CFE oculta contratos con empresa sancionada por corrupción en AL y Europa
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó hacer públicos contratos de energía renovable suscritos con la filial mexicana de Acciona Energía, una empresa española socia de Odebrecht que ha sido indagada y sancionada por países de América Latina y Europa por cometer actos de corrupción, y a la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incluido en investigaciones de presunto lavado de dinero en México.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Animal Político solicitó a la empresa productiva estatal que reportara sus contratos con la razón social Acciona Energía Servicios México S. de R.L. de C.V., que se especializa en la generación de energía eólica, parte de la cual vende a la CFE.
La empresa dirigida por Manuel Bartlett afirmó que no encontró los contratos solicitados, a pesar de que hay indicios públicos de que, desde hace años, ha existido una relación comercial con dicha razón social, según constató el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) durante la elaboración de un recurso de revisión.
La posición de la CFE también es contradictoria con informes oficiales en los que la propia empresa productiva del Estado reconoció que sí tiene negocios de generación de energía limpia con Acciona.
Proveedor incómodo
En marzo, Animal Político dio a conocer que, de acuerdo con una investigación de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Acciona Energía se asoció en México con la compañía Enerxiza Wind, supuestamente vinculada al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue denunciado por la FGR por supuestos delitos de lavado de dinero y fraude fiscal.
Según la indagatoria, ambas empresas se asociaron para ganar en 2016, de manera ventajosa, la licitación para la construcción y operación del parque eólico El Cortijo, en Reynosa, que genera energía limpia para después venderla a la CFE.
La posibilidad de vender energía renovable a la empresa estatal fue un esquema de negocio derivado de la reforma energética avalada en el peñismo.
Aunque la adjudicación para construir El Cortijo tuvo lugar en septiembre de 2016, un mes antes de que Cabeza de Vaca asumiera la gubernatura, las negociaciones encaminadas a ganar el proyecto eólico comenzaron tiempo antes, en el marco de la aprobación de dicha reforma, cuando el panista se desempeñaba como senador de la República, de acuerdo con la UIF.
La institución de inteligencia financiera señaló que Cabeza de Vaca tenía participación en Enerxiza Wind a través de un presunto prestanombres identificado como Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien fungía como accionista de la compañía y que fue detenido en julio pasado.
Los nexos de Enerxiza Wind con el gobernador tamaulipeco no sólo conducen a su presunto prestanombres. Conforme la acusación de la UIF, esta compañía señaló su domicilio fiscal en el Ejido de La Retama, en Reynosa, donde comparte sede con una empresa de la familia Cabeza de Vaca, Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL.
De acuerdo con la investigación, Enerxiza Wind, en colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) –en la que un pariente del gobernador era directivo–, promovió desde 2012 la instalación de una torre anemométrica para hacer estudios eólicos, a fin de determinar la viabilidad de construir un parque en la comunidad de El Cortijo.
Un año después se certificó la factibilidad de la obra, con lo que se determinó procedente la construcción y se declaró una Temporada Abierta para que los licitantes presentaran sus propuestas.
En sociedad con Acciona, la empresa Enerxiza Wind concursó y ganó la licitación para la construcción del proyecto, cuya viabilidad ella misma promovió, con lo que prácticamente fue juez y parte. A la postre, Enerxiza dio el control total del parque eólico a la compañía española.
Los cuestionamientos hacia Acciona Energía no sólo están en México. La empresa está bajo investigación de la Fiscalía de Ecuador por sospechas de corrupción en un contrato ganado en consorcio con Odebrecht en 2015 para construir un tramo del Metro de Quito, por un monto de mil 500 millones de dólares.
A su vez, la Fiscalía de Colombia indaga a ambas firmas por presuntamente haber simulado competencia en una licitación en ese país.
En 2019, el Banco Mundial vetó por dos años y medio a una filial de infraestructura de Acciona en Bolivia por cometer irregularidades en una oferta y mentir sobre los avances de una obra.
Y en Europa, la justicia española ha multado y encarcelado a exdirectivos de la empresa y exfuncionarios públicos por un escándalo de corrupción relacionado con una obra en la comunidad autónoma de Aragón y que es conocido como el “caso Plaza”.
Negocios en México a la vista
Acciona Energía ha tenido contratos en México desde hace, al menos, una década, y fue de las primeras empresas privadas en aprovechar la posibilidad de vender electricidad a la CFE a raíz de la reforma energética del peñismo.
