Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró – respecto a las acusaciones en contra de los 31 científicos e investigadores del Conacyt – que no debe haber impunidad para nadie y que nadie tiene derecho a robar.
“No porque soy científico tengo derecho a robar, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea y que haya justicia”, señaló durante la conferencia matutina de este lunes.
Asimismo, sostuvo que se debe procurar que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas y que no se utilice la ley “con propósitos políticos y electorales, como era antes”.
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El presidente señaló que el dinero, proveniente del presupuesto público, que supuestamente el Consejo entregó a empresas no se utilizaba para temas de innovación tecnológica o de ciencia.
“Empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones (…) eran grupos que tenían privilegios, como castas divinas”.
Dice el presidente que había investigadores que "abusaban", "derrochaban dinero" y usaban recursos públicos para propósitos que nada tienen que ver con la innovación tecnológica ni con la ciencia. pic.twitter.com/LtBeAjc6it
— Animal Político (@Pajaropolitico) October 11, 2021
La Fiscalía General de la República (FGR) denunció a los científicos e investigadores de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos a una asociación civil con razón social Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt, por lo cual los acusó de los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
A mediados de septiembre, un juez federal negó a la FGR, por segunda ocasión, girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores. Esto, al encontrar problemas tanto de fondo como de forma en el resumen de la acusación presentada por los fiscales.
Ante la hipótesis que la FGR mantiene de que hubo malos manejos por más de 200 millones de pesos, se está en proceso de revisar la carpeta de investigación y se prevé realizar cambios importantes con miras a proceder, por tercera ocasión, en contra de los supuestos implicados, aunque con delitos distintos a los requeridos inicialmente.
Hasta el 7 de octubre, eran 6 los y las científicas citados ante Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) como parte de la investigación que se les sigue.
Sin embargo, adelantaron que una de las pruebas más fuertes para su defensa será la sentencia de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), emitida en agosto pasado, en la que reconoce la legalidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C., y su relación jurídica con el Conacyt, lo que contradice el argumento central de la denuncia de la FGR.