Mexicanos ponen a prueba la primera consulta popular (histórica)

Este domingo, las y los ciudadanos podrán participar en la primera consulta popular de la historia del país y pondrán a prueba un mecanismo novedoso en la democracia mexicana que ha costado 528 millones de pesos, y para cuya instrumentación, en menos de un año, se recorrió un camino de tropiezos y jaloneos entre instituciones como la Presidencia de la República, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y el propio árbitro electoral.

El INE, que organiza la recepción de las opiniones y es responsable de la legitimidad del resultado, ha estado en la mira de numerosos ataques y cuestionamientos desde la Presidencia, el partido en el gobierno –Morena–, senadores, diputados, excandidatos a cargos de elección popular y activistas.

En la más reciente andanada de críticas, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlalli Hernández, acusaron al INE de no promocionar suficientemente el ejercicio y de entorpecer la instalación de mesas receptoras para “boicotear” la consulta, que requiere de la participación de al menos el 40% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal para que el resultado sea vinculante.

Morena, que se define no como un partido sino como un movimiento social, pondrá a prueba en esta primera consulta, también, su capacidad de convocatoria y movilización política, en lo que se ha interpretado como la antesala del referéndum del próximo año en el que la ciudadanía decidirá si debe continuar el mandato presidencial de López Obrador.

Especialistas en derecho observan que el INE sería el último responsable en una cadena de tropiezos que involucra al Congreso de la Unión –que no dotó de recursos al INE para llevar a cabo el ejercicio, que costará 528 millones de pesos–; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que elaboró una pregunta vaga y cuyo alcance deberá ser interpretado por los propios ministros tras la consulta; y el Ejecutivo federal, que ha insistido en promover la idea de que los ciudadanos están convocados a responder si quieren o no que los expresidentes sean enjuiciados.

En este trabajo, Animal Político presenta las opiniones de integrantes del INE, que abordan los problemas que atravesó la institución pero también el significado histórico de esta primera consulta popular; activistas que voluntariamente han promovido la participación ciudadana y han definido el ejercicio como una oportunidad de conocer la verdad, reparar el daño y establecer garantías de no repetición en casos de violaciones a los derechos humanos; y especialistas en derecho críticos de la consulta y que analizan el rol que jugó la Corte como actor político más que como guardián de la Constitución.

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Golpear al réferi

Las papeletas distribuidas en las mesas contienen la siguiente pregunta, y se deberá elegir entre dos posibles respuestas: Sí y No.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

De acuerdo con el Listado Nominal, más de 93.6 millones de personas pueden acudir a participar. Si bien el número de mesas previstas será menor que en procesos electorales ordinarios (una tercera parte), las que se instalarán el domingo pueden recibir más votos que las casillas convencionales, de acuerdo con la Ley de Consulta Popular.

El día de la consulta, como en otras jornadas electorales, el Consejo General del INE se instalará en sesión extraordinaria para dar seguimiento al ejercicio. A las 22:00 horas se prevé que el presidente del árbitro electoral, Lorenzo Córdova, emita los resultados del Conteo Rápido de la consulta con base en los cómputos de las actas en las Juntas Distritales (esta vez no habrá cadena nacional).

Dos días después, el Consejo General realizará el cómputo total y la declaratoria de resultados, que serán comunicados a la Suprema Corte.

Consejeros electorales destacan que el INE pudo sacar adelante la organización de la consulta a pesar de no contar con presupuesto para ello. José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, que tuvo a su cargo la coordinación de la consulta, y el consejero Uuc-kib Espadas explicaron que el INE generó ahorros gracias a que no contrató personal administrativo y por el hecho de que el tipo de cambio abarató insumos que habían sido cotizados en moneda extranjera.

“Sí debiera haber una enseñanza en el sentido de que, si vamos a tomarnos en serio en nuestro país los mecanismos de participación, de democracia directa, debemos pensar seriamente que van a costar recursos, no podemos aspirar a tener cada año consultas populares si no se le van a dar recursos al INE; esta vez se pudo hacer la consulta popular, con el alcance que todos conocemos ya, porque hubo un proceso electoral este mismo año que nos generó margen de maniobra para tener economías, pero en otros años donde no haya proceso electoral federal esto no se va a poder lograr”, advirtió Ruiz Saldaña.

El consejero calificó de injustas las críticas hechas por Morena y el presidente López Obrador por la cantidad de mesas que serán instaladas o por el poco tiempo que se dedicó a la difusión del ejercicio (el INE estaba autorizado a iniciar la promoción de la consulta a partir del 15 de julio).

