Gobierno decreta que otorguen permisos a obras prioritarias y las clasifica de seguridad nacional
El gobierno federal publicó un decreto por el cual los proyectos y obras prioritarias contarán con permisos provisionales y serán clasificados como seguridad nacional.
El acuerdo publicado este 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ordena a dependencias a otorgar los permisos necesarios para iniciar los proyectos u obras que sean consideradas prioritarias para el gobierno.
Esto, para “garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”, de acuerdo con el artículo segundo del acuerdo publicado.
“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el decreto, que alarga por un año los permisos provisionales para obras prioritarias.
De acuerdo con el propio decreto los proyectos asociados pueden estar asociados a infraestructura de en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulicos, hídricos, de medio ambiente, turísticos, salud, vías férreas, ferrocarriles, así como energéticos, puertos, aeropuertos y “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del gobierno de López Obrador presentan un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en cuanto a contrataciones se refiere, están mal diseñados o se empezaron a construir antes de contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad, y acumulan irregularidades en el gasto de más de 1 mil 500 millones de pesos en tan solo el primer año de la nueva administración.
INAI analiza vía legal para defender el derecho la información
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) analiza el acuerdo por el que los proyectos y obras del gobierno de México son considerados de “interés público y seguridad nacional”, para garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.
A través de un comunicado, informó que las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.
Señala que al ser consideradas las obras de “seguridad nacional”, una de las causales de reserva de información previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
“El INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información, facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, evalúa si dicho Acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo”, señala.
Decreto podría ser impugnado: Bonifaz
Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM, afirmó que el decreto que otorga permisos a obras prioritarias y las clasifica de seguridad nacional no tiene un fundamento legal y puede ser impugnando.
Señaló que se podría ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar un amparo, una acción o una controversia constitucional contra el documento.
Detalló el acuerdo solo hace referencia al artículo 90 Constitucional, que es lo referente a las dependencias de la administración pública y los artículos de cada una de ellas y sus funciones, pero olvidaron las leyes que regulan la obra pública, las telecomunicaciones, las que dicen los trámites a seguir.
“Es un grave error de la Consejería Jurídica porque no tiene un fundamento legal y es muy delicado. El decreto ya está puesto y tendrá que ser expulsado, decimos del orden jurídico, pero alguien tendrá que impugnarlo”, señaló en entrevista en el programa Así las Cosas, en W Radio.
Advierte que está injerencia, “casi legislando”, es lo que podría ser impugnado a través de una controversia constitucional, que podrían promover las Cámaras por la “invasión es hacia el Legislativo”.
Bonifaz indicó que muchas personas afectadas también podrían irse a amparos específicos; recordó que el INAI también por el tema de transparencia puede ir a una acción de inconstitucionalidad.
“Si eres el servidor público que tiene que cumplir este decreto, estás en un aprieto porque tienes una ley que dice una cosa y un decreto que te dice otra, las leyes prevalecen sobre el decreto. No lo podrían sancionar”, dijo.
