Una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exigió, en una sesión pública, que se sometiera a evaluación el desempeño del presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas, cuya gestión ha estado marcada por escándalos.
Vargas, quien actualmente es investigado por la FGR por presunto enriquecimiento ilícito, acusó al grupo opositor –conformado por 5 integrantes– de promover un “golpe de Estado” al interior del tribunal, de obstruir la impartición de justicia electoral y de meter al país en una crisis constitucional. Irritado, también les dijo que los magistrados no tienen la facultad de evaluar a su presidente y les pidió que le enviaran sus comentarios por escrito.
Al inicio de la sesión pública virtual, sin previo aviso, el magistrado Felipe de la Mata pidió que se sometiera a votación del pleno la inclusión de un punto adicional al orden del día que estaba relacionado con la evaluación del desempeño de Vargas, quien es presidente del tribunal desde noviembre del año pasado.
A lo largo de la sesión quedó claro que la propuesta ya era conocida por los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Janine Otálora e Indalfer Infante, quienes expresaron su apoyo a De la Mata. Incluso, los cinco magistrados del bloque opositor parecían estar conectados a la sesión virtual desde el mismo lugar físico. Por su parte, Vargas sólo contó con el respaldo de la magistrada Mónica Soto, quien insistió en que esta petición debería discutirse en privado o en otro momento, e incluso acusó a sus colegas de violencia.
El grupo de cinco defendió que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento Interno del TEPJF facultan a los magistrados a asegurar el correcto funcionamiento del tribunal y a proponer que se someta a votación del pleno incluir asuntos no previstos en el orden del día.
“Estén a la altura de su investidura constitucional, no estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual, recordarán, ustedes me eligieron para esta función, y en ese sentido la única forma para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por una cuestión de renuncia, y yo les digo, no está en mi intención renunciar, si ustedes desean evaluarme y desean presentar su evaluación por escrito, la recibiré y la leeré con mucho detenimiento para mejorar las funciones de este tribunal”, sostuvo Vargas.
El magistrado afirmó que “no hay facultades de evaluar al presidente por parte de sus pares”, pues, dijo, un presidente del TEPJF sólo rinde cuentas de manera anual a través de un informe de labores que se presenta a la Suprema Corte de Justicia.
El magistrado Indalfer Infante dijo que si es facultad o no del pleno evaluar al presidente es parte de la discusión de fondo del asunto, por lo que pidió, primero, someter a votación si el punto se incluía en el orden del día. Nuevamente, Vargas dijo que no y advirtió a sus compañeros que estaban obstruyendo la impartición de justicia y que eso es un delito.
“Les vuelvo a pedir que ponderen no generar una crisis constitucional en este momento al país, a la República, al sistema constitucional, y que nos aboquemos a estudiar los asuntos y a discutir los asuntos estrictamente jurisdiccionales”, dijo el presidente.
“No voy a poner el punto a consideración, ya se los dije, y creo que insistir es desgastar a la justicia, es obstruir la justicia en torno a los asuntos que hoy están listados y eso lleva responsabilidad”.
Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez afirmaron que no existe ninguna obstrucción de la justicia porque, explicaron, una vez que se desahogara el punto propuesto por De la Mata podría darse curso normal a los asuntos electorales.
La magistrada Soto, aliada de Vargas, reclamó a sus compañeros que no le hayan avisado de la propuesta que querían someter a votación, y los acusó de violentos al pretender que se pronunciara sobre un asunto que no conocía de antemano.
“Obstaculizar, no dar información, tomar acuerdos que no sean públicos y transparentes entre todos los integrantes del pleno puede llegar a ser una forma de violencia política, no quisiera yo verme en una situación en la que pudiera estar considerando que se me ha discriminado de mi derecho a la información y que no es transparente la manera en que se está trabajando en esta institución. (…) No puedo aceptar que se me excluya de mi derecho a estar informada y a tomar parte de las decisiones en condiciones de igualdad”, señaló Soto.
La magistrada insistió en que la propuesta de De la Mata fuera retirada y se analizara en una sesión privada para no obstaculizar la impartición de justicia por “diferencias al interior” del tribunal.
Tras una hora de discusión, Vargas decretó un receso de la sesión, luego de lo cual el bloque de cinco magistrados opositores solicitó que se reanudara en 15 minutos, lo que no ocurrió.
En “ausencia” del presidente del TEPJF, la magistrada Janine Otálora convocó a reanudar la sesión y enlistaron en el orden del día la remoción de Vargas.
Oficio mediante el cual, cinco integrantes del pleno de la Sala Superior del @TEPJF_informa , solicitamos se reanude la sesión pública pic.twitter.com/APVYXUyViv
— Janine M. Otálora (@JanineOtalora) August 4, 2021