“(Tengo) un sentido de no conformidad ante estas acusaciones injustas al INE de estar supuestamente boicoteando nuestro propio trabajo, me parece que son acusaciones injustas, porque me consta todo el trabajo fuerte que están desempeñando mis compañeros del instituto”, expuso.

“En segundo lugar, muchas de las cuestiones que se reclaman, como por ejemplo el número de las mesas receptoras, si no es un número mayor, no es por culpa del INE, es porque no se le dio ni un peso para poder realizar la consulta; me parece injusto este tipo de reclamos cuando incluso los actores políticos saben que la Ley General de Consulta Popular y la convocatoria para la consulta determinan en gran medida los trabajos del INE, y hacemos lo que está plasmado ahí”.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas explicó que la pregunta aprobada por la Corte y que será sometida a consulta, si bien incluye la posibilidad de iniciar procesos judiciales contra expresidentes, no se limita a eso, pues también se abre la vía para revisar las decisiones tomadas por funcionarios de distintos rangos, así como formar comisiones de la verdad. Y, dado que la pregunta señala a actores políticos “del pasado”, esto es, antes del día de la consulta, expone el consejero, esto podría abarcar a funcionarios de la actual administración.

“Quienes quieran ver en esto un proceso que podría llegar a permitir enjuiciar a los expresidentes, están en su derecho de ver esa perspectiva, pues está incluida en el amplísimo rango de la pregunta de la consulta, pero lo mismo se puede decir de exgobernadores, de exfuncionarios no electos, de jueces, en fin, de los actores políticos del pasado, como la pregunta dice”, detalló. “Como yo puedo leer la pregunta, y esta es mi opinión personal, porque la interpretación la dará la Corte, el ‘pasado’ es justamente eso, es decir, el 1 de agosto será pasado todo lo ocurrido de julio de 2021 para atrás”.

Espadas destacó la posibilidad de que se establezcan comisiones de la verdad, que permitirían esclarecer eventos de violaciones a los derechos humanos cuyos perpetradores, en algunos casos, ya murieron y no podrían ser enjuiciados.

“De las cosas que a mí me interesa mucho saber, como qué pasó en el 68, qué pasó en el Halconazo, fueron decisiones políticas, (pero) muchos de sus protagonistas ni siquiera están vivos, y hay que esclarecerlo; a mí me parece que tienen razón quienes ven en esta pregunta la posibilidad de instaurar comisiones de la verdad o una gran Comisión Nacional de la Verdad, eso ya dependerá de la interpretación específica que la Corte le diera a un ‘Sí’; a la inversa, si se respondiera ‘No’ a esta pregunta, pues el mandato sería de algo parecido a una Ley General de Amnistía. Esta es mi opinión personal, el INE no tiene una postura en relación a esto”, aclaró.

Tanto Espadas como Ruiz Saldaña lanzan un apremio a la ciudadanía a participar en el ejercicio del domingo, a fin de consolidar la recién instrumentada consulta popular.

“Las consultas populares en nuestro país llegaron para quedarse, y estoy seguro que será muy benéfico para nuestra democracia que existan estos mecanismos directos de participación. Lo logrado en las leyes no puede retrotraerse al pasado, los avances no se pueden negar: si ya existen estos mecanismos de participación, es justo que permanezcan para ser aprovechados. Es como la figura de candidaturas independientes, yo espero que en el país no se quiten algún día, son instituciones jurídicas que hablan de una democracia más rica y más amplia, y yo espero que no sólo permanezcan, sino que se vayan consolidando”, afirmó Ruiz Saldaña.

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“La gente se organiza desde las plazas y los mercados”

Alina Duarte es una periodista independiente y activista que participa como voluntaria en la difusión de la consulta y en fomentar que la ciudadanía participe. Forma parte del Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular, una organización que desde el año pasado reunió 2.7 millones de firmas ciudadanas —una de las vías previstas en la Constitución para convocar a la consulta— y presentó al Senado una carta de intención, que se sumó a la petición enviada, a su vez, por el Ejecutivo federal.

Dicha organización es encabezada por los activistas Omar García –sobreviviente del ataque a los normalistas de Ayotzinapa– y Ariadna Bahena, y es integrada por personajes cercanos a Morena, como el productor Epigmenio Ibarra y los actores Damián Alcázar y Marisol Gasé, aunque, de acuerdo con Duarte, se han sumado millones de personas sin afiliación partidista, incluidos connacionales que viven en el exterior.

