Comisión del Tribunal Electoral busca desarmar redes de nepotismo
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) creó una nueva Comisión de Fortalecimiento institucional que tendrá entre sus objetivos detectar y desarmar redes de nepotismo dentro de la Sala Superior y las Salas Regionales, adelantó la magistrada Janine Otálora, quien será la coordinadora del nuevo órgano interno.
La magistrada, que fue presidenta de la Sala Superior dos años, dijo que se analizará cómo han sido contratados los familiares de funcionarios que laboran en el TEPJF y si están cumpliendo con el trabajo por el que se les paga.
Agregó que también se discutirá entre los integrantes de la Sala Superior qué normativa se puede formular para atacar el problema del nepotismo.
“Es un tema que ha sido recurrente en el seno del Poder Judicial de la Federación, sobre todo dentro del Consejo de la Judicatura, es decir, de juzgados y tribunales colegiados, y me parece que es algo que tendremos, en efecto, que reflexionar cómo normarlo y cómo hacer que, quienes estén vinculados justamente por algún tema familiar, sea gente que haya sido contratada por méritos y que esté cumpliendo con sus funciones”, dijo en entrevista con Animal Político.
La Comisión de Fortalecimiento deberá elaborar en seis meses una propuesta de trabajo para someterla a consideración del Pleno de la Sala Superior.
Presidido por el magistrado Reyes Rodríguez, titular del TEPJF, en el nuevo órgano transitorio participan las siete magistraturas de la Sala Superior y un representante de las Salas Regionales.
La finalidad de la Comisión de Fortalecimiento es evaluar el Reglamento Interno del Tribunal Electoral y proponer reformas necesarias para eficientar su funcionamiento administrativo y mejorar el ejercicio del gasto, con la finalidad de que no se repitan casos como el del mal uso de las tarjetas de crédito institucionales.
Otálora explicó que, mediante reuniones mensuales entre los magistrados, se propondrán temas que haya que mejorar en el Reglamento Interno o que deban ser incluidos en dicha normatividad.
“Sentíamos la necesidad de hacer un diagnóstico, de dónde está la institución desde el punto de vista administrativo, un poco jurisdiccional, y ver qué es lo que necesita y qué es lo que puede abonar para mejorarla”, expuso.
La magistrada adelantó que uno de los factores a revisar es el turno de los asuntos a las ponencias, que actualmente se realiza por orden alfabético de los magistrados.
Expuso que se buscará que ahora el orden de los turnos sea automatizado y aleatorio, lo que garantizaría que no se pueda saber de antemano a qué magistrado le podría tocar un asunto.
“Actualmente el turno se lleva a cabo de manera manual en base a la hora a la que van entrando los asuntos, y desde que yo estaba en la presidencia ya se había trabajado el tema del turno aleatorio, es decir, de un turno a través de un sistema y ya no por orden alfabético, sino totalmente aleatorio y (por) computadora.
“Es un tema que quedó en el tintero y que es importante porque, así como modificamos el turno de los asuntos de gubernaturas, si usted recuerda, antes era por orden alfabético, ahora es un sorteo, entonces esto también hace que no se sabe a quién le va a tocar (elaborar la sentencia sobre) una gubernatura, en cambio que antes sí se sabía a quién le tocaba la siguiente, y eso nos permitió fortalecer finalmente el turno y fortalecer sobre todo la transparencia y la certeza para los actores políticos”, expuso Otálora.
Señaló que también se revisará qué trámites se pueden realizar aprovechando las tecnologías de la información.
“Por ejemplo, el juicio en línea, que fue creado durante la pandemia, no está en el Reglamento, está en un acuerdo, y obviamente el Reglamento tiene mayor fuerza que un acuerdo, simplemente porque, para modificar el Reglamento, se requiere la aprobación de las siete magistraturas y además el visto bueno de la Comisión de Administración”, explicó.
En cuanto al ejercicio de los recursos públicos, dijo que se definirá mejor qué proyectos presupuestarios serán sometidos a la consideración de la Comisión de Administración, tras los casos en que un magistrado presionó para que se gastara en la adquisición de camionetas blindadas.
“Podemos fortalecer desde las áreas financieras la elaboración de los proyectos, qué proyectos son realmente prioritarios, en un momento en que, además, está habiendo reducciones del presupuesto para todos los órganos (autónomos)”, comentó.
Otálora reconoció que en la revisión del ejercicio del gasto no se considerará una reducción al ingreso de los magistrados electorales, que perciben alrededor de 3.2 millones de pesos netos al año.
“Eso no entraría en el tema de la normativa, sino la idea es mucho más agilizar los procedimientos, porque agilizando los procedimientos administrativos finalmente se reducen tiempos y hay un ahorro de recursos tanto humanos como financieros”, detalló.
A pregunta expresa, señaló que fortalecer la vigilancia del gasto público serviría para evitar el mal uso de la tarjeta de crédito institucional a la que tienen acceso las magistraturas de la Sala Superior, como dio a conocer Animal Político en julio.
“Eso me parece que es de los procedimientos que tienen que ser revisados justamente para evitar esta situación, que el uso del recurso público sea realmente para lo público y que sea transparentado”, dijo.
Otálora consideró que quedó superada la crisis que vivió el TEPJF luego de que una mayoría de magistrados depuso a José Luis Vargas Valdez como presidente de la Sala Superior acusándolo de mal desempeño de su cargo.
“La crisis en efecto ya quedó superada, y la intención es relanzar el diálogo en el seno de la Sala Superior, relanzar la colegialidad, son unos de los puntos fuertes de la creación de esta comisión”, indicó.
