Ley de Amnistía solo ha beneficiado a 5 personas en un año; sobrepoblación aumentó
En abril de 2020, el Senado de la República aprobó de forma urgente la Ley de Amnistía bajo el argumento de que ayudaría a despresurizar los penales ante el creciente riesgo de la pandemia sanitaria. Pero durante su primer año de aplicación el gobierno federal solo concedió dicho beneficio a 5 de los 845 internos que lo solicitaron.
En tanto, el resto de las solicitudes siguen en trámite o de plano fueron rechazadas por la comisión responsable de atender los casos, la cual, apenas ha sesionado tres veces. Esto, mientras la población en los centros penitenciarios del país ha seguido creciendo y ya rebasa los 220 mil internos, 15 mil más de los que había hace un año.
Datos oficiales de la Secretaría de Gobernación obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia muestran que en los 12 meses siguientes a la aprobación de dicha ley se recibieron 845 solicitudes de internos federales que intentaron acceder a este beneficio.
De las solicitudes recibidas, 610 fueron de personas sentenciadas por delitos contra la salud y el resto por otros ilícitos. Ocho de las solicitudes fueron presentadas por personas de origen indígena que sostuvieron que no tuvieron un proceso penal adecuado ni contaron con traductores.
Todas las solicitudes presentadas fueron turnadas al Comité de Amnistía y a su secretaría técnica que son las entidades responsables de analizar la procedencia o no de estos beneficios. Tras la primera revisión se resolvieron 388 casos mientras que los 457 restantes continúan en revisión.
De los 388 casos resueltos el Comité determinó que solo 38 de ellos cumplían con los requisitos necesarios para proceder con la presentación de la solicitud de este beneficio ante un juez federal especializado en ejecución de sentencias. Y de los casos presentados, los jueces solo han aprobado la amnistía de cinco internos.
Lo anterior significa que, hasta ahora, apenas el 0.5% de los internos que han buscado formalmente este “perdón legal” lo han recibido. Los cinco casos otorgados corresponden a personas que estaban presas por delitos relacionados con la distribución de drogas.
Cabe señalar que las cinco amnistías concedidas fueron aprobadas ya en el transcurso de 2021. Esto ya que el año pasado concluyó sin que se hubiera concedido ni uno de estos beneficios.
Lentitud, burocracia y pandemia
Animal Político ha documentado en el último año las complicaciones que se han presentado para el otorgamiento de las amnistías y la lentitud del proceso. Ello sumado a las advertencias de especialistas de que esta no era una norma pensada para despresurizar las prisiones como lo prometió el Senado cuando la aprobó.
De acuerdo con un análisis realizado por distintas organizaciones no gubernamentales, en el mejor de los casos la Ley de Amnistía beneficiaría solo al 7% de todos los reos.
Lo anterior debido a que dicho beneficio solo aplica para algunos delitos, y a que la ley solo se restringe al ámbito federal.
Para que estos beneficios tuvieran mayor impacto a escala nacional se necesitaba que los estados adecuaran sus legislaciones y aprobaran sus propias leyes de amnistía en beneficio de personas detenidas por delitos del fuero común, algo que no ha ocurrido en ninguna entidad pese a un exhorto que hizo la Secretaría de Gobernación.
Además, tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Amnistía hubo problemas burocráticos y hasta de recursos para implementarlas en el ámbito federal. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda retardó la liberación y aprobación de recursos para la instalación de la Comisión de Amnistía, que es el órgano que la ley contempla para recibir formalmente las peticiones de los internos y procesarlas.
Fue hasta el 19 de agosto, casi cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley, cuando se pudieron publicar los lineamientos para que los internos pudieran presentar sus solicitudes en tiempo y forma.
La referida ley establece además que la aprobación de las solicitudes de amnistía requiere forzosamente que la comisión a cargo sesione. De acuerdo con la información proporcionada por Gobernación, dicha comisión solo ha sesionado en tres ocasiones: la primera de ellas para su instalación formal el 20 de junio de 2020, y dos veces más el 21 de diciembre de 2020 y el 29 de marzo de 2021.
Cabe señalar que la última palabra en la concesión de una amnistía la tiene un juez federal de ejecución que es el que debe autorizar o no la liberación de un reo. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia sanitaria las audiencias ante estos jueces se limitaron durante el año pasado, situación que también ha generado que varios asuntos pendientes se acumularan y que los casos no se hayan desahogado con la velocidad normal.
Y sobrepoblación se sigue agravando
De acuerdo con datos oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), al cierre de abril pasado había 220 mil 114 personas privadas de su libertad en los 288 centros penitenciarios que hay en el país. Se trata de 15 mil reos más que los que había justamente hace un año.
Desde marzo pasado y por primera vez en cinco años la cifra total de personas recluidas en las cárceles rebasó el total de espacio disponibles. Se trata de una tendencia al alza que no se veía desde 2016 cuando entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio.
Los datos muestran además que del total de personas en prisión 94 mil 547 son reos que se encuentran bajo proceso sin sentencia, pero que se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva automática o justificada. Es decir, más del 40% de las personas que actualmente están privadas de su libertad son presuntos culpables a los que no se les ha probado que cometieron realmente un delito.
