Visitador de CNDH es investigado por consentir torturas a internos de penal de Durango
Un Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es investigado por el Órgano Interno de Control (OIC) de ese órgano autónomo por presuntamente haber consentido que personas privadas de la libertad en el penal federal número 14 de Durango sufrieran malos tratos y torturas por parte de custodios penitenciarios y elementos de la Guardia Nacional (GN) entre junio y julio de este año.
Se trata de Carlos Armando López Cervantes, que desde mayo de 2018 se desempeña como Visitador Adjunto de la Tercera Visitaduría General y quien está asignado al Centro Federal de Prevención y Readaptación Social (Cefereso) número 14, considerado de alta seguridad y que está ubicado en Gómez Palacio, Durango.
El funcionario fue denunciado ante el OIC de la CNDH el pasado 22 de septiembre, no sólo por supuestamente haber sido testigo silencioso de las violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidos los internos, sino también por haber intentado disuadir a las víctimas de que presentaran denuncias por los malos tratos.
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En la queja ante el OIC, que quedó registrada con el folio 2021/86966 y de la que Animal Político tiene copia, internos y sus familiares exigieron que López Cervantes sea investigado y separado de su cargo.
El OIC está obligado a investigar, substanciar y resolver las quejas presentadas contra funcionarios de la CNDH por presunto mal ejercicio de su cargo, de acuerdo con el Reglamento Interno de la Comisión.
Los presuntos actos de violación a los derechos humanos contra los internos del Cefereso de Gómez Palacio tuvieron lugar entre el 25 de junio y el 14 de julio como reprimenda tras una riña entre grupos rivales; los denunciantes señalaron haber sido objeto de amenazas, golpes, incomunicación, destrucción de objetos personales, despojo de medicamentos y restricción de la alimentación por parte de las autoridades del penal.
A petición de la dirección del Cefereso, elementos de la GN ingresaron el 1, 2 y 5 de julio para hacer cateos y patrullajes al interior del penal, una función para la que no está facultada una corporación con mando militar.
Las personas privadas de la libertad acusaron a los agentes de la GN de infligirles actos de tortura como asfixia, electrocuciones, golpes y agresiones sexuales, de acuerdo con la organización civil Documenta, que ha dado acompañamiento jurídico a las familias de los internos y presentó diversas denuncias por las violaciones a los derechos humanos, incluida una queja ante la CNDH.
Luego de la irrupción de la GN al penal, los malos tratos contra los internos continuaron. Fue hasta el 15 de julio que la CNDH emitió medidas cautelares al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para que cesaran de inmediato las agresiones a las personas privadas de la libertad.
La acción de la CNDH se dio gracias a la presión de los familiares de los internos y sus defensores, quienes presentaron quejas y denuncias a diversas autoridades federales, acusando que el Visitador Adjunto López Cervantes fue cómplice de los malos tratos y que no les brindó el auxilio a que lo obliga la ley.
“El Sr. Carlos Armando López fue testigo presencial de dichos actos de tortura y no hizo absolutamente nada para impedir que esto sucediera, sino todo lo contrario: fue a visitar a muchos PPL (personas privadas de la libertad) a sus módulos para convencerlos de que se desistieran de las demandas y/o quejas interpuestas”, dice la denuncia presentada ante el OIC de la CNDH por la esposa de una persona recluida en el Cefereso de Gómez Palacio.
“Mi esposo en particular le hizo el reclamo a él de por qué no estaba abogando por ellos, si se supone que para eso está la CNDH, para defender los derechos humanos de ellos, y él (el Visitador Adjunto) sólo contestó que se les había pasado la mano (a los funcionarios agresores), pero que era mejor que se desistieran de las quejas, a lo cual tanto mi esposo como muchos otros PPL le dieron un rotundo ¡no!”.
“Hay muchos PPL que de igual manera le reclamaron a este visitador de la CNDH”, continúa la denuncia. “No tiene ética ni profesionalismo, y por consiguiente está dejando muy mal a esta institución. Exigimos rendición de cuentas y por consiguiente que lo retiren de su cargo, porque es obvio que él está del lado del Cefereso #14 y no ha defendido en ningún momento los derechos de los PPL”.
A través de respuestas a solicitudes de transparencia, la CNDH confirmó a Animal Político que López Cervantes se desempeña como Visitador Adjunto de la Tercera Visitaduría General en el Cefereso 14, donde tiene la encomienda de dar “atención inmediata in situ” a las personas privadas de la libertad en ese centro penitenciario.
