Al cumplirse 105 días de la desaparición de 10 indígenas de la comunidad yaqui, sus familiares denuncian que no han tenido acceso a la carpeta de investigación y exigen un análisis forense independiente sobre la identificación de los cuerpos hallados.
Los integrantes de la tribu yaqui tienen dudas sobre la identidad de los restos encontrados, y que según la fiscalía del estado, pertenecen a sus familiares; sin embargo, las autoridades no les han entregado ningún dictamen o evidencia científica que lo compruebe.
Por esta razón buscarán una segunda prueba de ADN para tener la certeza de que los restos sean verdaderamente de sus familiares, con el financiamiento ofrecido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
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El 14 de julio, los indígenas salieron de la comunidad yaqui Loma de Bácum, en el sur de Sonora, con rumbo al rancho conocido Agua Caliente -a unos 85 kilómetros al norte-. Ahí recogerían algunas vacas que llevarían a su comunidad para la fiesta tradicional que iniciaba ese día. No volvieron a su comunidad y desde ese día no se tiene noticia de su paradero.
El 27 de septiembre la fiscalía de Sonora informó que había identificado a cinco de los 10 integrantes de la comunidad reportados como desaparecidos tras realizar pruebas de ADN a restos hallados en Chichiquelite, en Cajeme.
En videoconferencia, Anabela Carlón, vocera de las familias yaqui, dijo que apenas ayer 25 de octubre las autoridades del estado se reunieron con los familiares, a quienes dieron algunos detalles sobre los hallazgos, pero denunció que no han tenido acceso a la carpeta de investigación ni a un dictamen sobre las pruebas de laboratorio.
Las familias también exigen conocer las líneas de investigación que las autoridades siguen sobre el caso; saber cuántos restos óseos se encontraron y cuántos se identificaron. También exigen un asesor jurídico que trabaje de la mano con las familias de los 10 desaparecidos, “ya que la persona que fue impuesta no ha tenido una relación estrecha”.
“Hay acercamientos, sí, pero no la información que por ley nos corresponde (…) Nos dicen que no tenemos el lenguaje jurídico y que por sigilo a la investigación, y entendemos que no se puede filtrar información, pero no se puede vivir con la zozobra de qué es lo que la pasó a tu familiar”, señala.
De acuerdo con Anabel Carlón, buscan certezas científicas ya que dos días antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a territorio yaqui, de manera repentina se les llamó a las familias para decirles que tenían confirmada la identidad de cinco. Días después se enteraron por los medios de comunicación que se había identificado a dos personas más, sin que a las familias se lo acreditaran.
Durante la reunión les informaron que ya hay órdenes de aprehensión en contra de presuntos culpables y que la próxima semana les darán más detalles.
Carlón detalló que siete de los desaparecidos son integrantes de Loma de Bácum; dos son de Ciudad Obregón y hay uno más que no pertenecía a la comunidad, pero que fue secuestrado en el mismo lugar.
Los desaparecidos son: Braulio Pérez Sol, Leocadio Galaviz Cruz, Juan Justino Galaviz Cruz, Gustavo Acosta Hurtado, Benjamín Pórtela Peralta, Heladio Molina Zavala, Fabián Sombra Miranda, Martín Hurtado Flores, Fabián Valencia Romero y Artemio Arballo Canizalez.
Hasta ahora, las autoridades han señalado que solo siete de los 10 desaparecidos han podido ser identificados.
En los últimos meses se ha intensificado la violencia en contra del pueblo yaqui pues se ha registrado la desaparición y muerte de líderes de la comunidad, defensores de derechos y activistas como: Tomás Rojo, Agustín “El Roque” Valdez y Luis Urbano.
Se estima que la comunidad yaqui del país es de más de 40 mil personas, mismas que viven en los ocho pueblos ubicados al sur de Sonora, además de otras 15 mil personas -también pertenecientes a la comunidad yaqui- que radican en Tucson, Arizona.
Durante años, cada uno de los pueblos ha tenido que defender su territorio ante la constante presión por distintas obras públicas y privadas, por ejemplo, gasoductos.