Sin un plan de transición diseñado para ordenar el proceso, con una unidad responsable que ha carecido de presupuesto, con policías cuya situación laboral se ha quedado en el limbo, y con deudas a proveedores que no se han cubierto y ascienden a más de 200 millones de pesos.
Así ha llevado a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el proceso de extinción de la Policía Federal y su transición definitiva hacia la Guardia Nacional, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El informe de resultados de la auditoría, correspondiente a la Cuenta Pública 2020 advierte que, si bien en términos generales no se ha incurrido en prácticas ilegales durante este proceso, la transición no se ha logrado consumar a casi dos años de iniciado el procedimiento.
De hecho, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSyPC) reconoció durante la auditoría practicada que el proceso para la extinción de la Policía Federal terminará hasta 2024.
De acuerdo con los auditores, una de las fallas primarias es que no se ha diseñado el denominado Plan Estratégico para la extinción de la Policía Federal, el cual estaba estipulado en los acuerdos para la transición hacia la Guardia Nacional. Fue apenas en febrero de 2021, a mas de dos años de iniciado el proceso de extinción, cuando se elaboró un proyecto el cual continua bajo revisión de la oficina de la actual secretaria de Seguridad.
Lo anterior ha ocasionado que las decisiones y acciones que se han implementado hasta ahora para la transición hacia la Guardia se hayan tomado sin seguir un orden con acciones y tiempos preestablecidos, o con alguna estrategia en concreto.
A esto se suma que la Unidad de Transición, que es el área de la Secretaría que debería estar a cargo del diseño e implementación del referido plan, no contó en todo el 2020 con un presupuesto propio, situación delicada ya que es el aérea que debe de instrumentar y supervisar todo el procedimiento de transición y liquidación de activos y pasivos.
En respuesta a la falta de presupuesto para esta unidad, la SSyPC indicó que otras áreas de la dependencia se están encargando de ejecutar las acciones de transición, por lo que estimó que no era necesario dotar de un presupuesto a esa unidad e incluso darle continuidad. Además, dijo que dotarla de recursos propios iría en contra de las medidas de “austeridad” implementadas por el gobierno.
“Sin embargo, no se ha emitido una disposición legal alguna que refiera a la conclusión de la Unidad de Transición, y como se señala en resultados posteriores de este informe, se encuentran pendientes de realizar diversas acciones para concluir la extinción de la Policía Federal, entre las que se encuentran las siguientes: emitir el Plan Estratégico para la extinción de la Policía Federal; gestionar recursos para la liquidación de pasivos; la reubicación definitiva de los elementos de la extinta Policía Federal; ente otros”, indicaron los auditores.
Justamente la reubicación de los elementos de la antigua Policía Federal es uno de los temas que no se han conseguido concluir hasta la fecha. El reporte entregado por la corporación a los auditores señala que aun hay 1 mil 203 elementos que no han sido transferidos a la Guardia Nacional o a alguna otra área de la SSyPC, ni tampoco han sido liquidados.
En ese contexto, la ASF emitió una recomendación oficial a la Secretaría para que “fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento para garantizar que se efectúen los trámites correspondientes para regularizar a la brevedad la situación laboral de los elementos de la Policía Federal”.
Como parte de la información requerida por los auditores, la SSyPC informó que 9 mil 753 elementos de la Policía Federal fueron liquidados, luego de que no se llegara un acuerdo con ellos para transferiros a la Guardia Nacional o a alguna otra corporación al interior de la dependencia.
Los pagos ejercidos para la liquidación de dichos elementos ascendieron a 4 mil 601 millones de pesos, de acuerdo con las revisiones hechas por los auditores. Sin embargo, en el reporte de la Cuenta Pública 2020 la corporación consignó que había ejercido 4 mil 655 millones por este concepto, es decir, 53 millones 905 mil pesos más por encima de lo realmente ejercido.
Gracias a la intervención de los auditores que identificaron esta anomalía, la Dirección General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional devolvió a la tesorería de Hacienda 45.9 millones de pesos que no estaban ejercidos. Sin embargo, aun resta por aclarar el destino de 7.9 millones de pesos.
Finalmente, como parte del proceso de transición, la Policía Federal heredó a la Guardia Nacional deudas por 224 millones de pesos como resultado de pagos pendientes a 20 proveedores y prestadores de servicios, así como 123 mil dólares relacionados con el pago de una prima por el siniestro de una aeronave.
Sin embargo, hasta la fecha solo se ha conseguido liquidar poco más de 20 millones con dos proveedores, por lo que la Guardia Nacional aun mantiene el adeudo de más de 204 millones de pesos más lo referido en dólares.
La corporación informó que estos pagos no se han finiquitado debido a que se encuentran en proceso de revisión y a que, en algunos casos, se ha encontrado falta de documentación en los contratos. Además, algunos ya se encuentran en litigio administrativo o judicial.
Por lo anterior la ASF emitió otra recomendación a la Secretaría de Seguridad para que se agilicen los procedimientos que permitan proceder a la brevedad con la cobertura y liquidación de los pasivos pendientes. Ello con la finalidad de no afectar mas las finanzas públicas sin perjudicar más a los proveedores.