Agencias de EU otorgan reconocimiento a cuerpo policial de Tamaulipas, acusado de la masacre de Camargo
Dos agencias estadounidenses, la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de en Seguridad Nacional (HSI) entregaron sendos reconocimientos al director del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Policía Estatal de Tamaulipas, Arturo Rodríguez Rodríguez. En las dos placas que fueron entregadas al funcionario se hace referencia a la “excepcional contribución” y el “excepcional servicio” durante los últimos años.
Se trata del mismo cuerpo policial que está vinculado con la masacre de Camargo, Tamaulipas, perpetrada el pasado 22 de enero y en la que 19 personas fueron asesinadas, de las que 16 eran migrantes centroamericanos. Actualmente 12 agentes adscritos al GOPES están en prisión acusados de matar a los extranjeros y luego prender fuego a sus cuerpos y tratar de alterar la escena del crimen.
Además, uniformados pertenecientes al mismo grupo de élite han sido señalados por otras violaciones a los Derechos Humanos. Por este motivo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió un comunicado en el que denunciaba que el reconocimiento supone un “agravio” a las víctimas de Tamaulipas.
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La secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal informó del acto, celebrado en el consulado de EU en Matamoros, Tamaulipas. En un comunicado oficial, se destacó que el acto servía para reconocer el trabajo del GOPES “en el combate a la delincuencia y la cooperación que existe entre el HSI, la DEA y el gobierno de Tamaulipas para enfrentar al crimen transfronterizo”.
Animal Político consultó a la embajada de EU en México sobre este reconocimiento pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Entre los logros celebrados por la seguridad pública de Tamaulipas se encuentran más de 300 detenciones, el aseguramiento de inmuebles, de más de mil armas, 7 mil 500 cartuchos y casi 209 mil cargadores, así como alrededor de mil 200 vehículos, de los que algunos contaban con blindaje artesanal y son conocidos como ‘monstruos’. Además, destacaron la incautación de estupefacientes, cerca de 3 millones de dólares y más de 9 millones de pesos en efectivo.
El mismo día en el que se hacía público este reconocimiento se conocían nuevas revelaciones sobre la masacre de Camargo. El medio estadounidense Vice News tuvo acceso a las declaraciones de la audiencia inicial del proceso contra los 12 policías.
A través del relato del Ministerio Público, se llega a la conclusión de que fueron los policías los que persiguieron y asesinaron a los migrantes y a sus coyotes. Las llamadas a su familia de uno de los polleros, así como la geolocalización de los celulares de los agentes y las pruebas que determinaron que sus armas fueron utilizadas son algunos de los indicios contra los uniformados.
Según declararon algunos testigos, tras perpetrar la matanza los policías rastrearon la zona buscando supervivientes. Al frente del operativo estaba Mayra Elizabeth Vásquez Santillana, comandanta de la zona. Sin embargo, el último responsable del grupo de élite es Arturo Rodríguez Rodríguez, el policía que fue al consulado de EU para recibir el reconocimiento.
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Historial de los GOPES
La relación de los GOPES con Estados Unidos no es nueva. De hecho, tres de los policías que están en prisión acusados de la masacre de Camargo fueron entrenados al norte del Río Bravo.
Adicionalmente, en la presentación oficial del cuerpo, que tuvo lugar en agosto de 2020, su comandante anunció que habían recibido capacitación de las autoridades de EU y de la Marina. Se de la circunstancia de que este último cuerpo también está señalado por graves violaciones a los derechos humanos y la FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación por la desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el primer semestre de 2018.
Aunque los GOPES se presentaron hace apenas un año, se trata de un cuerpo que mantiene la continuidad con el antiguo grupo de élite de la policía tamaulipeca, el CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas).
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Ambos grupos de élite están señalados por graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los últimos dos años.
En septiembre de 2019 se produjo la masacre de Anáhuac, en Nuevo Laredo. En ella, ocho personas fueron asesinadas y, posteriormente, disfrazadas como si fuesen integrantes del crimen organizado para presentar lo ocurrido como si fuera un enfrentamiento. Las víctimas fueron Wilbert, de 20 años; Jennifer, de 21; Severiano, de 34, Juana Yetzel, de 20; Enrique, de 20; Cindy Esmeralda, de 39; Luis Fernando, de 19 y José Daniel, de 19. Actualmente hay dos policías encarcelados, otros tres en libertad como colaboradores de la justicia y otros dos en busca y captura. En aquel momento el director del CAIET era Arturo Rodríguez Rodríguez.
Meses después, el 7 de febrero de 2020, Juan Daniel Ortiz Martínez, de 23 años, fue asesinado a tiros por policías estatales en Río Bravo. Los agentes quisieron vincular a la víctima con el crimen organizado pero, finalmente, la fiscalía ordenó la detención de ocho policías, que lograron escapar. El crimen sigue impune.
Ya como GOPES, en enero de 2021, Luis Alberto Herrera Ávalos, de 27 años, y Jaime Santacruz, de 28, fueron arrestados en Ciudad Mier y trasladados a Miguel Allende. Ahí fueron capturados por civiles armados, presumiblemente integrantes del Cártel del Golfo.
Los dos jóvenes fueron privados de su libertad cuando se encontraban en manos de los policías estatales. Otros dos jóvenes lograron escapar y dieron testimonio sobre cómo los uniformados entregaron a los detenidos al crimen organizado. Cuando los vecinos de Ciudad Mier quisieron protestar por lo sucedido, patrullas de los GOPES los reprimieron usando fuego real.
Este cuerpo policial también estuvo a cargo de las detenciones posteriores a la masacre de Reynosa, ocurrida el 19 de junio cuando hombres armados a bordo de varias camionetas dispararon indiscriminadamente contra las personas que encontraban a su paso, matando a 15 personas.
Posteriormente, la secretaría de Seguridad del estado anunció la detención de varias personas. Entre ellas se encontraban Alfonso Margarito Aguilar González, de 27 años, y Ramiro Licea Muñoz, de 20, cuyas familias denunciaron que tenían reporte por desaparición desde mayo y abril, respectivamente.
Actualmente, ambos están en prisión, pero los familiares de ambos jóvenes denunciaron que sufrieron torturas y que los agentes fabricaron las pruebas para presentarlos como responsables de la masacre.
A todas estas denuncias por crímenes y violaciones a los Derechos Humanos se le suma la participación de los policías estatales en la masacre de Camargo. Todos estos hechos tuvieron lugar entre 2019 y 2021, que es precisamente el período mencionado por la DEA en su placa de reconocimiento entregada a Rodríguez Rodríguez.