La compañía española construyó y opera siete instalaciones eólicas en el país, según su sitio oficial. Entre sus proyectos están tres parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec y uno más en La Venta, en Oaxaca. También opera los parques eólicos San Carlos, El Cortijo y Santa Cruz, en Reynosa, Tamaulipas, así como la planta solar fotovoltaica Puerto Libertad, en Sonora.
En julio de 2016, Acciona difundió que había suscrito con la CFE su primer contrato de venta de energía y Certificados de Energías Limpias (CEL) para un suministro anual de 585.7 gigavatios por hora (GWh) durante 15 años. La empresa indicó que la energía para dicho contrato se generaría en el parque eólico El Cortijo, en Tamaulipas.
Luego, en julio de 2017, Acciona informó de dos nuevos contratos, esta vez con la filial CFE Calificados, como resultado de una subasta de largo plazo convocada ese año por la empresa estatal.
Uno de esos contratos, a 20 años, fue para la venta de 49 mil 500 CEL anuales generados en la planta solar Puerto Libertad, mientras que el otro, también a 20 años, fue para la venta de 5 mil CEL anuales generados en el parque eólico El Cortijo (un CEL equivale a la producción de 1MWh de energías renovables).
En sus Informes Anuales 2018 y 2019, según constató este medio, la propia CFE dio cuenta de los contratos asignados a Acciona como parte de subastas de largo plazo, instrumentos que permiten a la empresa productiva cumplir sus obligaciones de cubertura energética mediante la compra a privados de Energía Limpia y Potencia y de Certificados de Energía Limpia.
Asimismo, en respuesta a una solicitud de información de diciembre de 2018, la CFE confirmó a un solicitante la existencia de un contrato entre su Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y Acciona, como muestra esta acta del Comité de Transparencia de la paraestatal.
Desde marzo de este año, Animal Político solicitó a la empresa productiva una relación de todos los contratos suscritos con Acciona Energía, o cualquiera de sus filiales en México, para la compraventa de energía limpia o CEL, desglosando el costo unitario del producto contratado, los montos pagados al proveedor y la fecha de inicio y término de la relación contractual.
Pero, a pesar de todos los indicios públicos y evidencias, la CFE sostuvo que no tiene contratos con la compañía española, lo que dio pie a la apertura del recurso de revisión RRA 5742/21, a cargo de la ponencia del comisionado Adrián Alcalá, en el que el INAI revocó la respuesta negativa debido a la falta de exhaustividad con que el sujeto buscó la información requerida.
En un primer momento, la empresa productiva del Estado hizo la búsqueda sólo en dos áreas: la subsidiaria CFE Generación V y la filial CFE Calificados S.A. de C.V., las cuales afirmaron que no tenían los contratos en sus archivos, no obstante que esta última fue la que, en 2017, compró 54 mil 500 CEL anuales a Acciona a un plazo de 20 años.
La CFE arguyó que sólo hizo la búsqueda en esas dos instancias debido a que “no hay otra área o unidad administrativa que resulte facultada para conocer de la materia de lo solicitado por la parte inconforme, de modo que turnar el reclamo informativo a áreas adicionales resultaría ocioso e infructuoso”.
El INAI criticó la falta de exhaustividad de la respuesta, pues la CFE no hizo la búsqueda en más áreas competentes, y además, señaló, los comunicados emitidos por Acciona en 2016 y 2017 son “indicios que apuntan a la existencia de la información”.
“En tal sentido, se presume, en concordancia con lo indicado por la persona recurrente, que el sujeto obligado sí ha celebrado contratos con le empresa identificada, y por ende, debe obrar dentro de sus archivos la información requerida. A lo que se suma que las unidades administrativas se limitaron a mencionar que no localizaron en sus archivos la información solicitada, sin aportar elementos de convicción sobre el criterio adoptado para llevar a cabo la búsqueda de lo requerido”, expresó el INAI.
El Pleno ordenó a la CFE hacer una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, incluyendo a su Dirección Corporativa de Administración.
En respuesta, el sujeto obligado refirió que hizo la búsqueda nuevamente en CFE Generación V y CFE Calificados, y además incluyó a la Gerencia de Abastecimientos y la Dirección Corporativa de Finanzas.
Es decir, la CFE no hizo la búsqueda de la documentación en la Dirección Corporativa de Administración, como le ordenó el INAI, ni tampoco en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, donde reportó al menos un contrato con Acciona en diciembre de 2018.
El Comité de Transparencia de la CFE confirmó la inexistencia de contratos con la compañía española, con lo que el INAI dio por cumplida su resolución y concluyó el caso, sin que la ciudadanía pueda conocer los compromisos adquiridos entre la empresa productiva del Estado y Acciona.
