Magistradas otorgan amparo a Kamel Nacif; desestiman audios como prueba en caso de Lydia Cacho
El Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgó un amparo contra la orden de captura de José Kamel Nacif Borge, empresario señalado por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, lo cual podría exentarlo de toda responsabilidad en las faltas que se le vinculan.
Así lo denunció este martes la organización Artículo 19 y la también defensora de derechos humanos, Lydia Cacho, quien además señaló que después de la jornada electoral cambiaron a la magistrada que llevaba su caso, iniciado desde hace más de 15 años.
“¿De quién fue esta decisión y por qué? Con esta sentencia retrocedimos 16 años en el tiempo”, sentenció la periodista desde España, donde se encuentra exiliada.
La explicación que se ofreció al otorgar el amparo fue que los hechos ocurridos el 16 y 17 de diciembre de 2005, cuando la periodista fue detenida y torturada, no tuvieron relación con la publicación de su libro Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México.
“El 15 de julio se abrió una ventana a la impunidad y un obstáculo al acceso a la justicia de Lydia Cacho. Magistradas en Quintana Roo otorgaron el amparo a Kamel Nacif, tras decidir que las torturas en su contra no tenían vínculo con la publicación de Los demonios del Edén”, señalaron representantes de la organización Artículo 19, en acompañamiento de Cacho.
El pasado mes de abril, el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo había negado el amparo a Kamel Nacif; sin embargo, el empresario interpuso un recurso de revisión, que fue resuelto por mayoría por el Tercer Tribunal Colegiado.
Lo anterior fue con el voto a favor de Selina Ahidé Avante Juárez, magistrada ponente del asunto, y Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada. El voto en contra fue del magistrado Jorge Mercado Mejía.
Para llegar a la resolución, las magistradas tuvieron que valorar las conversaciones entre el exgobernador de Puebla, Mario Marín “el gober precioso”, y Kamel Nacif, publicadas en 2006.
En estas, Marín afirma que “acababa de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)”, lo cual el Tribunal señaló como una afirmación ‘vaga y genérica’ que es empleada en México para identificar a una mujer.
Y ante la falta de precisión de algún nombre, “no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a la sujeto pasivo (Lydia)”, concluyeron las magistradas.
Por tal motivo, consideraron que no había prueba fehaciente sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que lo vivenciado por ella se reduce a la responsabilidad de los policías que la detuvieron.
“Liberándolo de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho. Con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los acusados”, acusó Artículo 19.
Lydia Cacho aseguró que posee información sobre que las magistradas recibieron dinero para que fallaran a favor de Kamel Nacif.
Durante la conferencia en la que se denunció el hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a Cacho y a Artículo 19 que acababan de negar el amparo contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín.
No obstante, Leopoldo Maldonado, director regional de la organización destacó que se estaba en proceso de enviar el amparo a las dos magistradas que aprobaron el de Nacif.
“Es una buena noticia, pero es efímera, el camino ya está trazado. El momento en el que la defensa impugne el caso, van a revocar la decisión y otorgar el amparo a Mario Marín, ya que no vieron una orden expresa para torturar a Lydia”, aseguró.
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Antecedentes del caso
Tanto Nacif, como Marín y el exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, son acusados de detener arbitrariamente y torturar a Lydia Cacho en diciembre de 2005.
Aquel año, la periodista publicó el libro Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, en el cual puso al descubierto la protección que Mario Marín recibía de políticos y empresarios, como Jean Succar Kuri.
Meses después de su publicación, el 16 de diciembre, Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Policía Judicial de Puebla, acusada de los delitos de difamación y calumnia.
La periodista acusó que durante su detención y traslado de Cancún a una cárcel de Puebla fue víctima de tortura por parte de las autoridades.
El 17 de enero de 2006 la periodista quedó exonerada de los delitos, después de haber abandonado la prisión bajo caución y enfrentado el proceso en libertad.
El 14 de febrero de 2006 fueron difundidas unas grabaciones telefónicas entre el entonces gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, apodado “El rey de la mezclilla”, en las que Marín afirmó que “ya le había puesto un “pinche coscorrón” a Cacho porque en Puebla “se respeta la ley”.
Ante esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la investigación del caso por el delito de tortura.
Hechos recientes
Desde diciembre de 2020, autoridades judiciales volvieron a liberar órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín, así como del empresario José Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam Beltrán.
Dichas órdenes habían sido giradas desde abril de 2019 pero en noviembre de este año fueron canceladas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún, Quintana Roo, gracias a un amparo conseguido por los tres personajes acusados.
El 3 de febrero del año en curso elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exgobernador de Puebla, Mario Marín, en un domicilio en Acapulco, Guerrero.
Una semana después, Marín recibió auto de formal prisión por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Artículo 19 informó en un boletín publicado este 27 de julio que en octubre del año pasado, la defensa de la periodista obtuvo información sobre una operación corruptora de Marín y Nacif para evitar una nueva orden de aprehensión, que finalmente fue liberada en diciembre.
La organización exigió una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación.
Aprovecharon para asegurar que confiaban en el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y le recalcaron la necesidad de depurar el aparato judicial a nivel federal del país.
Actualmente hay tres policías detenidos, entre ellos se encuentra un policía judicial en Quintana Roo y otro excomandante de la policía de Puebla, enjuiciado en 2020. Y se han abierto cerca de 40 expedientes.
