‘Es racista e ilegal’: organizaciones de EU rechazan colaborar en programa Quédate en México
Organizaciones que prestan asistencia legal a migrantes en EU advirtieron al gobierno de Joe Biden que no colaborarán con la reimplementación de “Quédate en México”, el programa que obliga a los solicitantes de asilo de Centroamérica a esperar al sur del Río Bravo su cita con el juez.
El plan fue puesto en marcha por el expresidente Donald Trump en enero de 2019 y suspendido dos años después. Ahora, la decisión de un juez obliga al actual gobierno de EU a reactivarlo, aunque para ello necesita alcanzar un acuerdo con México.
Andrés Manuel López Obrador ha transmitido a EU varias condiciones para aceptar la llegada de solicitantes de refugio, entre las que se encuentran la garantía de asistencia legal y que las estancias en México no se alarguen por más de seis meses.
“No hay forma que haga que este programa sea seguro, humano o legal. Ninguna medida de participación de la sociedad civil mitigará los daños de este programa horrible, racista e ilegal. Nos negamos a ser cómplices de un programa que facilita la violación, tortura, muerte y separaciones familiares de personas que buscan protección comprometiéndonos a brindar servicios legales”, dice la carta, dirigida al presidente Biden; la vicepresidenta Kamala Harris; el secretario de Estado, Alejandro Mayorkas; y el fiscal general Merrick B. Garland.
El documento advierte que activistas y abogados fueron también puestos en peligro al ayudar a solicitantes de asilo retornados a México o a migrantes devueltos mediante el Título 42, la orden ejecutiva que permite las expulsiones exprés.
“El amplio control territorial de los cárteles y la complicidad de los agentes del gobierno mexicano en ataques violentos y secuestros contra solicitantes de asilo y migrantes vulnerables deja en claro que el gobierno de los Estados Unidos no puede volver a implementar el MPP sin someter a las personas vulnerables a una violencia generalizada”, dice la carta, que recuerda que solo durante los meses que Biden lleva en el gobierno se han reportado al menos 6 mil 356 denuncias por “secuestro, violación, tortura y otros ataques contra migrantes”.
La negociación que México niega
El rechazo de las organizaciones de EU a colaborar con la reimplementación de “Quédate en México” va más allá de una posición retórica. El jueves se hizo público el segundo reporte del gobierno de Biden al juzgado de Texas que le obliga a reactivar el programa. En él, la Casa Blanca enumera las peticiones realizadas por México para aceptar a los centroamericanos: garantía de que los casos se resuelvan en seis meses, que los solicitantes de asilo reciban información “oportuna y precisa”, “mejor acceso a un abogado”, mejor coordinación en las horas y lugares de retorno y protección para evitar la expulsión de población especialmente vulnerable.
Ese mismo jueves, México anunció que había expresado a EU su preocupación sobre algunos aspectos del MPP como el “respeto al debido proceso, garantía de certidumbre jurídica y acceso a asesoría legal, así como sobre la integridad y seguridad de las personas migrantes”.
Aunque parezca que ambos gobiernos dicen lo mismo, no es así. México siempre ha asegurado que el MPP es una política unilateral de Washington a la que no puede oponerse, mientras que los documentos que presenta el gobierno de EU a la Corte señalan que el presidente López Obrador tuvo que dar su visto bueno tanto en 2019 como ahora para la llegada de solicitantes de asilo.
Para cumplir con los requisitos de celeridad en el proceso y acceso a apoyo legal, EU trató de buscar la ayuda de organizaciones que trabajan con migrantes en la frontera. El sábado, varias de ellas mostraron su rechazo a la reactivación de “Quédate en México” durante una reunión con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). Tras expresar su negativa a reactivar el protocolo, todas abandonaron el encuentro y advirtieron que no seguirán manteniendo conversaciones hasta que el gobierno de Biden dé marcha atrás.
Reapertura de fronteras
“Piden a las organizaciones de la sociedad civil que hagamos lo posible para crear sistemas que faciliten la reactivación del MPP”, se quejó Luis Guerra, defensor de migrantes e integrante de la organización Catholic Legal Inmigration Network (Clinic).
“Nuestra labor es ayudar a la comunidad migrante y lo vamos a seguir haciendo”, dijo en entrevista con Animal Político. Pero recordó que México ha pedido que los solicitantes de asilo tengan acceso a representación legal y que los procesos acaben en seis meses. “Son dos cosas que no creemos que sea posible”, dijo.
En opinión del activista “no hay una forma en la que este protocolo pueda ser humanitario o seguro” para los solicitantes de asilo.
Los anuncios de la reactivación del MPP, que según EU comenzará a mediados de noviembre en Brownsville y Laredo, vienen acompañados de otros anuncios que no pueden analizarse de modo independiente. La semana pasada, el canciller Marcelo Ebrard anunció la reapertura de la frontera con EU para todos aquellos que tengan el esquema completo de vacunación contra COVID-19, y este lunes 18, el enviado John Kerry anunció el apoyo de Washington al plan de López Obrador para extender Sembrando Vida a Centroamérica en un acto celebrado en Palenque, Chiapas.
