Corte resolverá si reconoce a Chihuahua como víctima de desfalco de 250 mdp
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este 18 de agosto un amparo que decidirá en definitiva si el Estado de Chihuahua tiene calidad de víctima por el desvío de 250 millones de pesos en 2016 que habrían sido usados para financiar campañas del PRI, caso conocido como “Operación Zafiro” y en el que presuntamente participaron de manera concertada funcionarios del gobierno de César Duarte y de la Secretaría de Hacienda federal.
La Primera Sala de la Corte enlistó la discusión del juicio de amparo 921/2019 para la sesión pública de este miércoles. El ponente del proyecto –que aún no está disponible para su consulta— es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Jorge Espinosa Cortés, Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, explicó que si la sentencia de la SCJN es favorable, la Fiscalía General del Estado (FGE) podría retomar y reactivar la investigación por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y otros funcionarios federales de la administración de Enrique Peña Nieto.
Gutiérrez, excolaborador de Manlio Fabio Beltrones, quien era dirigente nacional del tricolor en el año de los desvíos, fue exonerado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entonces dirigida por Alberto Elías Beltrán, en lo que el gobierno de Chihuahua ha calificado como una operación de encubrimiento orquestada desde la administración de Peña Nieto y en complicidad con jueces federales.
“Si el estado de Chihuahua recupera la calidad de víctima, no tendría por qué surtir efectos el sobreseimiento (a favor del exsecretario del PRI), porque la víctima nunca dio ese consentimiento, es decir, el estado de Chihuahua nunca consintió que la hoy FGR le solicitara al juez de control federal el sobreseimiento, por lo cual, al no haberse considerado el consentimiento del estado de Chihuahua, y de recuperarse el caso, se tendría que continuar el proceso en contra de esta persona”, explicó Espinosa Cortés en entrevista.
“El gobierno federal de Peña Nieto hizo hasta la imposible por quitarle el caso a Chihuahua y llevárselo a la Federación, y allá de alguna manera pretendieron exonerar a Alejandro Gutiérrez, y obviamente hicieron una operación importante con el Poder Judicial de la Federación (PJF) para lograr esos fines”.
El Consejero Jurídico expuso que, desde febrero de 2018, jueces federales de un Tribunal Colegiado resolvieron que la investigación por la “Operación Zafiro” no era de competencia estatal, lo que provocó que la Federación, a través de la PGR, atrajera el caso, que finalmente fue sobreseído, luego de que agentes del Ministerio Público Federal retiraron los cargos contra Gutiérrez.
Para sellar la maniobra, abundó el funcionario chihuahuense, el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, determinó el 4 de mayo de 2018 que el estado de Chihuahua no tenía el carácter de víctima en la causa penal de la “Operación Zafiro”, al considerar que los recursos públicos que habrían sido desviados eran de carácter federal, no estatal.
“Es de mucha importancia lo que la Corte va a resolver el miércoles, porque, si reconoce que esos recursos son estatales, entonces se tendría que reponer todo el procedimiento penal para el que estaba en ese momento procesado (Alejandro Gutiérrez) y se pudiera continuar con investigaciones importantes que quedaron pendientes por haberse arrebatado ese asunto y llevado a la Federación”, indicó Espinosa Cortés.
“Están todos los elementos y las pruebas que acreditan que el recurso es estatal y no federal, incluso las mismas autoridades federales, empezando por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siempre han establecido que ese recurso no es federal y que al erario federal no se le ha causado ningún daño”.
El Consejero Jurídico Espinosa Cortés refirió que el gobierno de Chihuahua presentó denuncias penales y administrativas en contra del extitular de la PGR Elías Beltrán, al que se acusa de obstrucción de la justicia por haber propiciado el sobreseimiento del caso por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez.
También se promovieron quejas administrativas ante el CJF en contra de dos juzgadores federales: el juez Moreno García —quien determinó inicialmente que el estado no puede ser reconocido como víctima del desfalco y que autorizó que el exsecretario del PRI fuese trasladado fuera de Chihuahua para ponerlo a salvo— y el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien dictó el sobreseimiento de la causa penal contra Gutiérrez.
Irían tras cómplices de Isaac Gamboa
Al margen de que la determinación de la Corte pueda permitir o no la reactivación de la causa penal contra Alejandro Gutiérrez, dos exfuncionarios del gobierno de César Duarte ya se encuentran sujetos a proceso por su presunta participación en el desvío de 250 millones de pesos que fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda federal –entonces encabezada por Luis Videgaray— a la Secretaría de Educación y Cultura de Chihuahua.
Se trata de Gerardo Villlegas, que era director de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, y Antonio Tarín, quien fungía como presidente del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. En 2017, siendo diputado federal, este último se atrincheró en San Lázaro para evitar ser aprehendido.
“El proceso penal federal por este delito ha continuado, no se ha detenido en relación con otros dos procesados, ese asunto está en el Reclusorio Norte y continúa su curso normal del proceso. ¿Qué es lo que pasaría (en caso de que la Corte se pronuncie en contra)? Que haría firme de alguna manera el sobreseimiento que pidió la anterior PGR a favor del señor Alejandro Gutiérrez y (se estancaría) el caso en esa parte nada más, pero sí continúa el caso contra otros dos de los imputados, de apellidos Tarín y Villegas, y, hasta donde tenemos conocimiento, también en contra de los representantes legales de esas empresas que se prestaron para el desvío del recurso público”, explicó el Consejero Jurídico de Chihuahua.
Espinosa Cortés señaló que, si la sentencia de la Corte es favorable para el estado, no solo podrían emprenderse acciones legales contra el exsecretario del PRI, sino también de otros funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda.
Particularmente, dijo que retomar la investigación permitiría indagar a personajes que hubieran colaborado con Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de Hacienda y quien fue involucrado por testigos de la Fiscalía de Chihuahua como una pieza clave en el desarrollo de la “Operación Zafiro”.
Desde el área que dirigía en Hacienda, Gamboa Lozano tenía el poder de repartir a los estados, mediante convenios de coordinación, recursos millonarios del opaco Ramo 23, especialmente del Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin), precisamente de donde se desviaron los recursos de Chihuahua.
“(Se revisaría) toda aquella información o documentos que en el entorno de esta persona pudiera ayudar a una investigación, y ver en esas investigaciones otro tipo de personajes que hubieran participado en este desvío de recurso público”, explicó Espinosa Cortés.
Animal Político dio a conocer que, tras el asesinato de Gamboa Lozano en mayo de 2020, las autoridades federales descubrieron que estaba vinculado a una red de lavado de dinero internacional a la que fueron inyectados recursos públicos en el sexenio de Peña Nieto y en lo que va de la actual administración obradorista.
Funcionarios del gobierno de Chihuahua relacionados con la investigación del caso Zafiro han expresado que la muerte de Gamboa resultó conveniente para la cúpula del poder peñista, pues el exjefe de Hacienda y colaborador de Videgaray estaba muy familiarizado con presuntos esquemas de desvío de recursos.
