratara de sobornos para favorecer a dicha compañía con contratos como lo sostiene la FGR.
Según Lozoya, dichos pagos fueron resultado de un trabajo de asesoría que por más de dos años le brindó a AHMSA y que tenían por objeto el desarrollo de un proyecto para la construcción de un tren Toluca-México. Proyecto que finalmente no se pudo concretar.
“Hay miles de horas de trabajo invertidas detrás de ese proyecto que si se hubiera concretado hoy ese tren ya estaría concluido. Y no estaría sucediendo lo del actual proyecto” dijo el exfuncionario.
En un tono por momentos irónico, el exfuncionario descalificó las acusaciones de lavado de dinero vertidas en su contra y de AHMSA por los fiscales. Recordó que dicha compañía es una empresa inscrita en el mercado de valores, que cotiza en la bolsa, y cuyas transacciones son por obligación pública.
El exfuncionario insistió en que todas las aportaciones que recibió del sector privado fueron previas a su trabajo como director de Petróleos Mexicanos.
“Con todo respeto y no es una crítica. Pero con todo respeto creo que hay aquí muchas apreciaciones sin sustento”, sostuvo Lozoya.
Aunque la audiencia de ayer solo era para la revisión de la medida cautelar impuesta a Lozoya por el caso Agronitrogenados – y que tuvo como resultado la imposición de una segunda prisión preventiva – la sesión fue aprovechada por el propio exdirector de Pemex y sus abogados para anunciar que buscarán el cierre de los casos antes de que lleguen a la fase de juicio. Ello a punta de propiedades y dinero para reparar el daño.
En el caso de la planta Agronitrogenados, lo que el exfuncionario ofreció es entregar a Pemex las escrituras de su residencia en la colonia Lomas de Bezares en la Ciudad de México. Según sus avalúos preliminares, el valor de esa residencia supera en más de 400 mil dólares a los 3.4 millones que según la acusación de la FGR fue lo que recibió como producto del presunto lavado de dinero.
En el caso de Odebrecht el panorama es más complejo. Lo que intentarán, según explicó el abogado defensor Miguel Ontiveros Alonso a Animal Político es “garantizar” el pago de reparación. Es decir: firmar un compromiso de pago con la víctima (en este caso Pemex) en el que se establecerá que se “irá pagando” el monto a plazos y en un periodo que será de hasta tres años.
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“Entre la familia están reuniendo varias propiedades que, sin embargo, creemos que no alcanzaría. Se requerirá de una aportación también en efectivo y para ello se buscará un financiamiento Es una situación similar a la que ya ocurrió con Ancira”, dijo Ontiveros.
Lo que no está claro es cuál sería el monto de la reparación por el tema Odebrecht. Si bien se le acusó a Lozoya de haber recibido poco más de 1 millón de dólares a través de una empresa fachada de nombre Zecapan, sus abogados añadieron que los fiscales y Pemex estarían reclamando montos que podrían superar los 6 o hasta 9 millones de dólares.
Para esclarecer este punto, los abogados indicaron que enviaron un oficio al actual director General de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para solicitarle formalmente que inicien las pláticas en torno a llegar a los acuerdos reparatorios para los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
No obstante, tanto Lozoya como sus abogados insistieron en que esto no significa el reconocimiento de ninguna responsabilidad ni de haber cometido delito alguno.
“Si bien es de mi interés zanjar las diferencias no quiere decir que yo esté aceptando alguna culpa en un delito. Lo digo con todo respeto. Se trata de una supuesta reparación del daño”.
En la audiencia de ayer los abogados de Lozoya Austin, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, se quejaron del encarcelamiento preventivo de su cliente por los dos procesos iniciados en su contra, pese a que aceptó colaborar con el Ministerio Público para denunciar casos de corrupción donde presuntamente estarían implicados personajes de alto nivel como el expresidente Enrique Peña Nieto.
Ontiveros Alonso recordó que su cliente aceptó regresar a México tras renunciar a su juicio de extradición. Desde España, Lozoya dirigió una carta al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, donde se comprometió a colaborar con las autoridades, situación que ha hecho hasta la fecha.
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“Pero ahora el distinguido señor Emilio Lozoya está privado de su libertad pese a esa confianza que manifestó en las autoridades y la justicia mexicana. Consideramos que no es la consecuencia adecuada para un testigo que está colaborando con el Estado en el esclarecimiento de hechos de gran trascendencia”, dijo el litigante.
La denuncia que el exdirector de Pemex interpuso en agosto de 2020 en contra de numerosos funcionarios sí ha dado resultados, según sus abogados. Recordaron que ya se encuentran judicializados casos en contra de dos exlegisladores (Jorge Luis Lavalle Maury y Ricardo Anaya), y se espera que la Fiscalía proceda en contra de otros implicados, entre los cuales figura el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Con la resolución tomada ayer por el juez Artemio Zúñiga, el exdirector de Pemex ya acumula dos medidas cautelares de prisión preventiva dictadas en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Lo que aún falta es que dichos procesos avancen hacia un juicio oral o hacia una posible salida alterna.
Como ya se había informado, en el caso de Odebrecht el juez le dio un periodo extra de un mes a los abogados de la defensa – que vence el 3 de diciembre – para preparar las pruebas en favor de su cliente.
Lo que se prevé, porque la FGR lo adelantó, es que apenas concluya este periodo se solicite al juez audiencia para presentar la acusación formal en contra del exfuncionario.
La revelación de dichas pruebas será la última oportunidad que tendrán Lozoya y sus abogados para llegar a un acuerdo con sus contrapartes. De lo contrario, el caso avanza hacia un eventual juicio a realizarse en 2022.
Y por lo que respecta al tema de Agronitrogenados el periodo de definición vence el 19 de noviembre. Los abogados de Lozoya han referido su intención de buscar a Pemex para cubrir todo el daño, y con ello que el caso quede cancelado. En ese contexto se espera una nueva audiencia de este caso en la última semana de este mes.