Periodistas de Guerrero denuncian complicidades políticas y del crimen para frenar su labor
Periodistas guerrerenses denunciaron los ataques que sufren al ejercer su oficio y señalaron a autoridades de los tres niveles del gobierno e integrantes de grupos delictivos que operan de manera coordinada en distintas zonas de Guerrero, con la colaboración de cuerpos policiacos.
Este posicionamiento es la médula de un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, que leyó el periodista Sergio Ocampo Arista al recibir la presea popular Sentimientos del Pueblo que otorgan organizaciones sociales a activistas sociales para reconocer su labor en defensa de los derechos de la ciudadanía.
El periodista galardonado fue el portavoz de otros tantos periodistas al documentar las agresiones recientes contra comunicadores, pero también al señalar cómo los poderes sumados y cohesionados (grupos políticos y crimen organizado) generan zonas de silencio, como es el caso de Chilapa.
La más reciente agresión documentada por los periodistas y leída en este acto, ocurrió a finales de agosto pasado, es decir, hace algunos días, cuando un grupo criminal de Tierra Caliente envió un mensaje a los directivos del periódico El Sur exigiéndoles que se abstengan de enviar reporteros a cubrir la violencia que ocurre en esa región, y que ha originado el desplazamiento de decenas de familias.
La amenaza que hizo esta organización que está fuera de la ley, también es dirigida a todo periodista, locales y foráneos, nacionales o extranjeros, que han acudido a esa zona a realizar alguna cobertura.
“Es evidente que esta organización delictiva puede amenazar a la prensa porque goza de la protección de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, dijo el periodistas durante su discurso.
Ocampo Arista recibió la presea popular Sentimientos del Pueblo para reconocer su labor en defensa de los derechos sociales de la ciudadanía. El periodista es corresponsal del diario nacional La Jornada y conduce un noticiario en Radio Universidad, estación de la que es fundador y se que se ha distinguido por respaldar diferentes luchas sociales.
El periodista guerrerense aprovechó el momento para denunciar los ataques contra los reporteros de Guerrero.
Aseguró que estas agresiones son cometidas por las autoridades en complicidad con los grupos del crimen organizado que en Guerrero.
Dijo que durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores ocho periodistas fueron asesinados: Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda Birto, Víctor Fernández Álvarez Chávez, Pamela Montenegro del Real, Gabriel Soriano Kuri, Edgar Alberto Nava López, Erick Castillo Sánchez y Pablo Morrugares Parraguirre, en tanto que decenas de ataques contra otros comunicadores siguen en la impunidad.
Acusó que el Estado no ha actuado para garantizar el trabajo de los periodistas y por eso regiones como la Tierra Caliente, la Sierra, y municipios como Chilapa, Iguala y Acapulco se convirtieron en zonas de silencio.
“Chilapa se convirtió en un municipio donde los medios de comunicación han ido desapareciendo, donde apenas dos reporteros, con mucho cuidado y precaución, informan de lo que ahí sucede. Desde hace un par de años no llega ningún periódico ni revista por presión de los criminales”, mencionó.
Agregó que la autoridad del más alto nivel sabe perfectamente la manera en que operan estas agrupaciones y no hacen nada para detenerlas.
Recordó que el pasado 16 de julio, durante la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chilpancingo, periodistas le solicitaron que bajara el cristal de la puerta de la camioneta en que se transportaba para entregarle un documento.
En ese escrito se le pedía su intervención para que un grupo de siete reporteros de Iguala, que fueron desplazados desde el 2020 por las amenazas de integrantes de un grupo criminal, se les garantice el retorno a su ciudad y el derecho a su libertad de prensa.
Cita que el periodista Jonathan Cuevas, uno de los siete comunicadores desplazados de Iguala, realizó hace algunos días una protesta en la Secretaría de Gobernación para denunciar que un funcionario del ayuntamiento de Iguala ofreció un pago de 25,000 pesos a un grupo de pistoleros para asesinarlo, al parecer por órdenes del alcalde de ese municipio de la zona Norte de Guerrero, Antonio Salvador Jaimes Herrera.
Pidió a los gobiernos federal y estatal investiguen esta denuncia del reportero Jonathan Cuevas, de lo contrario, serán responsables de lo que le suceda.
Ocampo Arista también se refirió a la violencia laboral que ejercen algunas empresas periodísticas contra sus reporteros: la mayoría no cuenta con un salario fijo, menos con alguna prestación social, como servicio médico o crédito de vivienda.
Destacó el caso de La Jornada Guerrero, medio del que son dueños el senador Félix Salgado Macedonio y su hija, la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda.
Refirió que la gobernadora y el senador, ambos de Morena, desaparecieron el medio sin que a los trabajadores les paguen sus salarios o bien les otorguen su indemnización como lo establece la Ley Federal del Trabajo, en caso de que sean despedidos.
“Con esto Evelyn Salgado Pineda y su papá Félix Salgado han dado una muestra de lo que pueden hacer con el poder”, sostuvo en representación también de otros periodistas.
Nota publicada en www.amapolaperiodismo.com
