La defensa de los cuatro policías implicados en el presunto homicidio y abuso sexual de José Eduardo Ravelo, aseguró que sus clientes son inocentes pues el joven denunció, antes de morir, a una corporación distinta a la policía municipal por los abusos que sufrió.
David Dorantes, abogado de los cuatro inculpados, explicó en rueda de prensa que tuvo acceso a la declaración del día en el que el joven veracruzano fue a denunciar a la Fiscalía, en la cual hizo referencia a detalles específicos de ocho sujetos que lo detuvieron: color de los uniformes, distintivos, leyendas, unidades, folios, patrullas, e incluso, apellidos de dos agentes.
De acuerdo con la denuncia de José Eduardo, David Dorantes sostuvo: “quien ejerció la violencia no fueron mis imputados, no fue la policía municipal” y después añadió que la víctima había señalado ‘claramente’ a otros elementos.
Además, el abogado aseguró que en la carpeta de investigación hay una declaración de Dora María, madre del joven, en la cual admite que no puede precisar si quienes agredieron a su hijo son policías municipales o la corporación a la que hizo referencia José Eduardo.
“Es decir en un momento ni siquiera pudo señalar de forma puntual a la policía municipal de Mérida, tanto la mamá de la víctima directa, en concordancia con la declaración de la víctima directa”.
Ante la interrogante sobre si la corporación era de tipo estatal o federal, la defensa sostuvo que es información que no podía revelar, por ser parte de la carpeta de investigación y porque podría alertar a los culpables.
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“Si yo hiciera una señalamiento de la corporación policiaca que él señaló pues podríamos poner en alerta a las personas que realizaron esta acción y pudieran sustraerse de la acción de la justicia”, aseveró.
José Eduardo fue detenido el pasado 21 de julio mientras circulaba por el Centro Histórico de Mérida, Yucatán. La madre del joven, Dora María Ravelo, aseguró a medios locales que la razón de su detención fue ‘por parecer sospechoso’.
El estado de salud del joven se agravó por la tortura y violación que experimentó por presuntos policías municipales, por lo que fue trasladado al Hospital Agustín O’Horán donde falleció el 3 de agosto.
Derivado de esto, el 7 de agosto cuatro policías municipales fueron aprehendidos e imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada; aunque días después fueron liberados cuando un juez dictaminó que la no vinculación por ‘falta de pruebas’.
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En conferencia, este miércoles, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara que atraería el caso del homicidio de José Eduardo, la defensa señaló que su detención no fue porque el joven pareciera sospechoso, como declaró su madre, sino por la denuncia de un ciudadano que pidió auxilio después de ser supuestamente agredido por José Eduardo, lo cual quedó registrado en la comparecencia de dicha víctima.
“Un ciudadano solicita un auxilio porque fue agredido previamente por una piedra y tuvo una lesión, esta persona es la víctima directa, (José Eduardo) quien agrede al ciudadano, razón por la cual comparece la policía municipal, se hace un señalamiento y se procede a la detención”, dijo el abogado.
De acuerdo con el abogado, la valoración médica de José Eduardo reveló que presentaba conductas autolesivas, que se evidenciaron con videos en donde se le observa golpeándose a sí mismo contra un puesto de comida, lo cual generó diversas lesiones.
Es por esta razón que en las grabaciones de su acceso y salida de la cárcel se le observa con diferentes prendas de vestir, entra con un pantalón y sale con shorts, porque con el primero había posibilidad de que se afectara a sí mismo.
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A su vez, informó que al momento de su detención el joven se estaba golpeando contra el suelo, por lo que tuvo que “ser sometido para salvaguardar su propia seguridad”; con el mismo objetivo, en la cárcel un agente le aplicó una técnica de control en la espalda baja.
Finalmente, David Dorantes declaró que la presión mediática fue lo que provocó que la FGE hiciera una investigación deficiente y que tomara “decisiones que no eran”; en especial, indicó, cuando el joven había denunciado a una corporación distinta a la policía municipal.
“Eso debería de generar una investigación por parte de la Fiscalía Estatal adecuada y eficiente (…) No insistir en imputar a cuatro elementos que simplemente hacían su trabajo y que son una corporación totalmente distinta, en ese sentido es importante hacer estas declaraciones y estas precisiones”.
Asociaciones, colectivos y personas activistas denunciaron a través de un comunicado que hasta noviembre de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) documentó en dos años los casos de 22 fallecimientos de personas detenidas y en custodia de autoridades policíacas (municipal y estatal).
