Detienen a testigo colaborador en caso Estafa Maestra y lo encarcelan en el Altiplano
Un alto exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que se había convertido en testigo colaborador en la investigación contra Rosario Robles por omisiones en el caso de “La Estafa Maestra”, fue detenido por agentes federales y encarcelado en el penal federal del Altiplano.
Se trata de José Antolino Orozco, quien se desempeñó como director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol entre 2013 y 2015, y que ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicho individuo se encontraba bajo investigación de la Fiscalía desde 2019 por su participación en diversos procedimientos entre la referida dependencia y universidades públicas que dieron pie al desvío de recursos públicos. Gracias a que ofreció confesar las irregularidades registradas en la Sedesol, había logrado frenar temporalmente una acción penal en su contra.
Sin embargo, el año pasado la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR (antes conocida como SEIDO) decidió proceder en contra de once personas implicadas en la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 abierta por los referidos delitos.
Una de las órdenes de aprehensión libradas fue en contra de Antolino Orozco, quien el mes pasado fue capturado y presentado ante un juez federal del Estado de México el cual determinó vincularlo a proceso. Dado que delincuencia organizada es considerado un ilícito grave, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Con la detención de Antolino ya suman cuatro las personas detenidas como parte de este proceso. Previamente ya se había capturado y procesado a María de la Luz Vargas, exdirectora de Integración de Padrones de Sedesol; Luis Antonio Valenciano, representante legal de una empresa fantasma; y Esteban Cervantes, accionista de otra compañía fachada implicada en la trama delictiva.
Entre las órdenes de aprehensión que faltan por ser cumplimentadas se encuentra la de Rosario Robles, quien desde hace más de dos años se encuentra procesada, pero por un cargo distinto. Hasta ahora la FGR no ha enviado a sus agentes al penal de Santa Martha para formalizar el trámite de la detención por este asunto.
El resto de las órdenes de captura pendientes de cumplimentar son en contra de Simón Pedro León Mojarro excoordinador federal de delegaciones de Sedesol; Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEMOR); Wistano Luis Orozco García y Gerardo Ávila García, funcionarios de la misma universidad; y Gianni Obed Hernández Torres, representante de otra compañía implicada en la trama de desvíos.
A todas las personas que no han sido detenidas se les considera oficialmente como prófugos de la justicia.
El rol de Antolino en los fraudes
A José Antolino Orozco, la FGR lo acusa de estar implicado en una trama de delincuencia organizada que permitió desviar más de 77 millones de pesos desde el presupuesto de la Sedesol hacia empresas fachada. Todo ello utilizando el esquema fraudulento documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”.
De acuerdo con la investigación, que Animal Político detalló en esta nota, todo inició con la firma de un convenio por supuestos servicios que firmó la entonces Sedesol con la UAEMOR. Ello aprovechando la excepción legal que permite asignar recursos directos y sin licitación a entes públicos como universidades.
Pero el referido plantel de estudios no cumplió con los servicios. En cambio, simuló una licitación con empresas fachada y le asignó a una de ellas casi la totalidad de los recursos que había recibido (quedándose con una parte del dinero). La empresa que recibió el dinero lo transfirió a otras cuentas para ir ocultando su origen, y sin cumplir con los servicios pactados.
Según la carpeta de investigación de la Fiscalía, el desvío de los recursos fue posible gracias a la colusión bien organizada de personas, entre servidores públicos y particulares que permitieron en esta y otras ocasiones desviar los recursos.
El rol específico de Antolino en este entramado delictivo habría sido el de firmar oficios junto con funcionarios de la UAEMOR en los que se avalaba que los supuestos servicios se habían realizado de manera correcta, dando pie con ello a la transferencia de los recursos económicos.
La implicación de este funcionario no era aislada. La FGR tiene documentado su vinculo con varias operaciones similares no solo en Sedesol sino también en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), donde ocupó el cargo de Jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace.
Por ejemplo, se tiene probada su intervención en una operación similar para desviar 186 millones de pesos a través de convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas.
Por este último caso la FGR abrió proceso en contra de Antolino Orozco por el delito de uso indebido de facultades; sin embargo, en mayo de 2019 decidió detener la acusación planteada ante un juez luego de que este funcionario ofreció colaborar y aportar datos en contra de su exjefa Rosario Robles. Su testimonio fue utilizado en la acusación en contra de la exfuncionaria que dio pie al proceso que hasta ahora la mantiene presa.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso la fiscalía decidió proceder en contra de dicho funcionario al considerar que la gravedad de los presuntos delitos en que incurrió no justificaban la asignación de un posible criterio de oportunidad a su favor.
Y Zebadúa… libre
Quien permanece en libertad y sin que se defina una acción penal en su contra es Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, y pieza clave en las operaciones que permitieron el posible desvío de más de cinco mil millones de pesos desde la Sedesol y la Sedatu con el referido esquema criminal.
Las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la FGR identifican a Zebadúa como el principal operador detrás de los convenios que permitieron los malos manejos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció a él y a sus familiares de estar implicados en posibles operaciones de lavado de dinero, tras corroborar que tienen ingresos totalmente injustificados.
Sin embargo, hasta ahora la FGR no ha procedido en contra de Zebadúa. En primera instancia dicho exfuncionario logro retrasar el ser citado a una audiencia gracias a un amparo que promovió ante un juzgado federal en Chiapas. Pero tras perder ese recurso ofreció a la Fiscalía colaborar en indagatorias abiertas contra funcionarios de mayor rango.
En noviembre pasado este medio reveló el contenido de la declaración de dicho exfuncionario en la que, entre otras cosas, acusa al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haber planeado “la Estafa Maestra” en colusión con diversos funcionarios federales más.
Hasta ahora la FGR no ha confirmado que haya otorgado algún beneficio procesal a Zebadúa, pero tampoco ha procedido penalmente en su contra. Eso ha permitido al exfuncionario mantenerse libre de cualquier proceso y sin ningún tipo de restricción de movimiento.