“Hoy estamos insistiendo en que la verdad, la justicia, la reparación de los daños y el establecimiento de garantías de no repetición es posible”, explica Duarte, que ha realizado giras de promoción por 11 estados del país.

“Eso ha aglutinado a los padres de los normalistas detenidos y desaparecidos en Ayotzinapa, familiares de la guardería ABC, familiares de víctimas de feminicidios, de desapariciones forzadas”, prosigue. “Estamos hablando de que hay tantas décadas de impunidad en este país, tantas masacres, tantos actos de injusticia, que hoy es impensable que alguien que crea en ese otro México posible no se sienta interpelado hacia esta convocatoria que ya es masiva, que se miraba lejos hace 10 meses y que hoy es una realidad a tan sólo unos días”.

Duarte sostiene que, gracias a la reformulación de la pregunta que hizo la Suprema Corte de Justicia, la ciudadanía ya no sólo tiene en mente a la figura de los expresidentes como actores con responsabilidades, sino que ahora piensa en exfuncionarios de distintos niveles del gobierno y en sus actos, lo que fomenta la politización de la gente.

“La Suprema Corte nos está dando un margen de acción mucho más amplio cuando nombra a los actores políticos del pasado. La gente lo está haciendo en las plazas públicas, en las universidades, en todos los espacios de reunión, los mercados, los tianguis, se está informando sobre los agravios locales, estatales y nacionales. Entonces no es sólo por los expresidentes, no es solamente por una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia, memoria histórica, verdad, que hoy aglutina a millones de mexicanos dentro y fuera de México”, afirma.

“Hoy la gente está brigadeando, haciendo sus propias cartulinas, está haciendo sus perifoneos, cediendo sus bardas para pintas, usando sus redes sociales, es decir, esta consulta se ha desbordado a lo popular, hacia varios sectores, se ha entendido la dimensión de la exigencia de la justicia, y en ese sentido nosotros decimos que la consulta ya va, porque está generando esta suerte de estallido social en distintos niveles, en distintos ejercicios de memoria histórica que no se tenían durante estos últimos años”.

Duarte acusa que el INE ha obstaculizado la celebración de la consulta, y asegura que la asociación a la que ella pertenece ha recibido numerosas denuncias ciudadanas que demuestran errores en los puntos donde estarán ubicadas las mesas de votación. La activista también señala que algunos consejeros han hecho posicionamientos que insinúan que el ejercicio es populista.

“El INE se ha vuelto la principal organización boicoteadora de esta consulta popular, y lo decimos abiertamente, ha sido muy miserable el rol que ha jugado; una institución que debería de ser imparcial y promover el voto, se ha dedicado a ser parcial y a boicotear la participación ciudadana (…) El INE es una de las principales trabas, con una campaña también muy deficiente en redes sociales, en la televisión, llamando a votar pero sin decir por qué o para qué, deslegitimando a través de sus funcionarios esta consulta, hablando de populismo”, señala.

Una numeralia a la que tuvo acceso este medio refiere que, para la difusión de la consulta, desde el 15 de julio, el INE pautó 377 mil 833 impactos de spots en radio y televisión, además de 97 inserciones en medios impresos, 8 mil 842 anuncios en vías públicas (espectaculares, parabuses, bardas, lonas, vallas, el Metro y Metrobús), así como 812 mil publicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y TikTok) y 62 jornadas de diálogo distritales, estatales y nacionales.

“El INE es el último culpable”

Para el abogado constitucionalista Juan Jesús Garza Onofre, en menos de un año, la consulta popular ha atravesado un camino atropellado en el que la cadena de responsabilidades involucra al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión y, principalmente, a la Suprema Corte de Justicia como guardiana de la Constitución.

“La institución que jugó el rol más lamentable en esta primera consulta popular en la historia de México es la Suprema Corte, no me cabe la menor duda; no es López Obrador, no es el INE, se podrá echar algo de culpa a la Cámara de Diputados como primer órgano habilitante, pero al final del día, quien tiene la obligación constitucional de evaluar las preguntas que van a ser pertinentes para el futuro del país, es la Suprema Corte”, afirma en entrevista.

