Con 14 años, Sara logró interrumpir su embarazo en CDMX y no arriesgar su vida
Mireya, originaria de Tlaxcala, dejó a sus padres y hermanos para mudarse al Estado de México donde había encontrado trabajo como maestra de secundaria. Aunque buscaba regresar regularmente a su pueblo para visitar a su familia, en especial a su hermana Sara de 13 años, el trabajo le exigía mucho por lo que pasaron semanas, incluso meses, sin que los viera.
“Mi hermana tenía 13 años, éramos muy apegadas, yo la mayor y ella la más chiquita. Ella estaba en la secundaria y un día dijo que ya no quería seguir estudiando”, cuenta Mireya.
Sara -a quien llamaremos así a petición de su familia – estaba embarazada y había decidido abandonar la escuela.
Para entonces, explica, Sara ya estaba en la etapa en la que quería tener su primer novio y comenzó una relación con un joven de 17 años con quien se fue a vivir.
Mireya dice que durante los ocho meses que su hermana estuvo con el joven fue víctima de violencia física, sexual y psicológica y que por miedo de que su familia le diera la espalda es que siguió con su pareja. Un día, cansada de los abusos y sabiéndose embarazada –un embarazo que ella no deseaba y que fue producto de la violencia sexual que vivió- tomó la decisión de dejarlo.
“Llega el momento que mi mamá me comenta que habían ido a ver a un médico particular que le dijo que la podía tratar para interrumpir el embarazo porque tenía apenas 14 años (…) supuestamente le practica un legrado y posteriormente (mi hermana) migra al Estado de México”, detalla Mireya.
Las dos hermanas estaban de nueva cuenta juntas, y la joven retomó la escuela, pero al paso de las semanas se percataron de que el embarazo de Sara no había sido interrumpido.
“Desafortunadamente por el trabajo no me di cuenta y pues no sé si le practicaron o no el legrado porque estaba embarazada. Creo que fue en la semana 12, ni se le notaba, pero sigue transcurriendo el tiempo, ya cuando ella se encuentra conmigo resulta que ya tenía 5 meses”, recuerda.
“Donde vivo no tenía cosas, solo una mesa, una camita y pues casi siempre conversábamos en la mesa, entonces realmente el vientre pues no (se veía), para mi fue normal decir ‘está gordita’, pero no, no era eso”.
Para salir de dudas, Sara se hizo una prueba casera de embarazo.
“Yo veía la ilusión en sus ojos de querer acabar la secundaria y una vez que se hace la prueba sí fue algo… ver la mirada decaída, las lágrimas y decirme ‘es positivo’”, añade Mireya.
Sin saber qué hacer, las hermanas permanecieron en casa buscando opciones, pero una madrugada Sara comenzó a tener un sangrado muy prolongado en su nariz. Cuando amaneció y pudieron tomar el transporte público, Mireya la llevó al hospital.
Ahí la valoraron y confirmaron que tenía anemia. Al percatarse de que estaba embarazada y que tenía apenas 14 años, una doctora le preguntó si realmente quería ser madre, a lo que Sara no pudo contestar y solo se soltó a llorar. La joven ya tenía 22 semanas de embarazo.
Esta doctora es quien les recomienda ponerse en contacto con una asociación en la CDMX para que revisen su caso y exploren las posibilidades de interrumpir el embarazo.
“Ven que es un embarazo de alto riesgo, primero por la edad y por el estado físico que tenía, además tenía anemia. Ahí le dijeron que si lo llevaba a término podría haber alguna situación que pusiera en riesgo su vida”, dice Mireya.
“Ese procedimiento tardó aproximadamente 20 días y su recuperación tomó como dos semanas y después se incorporó de nueva cuenta a la secundaria. Todo terminó satisfactoriamente”.
Mireya dice que los abogados le explicaron que la interrupción a las 24 semanas de embarazo fue posible porque se trataba de un embarazo de alto riesgo y por la violencia sexual y física que había sufrido en manos de su expareja.
“Viéndolo desde otra perspectiva allá (en la CDMX) fue muy fácil, hasta le dieron métodos anticonceptivos y le dijeron, ‘la decisión es tuya’”, reconoce Mireya.
