Dado que los abogados de las víctimas y la defensa acusaron que no han tenido acceso pleno a la carpeta de investigación y que en la misma no está el acuerdo reparatorio al que llegó el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa Carso, será hasta el próximo 3 de diciembre cuando se lleve a cabo la audiencia inicial por el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro.
Este lunes, 10 exfuncionarios del Proyecto Metro, entre ellos Enrique Horcasitas -quien no acudió argumentando síntomas de Covid-19-, fueron convocados luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) judicializara la carpeta de investigación por el colapso que cobró la vida de 26 personas, sin embargo, tras más de siete horas de trabajo, los abogados de las víctimas, así como la defensa acordaron aplazar la audiencia.
A los exservidores públicos se les investiga por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad.
“No se llegó a formular la imputación, hubo un problema toda vez que la Fiscalía no ha proporcionado las copias físicas de la carpeta. Se nos dio un usuario a un sitio web -en una nube- pero es muy complicado descargar los documentos, entonces tanto la defensa como las asesorías jurídicas coincidimos en que no hemos tenido el tiempo suficiente para revisar las constancias y estar preparados, (así) que se difirió la audiencia para el 3 de diciembre”, informó Cristopher Estupiñán, abogado de 22 familias de víctimas del colapso de 3 de mayo pasado.
“Carso en efecto firmó un convenio preparatorio con la Ciudad de México y hubo una queja general porque no obra en la carpeta los términos de ese convenio preparatorio y tampoco se nos ha instado a ninguna de las víctimas la invitación a mecanismos alternativos para solucionar esta controversia”.
El acuerdo al que se refiere el defensor fue dado a conocer por el propio Grupo Carso en la Bolsa de Valores el pasado miércoles 20 de octubre.
“Grupo Carso, S.A.B. de C.V. informa que su subsidiaria Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. (CICSA) celebró el día de hoy un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro) para realizar, a cargo de CICSA, trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, informó la empresa.
Entre los alcances de este acuerdo se encuentra la ejecución de los trabajos de rehabilitación del tramo colapsado y el reforzamiento del tramo metálico elevado que construyó CICSA y que entregó al Gobierno capitalino en 2013. Todo ello, detallan, acorde a las nuevas exigencias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad el cual fue modificado en 2017 tras el sismo del 19 de septiembre.
“Con el objeto de no prolongar más la rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12 del metro, CICSA ha coincidido en resolver anticipadamente los procedimientos legales asociados a este lamentable evento mediante la firma de los mecanismos convencionales antes referidos”, agrega la firma.
Cristopher Estupiñán, abogado de 22 familias de víctimas del colapso de 3 de mayo pasado, acusó a Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, de ejercer presión a sus representados a fin de que abandonen la asesoría privada que les están brindando y sean representados por la propia Comisión.
“El comisionado no está con las víctimas ni para las víctimas, está buscando intereses políticos y probablemente personales al intentar activamente -y a nuestras espaldas- que todos nuestros representados abandonen nuestra asesoría”, acusó el defensor.
“Puso contra la espada y la pared a varios de nuestros familiares en la audiencia, cuestionándolos frente al juez y preguntándoles quién quería que los representara. Una actitud traidora totalmente, y en pleno perjuicio de los derechos de las familias”.
Agregó que la asesoría que brindan a familiares de víctimas del colapso tiene por objeto obtener justicia plena y no solo la reparación del daño.
“Todos los responsables deben asumir su carga frente a sus familias”, subrayó.
Previo al inicio de la audiencia de este lunes, el litigante adelantó que buscarán que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que presentarán un amparo para que intervenga el Congreso de la Unión y se conforme una comisión de la verdad que investigue con autonomía el colapso del 3 de mayo.