Gabriel García Hernández deja la coordinación de los programas sociales de AMLO
Gabriel García Hernández dejó la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, este jueves para volver a su curul al Senado.
Gabriel García Hernández era uno de los funcionarios públicos con mayor relevancia en la administración Federal, pues se encargaba de coordinar los programas sociales, una de las principales estrategias del presidente López Obrador, y a los súper delegados en todo el país.
La Coordinación de Programas fue creado exclusivamente en esta administración, gracias a la reforma a de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, según la estructura, dicho puesto depende directamente del presidente.
Gracias a esa reforma también se crearon las “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, encargadas de implementar los planes, programas y acciones “para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades”.
Aunque los delegados están adscritos jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar y son designados por el titular, su nombramiento fue “a propuesta de la coordinación general de programas para el desarrollo”, es decir, de Ismael García Hernández y a quien reportaban directamente.
En la elección de 2018, García Hernández consiguió una curul en el Senado con Morena, pero en de ese año noviembre pidió licencia para convertirse en la mano derecha del Presidente.
Tras solicitar licencia, dijo que desde su nuevo puesto en el gobierno federal trabajará “con humildad y diálogo” con los gobernadores del país, quienes, aseguró, “mantendrán el mando político, administrativo y policiaco”.
Viejo colaborador de AMLO y Morena
Además, ha sido colaborador del presidente desde 2000, cuando fue director de adquisiciones en la Oficialía Mayor en el gobierno en la Ciudad de México de López Obrador, entre 2000 y 2005, al concluir el cargo, como apoderado legal, constituyó Honestidad Valiente, una asociación civil que sirvió en 2006 para recibir donativos de apoyo a la campaña presidencial de López Obrador con la alianza Movimiento Progresista. También constituyó No nos vamos a dejar, A. C. y Austeridad Republicana A. C.
Entre 2012 y 2015 fue asesor de Víctor Hugo Romo y David Razú en la delegación Miguel Hidalgo.
En la elección de 2012, el PRI denunció ante el Instituto Federal Electoral (IFE) a la coalición Movimiento Progresista, que tenía a López Obrador como candidato, por presuntamente tener “un financiamiento paralelo” no reportado a través de Honestidad Valiente A. C., —que dirigía García Hernández— y que se calculó en mil 200 millones de pesos.
En la denuncia, el PRI aseguró que a través de dicha organización se financió al periódico Regeneración y a las organizaciones “Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo”, “Movimiento en Defensa de la Economía Popular” y “Sin Maíz no hay país”, las cuales “promovieron la imagen y posicionamiento de López Obrador”, sin que se reportaran como gastos de campaña.
Sin embargo, el IFE declaró infundada la solicitud de sanción porque consideró que las organizaciones sociales no generaron algún beneficio al candidato.
“No se demostró algún tipo de financiamiento por parte de las asociaciones civiles, de modo que tampoco estaba obligada la Unidad de Fiscalización a analizar si se había rebasado el límite al financiamiento privado, de ahí lo inoperante del agravio”, dictó la resolución ratificada luego por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Años después de esa acusación, tras la constitución del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como partido político, Gabriel García Hernández fue enlace en Michoacán y secretario técnico del Consejo Nacional del partido.
Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Morena constituyó el fideicomiso “Por los demás” para dar apoyo a damnificados, el cual sumó 78.8 millones de pesos y tuvo a García Hernández al frente del manejo financiero.
El fideicomiso fue denunciado por partidos políticos por supuesto uso electoral, el INE impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos pues, aunque no pudo demostrar el uso para desviar dinero a campañas políticas, el partido no reportó el gasto ni la procedencia de los recursos.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la multa con el argumento de que no había indicios para determinar el uso político y electoral de recursos públicos en el apoyo que Morena entregó a los afectados del sismo.
Además de participar con Morena en ese Fideicomiso, Gabriel García Hernández fue el coordinador técnico de la defensa del voto en todo el país, una estructura que coordinó a las bases para cuidar las casillas electorales y conseguir votos a favor de Andrés Manuel López Obrador.