En Tlaxcala, recuerda, su hermana le contó que antes de irse a vivir con su entonces novio ella y su mamá fueron a un centro de salud a pedir anticonceptivos pues ya tenía deseo de iniciar su vida sexual, sin embargo, recibió una respuesta negativa pues por su edad -en ese entonces 13 años- le dijeron que no podían darle nada.
Hoy Sara ya terminó la secundaria y ha empezado el bachillerato. Su hermana afirma que es otra persona, con mucha confianza y una madurez envidiable.
Aunque la pandemia de COVID-19 ha truncado un poco sus planes, ella continúa estudiando y dice que en un futuro quisiera ser maestra como su hermana o bien enfermera.
“Ahora vive la vida que creo que cualquier adolescente tendría que estar viviendo: divertirse, estar con sus padres, convivir con su familia”, concluye Mireya.
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Enmendando la plana al Congreso CDMX
Interrumpir un embarazo producto de una violación es un derecho en todo el país, pues así lo contempla la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046, sin embargo, aunque se trata de legislaciones federales, cada entidad hace la interpretación que desee y en algunos casos ponen por encima sus leyes locales que limitan el tiempo gestacional para realizar la interrupción en caso de ser víctima de violencia sexual.
No es el caso de la CDMX, sin embargo, el Congreso de la CDMX estuvo a punto de restringir este derecho al poner un plazo de no más de 20 semanas. Organizaciones, colectivos y sociedad civil advirtieron “el madruguete” y solicitaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que regresara a los diputados locales la ley de salud capitalina para que eliminaran esa limitante.
Y aunque es cierto que en la CDMX se respetan las disposiciones federales, activistas reprocharon que en la entidad más avanzada en el tema tengan que estar cada vez más vigilantes ya que en cualquier momento puede haber un retroceso.
“La CDMX es este oasis de derechos y lo sigue siendo hoy porque habíamos estado en ascuas en las últimas semanas… algo que quienes estamos en estos movimientos creo que hemos aprendido es que en temas de derechos reproductivos siempre estamos amenazadas”, expuso Rebeca Lorea, coordinadora de incidencia de política pública en GIRE.
“Es algo súper latente todo el tiempo (…) celebramos mucho las victorias pero sabemos que en cualquier momento, que en cualquier situación distinta es fácil que se puedan echar abajo ciertos avances y es algo que tuvo un intento ahora en la CDMX donde de la nada se intentó ponerle un plazo al aborto por violación, lo bueno fue que también organizaciones feministas y organizaciones que trabajamos este tema nos dimos cuenta y nos activamos, hicimos un llamado a la Secretaría de Salud, a la jefa de gobierno para que lo regresara con observaciones porque hubiera sido un grave retroceso”.
El pasado 7 de julio, el pleno del Congreso de la CDMX aprobó por 42 votos a favor y 7 en contra las observaciones al decreto para abrogar la ley de salud del Distrito Federal y expedir la ley de salud de la Ciudad de México y que fueron enviadas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
En ellas, se pedía eliminar del artículo sexto la temporalidad de semanas gestacionales para determinar la interrupción voluntaria del embarazo resultado de una agresión sexual.
Basta subrayar que en la anterior ley -cuyas últimas reformas se dieron el 5 de marzo de 2019- no se contemplaba la definición de interrupción voluntaria del embarazo como se hizo en esta ocasión y que los propios legisladores aprobaron.
Al percatarse de esto, organizaciones y sociedad civil se movilizaron para que la jefa de gobierno enviara observaciones y se retirara la limitante de tiempo.
“Aunque existe esta otra vía de que las autoridades lo interpreten de la forma más favorable y digan ‘la ley general de víctimas es general y está por encima de un código penal o una ley de salud’, sí era probable que sirviera de obstáculo para quienes no quieren cumplir con esta obligación o quieren seguir obstaculizando”, subrayó Rebeca Lorea
De acuerdo con un mapeo hecho por GIRE, en Baja California, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Quinta Roo y Colima aún se tiene la limitante gestacional para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
Entrevistada por separado, Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, lamentó que aún haya servidores públicos que crean que la sociedad civil, organizaciones y colectivos no están vigilantes de lo que sucede respecto a los derechos reproductivos y quieran hacer pasar este tipo de situaciones como desapercibidas.
“Nunca falta alguien que está colado con todos estos movimientos que no son progresistas y que no están a favor de los derechos de las mujeres que quieren pretender pasar de noche, pero se les olvida que estamos muy alerta”, señaló.