“La Corte como guardián último de la Constitución y encargada de evaluar la constitucionalidad de la consulta, y en un segundo momento de reformular la pregunta si creen que no está bien formulada, hizo un desastre. Yo creo que la sentencia de la Corte (que dio luz verde a la consulta y aprobó la pregunta) es la peor sentencia de la historia contemporánea de la SCJN, jurídicamente no tiene pies ni cabeza, es un bodrio, es un Frankenstein”.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM advierte que, si en la consulta gana el “Sí” y el resultado es vinculante, los ministros de la Corte tendrán, todavía, que interpretar y determinar qué medidas serán procedentes, pues la pregunta, por sí misma, no establece con claridad una ruta, ya que únicamente se refiere a llevar a cabo “acciones pertinentes” de búsqueda de justicia.

Esto significa que, aunque haya ciudadanos que participen en el ejercicio pensando en que el resultado derivará en comisiones de la verdad o en llevar a juicio a exfuncionarios, estas posibilidades, si bien son factibles, no están garantizadas. Para Garza Onofre, la Corte aún deberá interpretar el “Sí” que emita la ciudadanía.

“No sabemos qué esperar, lo que creo, y esto es muy peligroso, es que, si se alcanza el umbral y gana el ‘Sí’, creo que si la Corte va a empezar a exigir algún tipo de mecanismo extraordinario, sean comisiones de la verdad o la creación de una nueva secretaría de Estado de índole administrativa, hay muchísimas posibilidades jurídicas para atacar esa resolución de la Corte, porque la Corte no te puede obligar a algo que no haya dicho en su sentencia”, plantea.

“Sería que la Corte haga un ejercicio de interpretación de la respuesta de la ciudadanía, cosa que no hemos visto y que no veo tan clara en la ley; yo no veo que ahora la Corte va a interpretar la respuesta de ‘Sí’, la Corte no tiene esa facultad en la Constitución.

Imaginemos que la Corte diga: ‘ganó el Sí, es vinculante, y lo que sigue es obligar al Poder Ejecutivo a crear una comisión de la verdad’. ¿Pero por qué, si eso no decía la sentencia? Lo que decía es que el Ejecutivo tendría la discrecionalidad de crear algún mecanismo”.

Garza Onofre alerta contra el discurso oficialista que ha impulsado la idea de que, si a la consulta no asisten los al menos 37 millones de ciudadanos requeridos para volver el resultado vinculante, será por culpa del INE, deslindando de toda responsabilidad a los actores que directamente estuvieron involucrados en la confección del ejercicio: el Ejecutivo –que “enturbió la pregunta”–, el Congreso –que expidió una ley “mala”– y el Poder Judicial –que “hizo un merenguero que nadie tiene claro”–.

“En la lógica de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tres tienen culpa, y ahí tiene más culpa la Suprema Corte, porque es un órgano supuestamente no político, sino que tiene fundamento en la Constitución. En esta triada, los satélites autónomos constitucionales no se encargan de hacer interpretación ni de generar legislación, son órganos de carácter técnico y, por ende, el menos culpable de esta narrativa de que fracase la consulta es el INE”, asienta.

“Si yo llego (a votar el domingo) y ni siquiera está puesta la mesa, tendré elementos para hacer un juicio de valor en torno al funcionamiento administrativo de la consulta, pero lo que se me hace bien peligroso y tramposo es echarle la culpa al INE como el último eslabón de la cadena de un proceso que viene viciado de origen y que se ha seguido viciando, en detrimento de un mecanismo que es bastante valioso como son las consultas populares”.

El especialista en derecho defiende que la ciudadanía participe en la consulta del domingo porque ello fortalece la cultura democrática y el involucramiento en la vida pública, lo que abre un camino en lo que, hasta ahora, ha sido una democracia eminentemente representativa donde sólo se participa para renovar cargos de elección popular periódicamente.

“Es momento de entender esta consulta popular como la primera vez, con una ley relativamente nueva y mala, y una sentencia pésima; yo creo que, a pesar de todo esto, tenemos que generar una cultura muchísimo más robusta en cuanto a participación de la ciudadanía en los asuntos políticos. Si hay personas que por primera vez en su vida están hablando de términos como comisiones de la verdad, de las víctimas, de corrupción, yo creo que es sano para una democracia, es sano que se ventilen, se discutan, y encontremos puntos e acuerdo y desacuerdo”, destaca.

“Creo que ahora como ciudadanos nos toca meternos a una página en internet, ver dónde está la casilla, caminar quizá unas 10 cuadras más, va a haber fila, eso implica una idea de ciudadanía mucho más amplia y robusta. (…) Si este ejercicio nos hace salir, discutir, politizarse, yo creo que va a servir de antecedente para algo que es posible que se realice el próximo año, que es la revocación de mandato”.