Entre las funciones de su cargo se encuentran dar trámite a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en centros de reclusión federal; indagar la gravedad de las denuncias estableciendo comunicación directa con la autoridad señalada, y formar parte de los equipos de investigación para integrar expedientes de queja.
La CNDH precisó que, como parte de sus funciones, López Cervantes despacha de lunes a viernes desde las instalaciones del penal entre las 9:00 y las 18:30 horas.
Este medio obtuvo, también por transparencia, el registro de ingresos al penal federal del periodo en el que ocurrieron los abusos de custodios y elementos de la GN denunciados por los internos.
Los documentos, que fueron entregados por el OADPRS, muestran el registro de acceso de López Cervantes al Cefereso el 30 de junio, un día antes de la irrupción de la GN.
En dichos registros, el OADPRS, que administra las cárceles federales, reservó los nombres y firmas de otros funcionarios vinculados a la procuración e impartición de justicia en materia penal, y dejó sólo al descubierto el nombre del Visitador Adjunto, argumentando que es un dato público de la CNDH.
En los documentos entregados por el OADPRS no hay registro de ingresos del 1 de julio, mientras que en los días subsecuentes, del 2 al 5 de julio, se registraron notoriamente menos visitas en comparación con fechas anteriores. Las fechas coinciden con el periodo en el que la GN tomó el control de la seguridad del penal, según las denuncias de los internos.
Animal Político cuestionó a la CNDH, a través de su dirección de Comunicación Social, si el Visitador Adjunto notificó a la institución de las violaciones a los derechos humanos denunciadas por los internos del Cefereso 14 de Durango, y en qué fecha lo hizo.
También le cuestionó qué avances ha tenido la denuncia presentada ante el OIC contra el funcionario, y si éste ha continuado en su cargo durante el desahogo de la investigación. Hasta el cierre de esta edición, la CNDH no había respondido las preguntas.
De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), López Cervantes tiene una licenciatura en Derecho y percibe un sueldo de 49 mil 313 pesos brutos al mes. Antes de ingresar a la CNDH, trabajó como abogado en la extinta PGR, de 2012 a 2016, y también laboró en el sector privado.
Las agresiones en el penal
Por los abusos cometidos por custodios y agentes de la GN entre junio y julio en el Cefereso número 14, representantes legales de 85 internos y sus familiares presentaron denuncias ante diversas autoridades: la FGR, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República.
La organización civil Documenta –representante de las víctimas— también interpuso ante la CNDH una queja contra el director del penal, Alfredo León Ramírez, a la que se le asignó el folio 2021/60408.
Conforme los relatos de las personas privadas de la libertad, las mayores violaciones a sus derechos humanos se cometieron el 1 de julio por parte de elementos de la GN, quienes encabezaron un cateo a petición de la dirección del Cefereso.
Las denuncias enviadas a las autoridades señalan que ese día, alrededor de las 05:30 de la mañana, agentes de la GN irrumpieron en los dormitorios y, a golpes, sacaron a los internos a un patio, donde los obligaron a desnudarse y los raparon.
Los testimonios dieron cuenta de actos “asfixia húmeda” (sumergiendo su cabeza en una tina de agua fría); electrochoques en rostro, pecho, brazos, piernas, espalda y genitales; y tortura sexual mediante la introducción de objetos en el ano.
Pese a las fracturas, contusiones y quemaduras, la población penitenciaria no recibió atención médica oportuna. Además, para ocultar las agresiones, se impuso un régimen de toque de queda y se impidió el contacto de los internos con sus familiares, de acuerdo con la organización Documenta.
“A partir de estos hechos, se mantuvo incomunicada a la población penitenciaria por aproximadamente una semana. La administración del centro anunció, en un primer momento, a través de un comunicado, la suspensión de las visitas familiares por la supuesta aparición de un caso de Covid-19 positivo entre la población penitenciaria. Al no tener noticias de sus familiares privados de la libertad, algunas de sus familias llamaron por vía telefónica al centro penitenciario y les comunicaron que no era posible recibir llamadas telefónicas ni visitas, debido a que no se contaba con luz eléctrica en las instalaciones. Además, las autoridades penitenciarias solicitaron a las autoridades jurisdiccionales la suspensión de las audiencias programadas durante la primera semana de julio, debido a la supuesta imposibilidad de sacar a las personas privadas de la libertad de su celda por la falla eléctrica”, explicó la asociación civil.
A raíz de las denuncias y la presión de las familias, el Instituto Federal de Defensoría Pública promovió una demanda de amparo y, el 13 de julio, se ordenó el cese inmediato a la incomunicación, la tortura y los malos tratos. Dos días después, la CNDH emitió medidas cautelares al OADPRS.
