En Teocaltiche, Jalisco, son 600 los pobladores que hasta el momento huyeron de sus casas, en busca de ayuda, tras el enfrentamiento ocurrido el 7 de mayo entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en la zona.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) explica que estos pobladores corresponden a las comunidades de El Saucito, Rancho Mayor, Rancho El Salto, Agua Tinta, Los Pocitos, Los Sauces y El Rosario.
Mientras el gobernador de Jalisco insiste en que este desplazamiento ocurrió “ante las amenazas de posibles enfrentamientos la gente se fue por precaución, no hubo desplazamiento”, pero la defensoría explica que en gran parte se debe a la desaparición de tres personas en la comunidad de El Saucito y la escalada de violencia en la zona, pues los grupos criminales intentan insertarse en las comunidades.
Esta situación obligó que los pobladores primero se desplazaran por su propia cuenta a la parroquia del Divino Salvador, en la comunidad de Mechoacanejo, del mismo municipio, donde recibieron asilo y comida.
Vine a Teocaltiche para darle un mensaje de respaldo a su población, pero también uno claro y contundente al crimen organizado que le intenta robar la tranquilidad a Jalisco y que no nos va a intimidar. Escucha y pasa la voz: pic.twitter.com/e5hfQHPqVF
— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 10, 2021
Ahora, tres días después, la mayoría pasó de la parroquia a refugiarse con familiares, conocidos o personas que abrieron sus puertas y viven en diferentes comunidades del mismo municipio o en municipios cercanos como Villa Hidalgo.
Por eso, refiere la defensoría “es imposible identificar (a los afectados) en un solo lugar” y la cifra de 600 desplazados, se debe a un recorrido por la zona, donde los vecinos explican que familias y cuantos son los que abandonaron el sitio.
Hasta ayer domingo, la parroquial del Divino Salvador reconocía a medios locales que resguardaba a 376 pobladores, de los cuales 100 son niños.
El Ayuntamiento de Teocaltiche refiere que se brinda ayuda a los afectados a través del DIF municipal, pero la CEDHJ insiste en que si el desplazamiento se prolonga, se necesitará proporcionar vivienda, servicios, empleo y educación a los afectados en otro sitio.
Actualmente la policía municipal está desarmada por señalamientos de presuntos abusos, excesos e irregularidades por parte de los uniformados. Y el municipio es atendido por la Policía Estatal en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional.
Este lunes, el gobernador acudió al sitio para asegurar que se instalará “una base de operaciones permanente en el municipio en coordinación con el ejército y la Guardia Nacional, para que exista un esquema de vigilancia” en las siete comunidades afectadas.
Enrique Alfaro enfatizó que “no vamos a agachar la cabeza” y que se ayudará a los pobladores afectados con comida y servicios médicos.
Este municipio no es el único afectado por la violencia y disputa del territorio por cárteles del crimen organizado. La misma CEDHJ reporta que los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, y Ojuelo, que también se ubican en el norte del Estado, sufren una escalada de violencia.
Animal Político publicó una denuncia por parte de los pobladores de la Zona Wixárika quienes son asediados por grupos criminales con la instalación de retenes en la única vía terrestre para llegar a la zona y que es esencial para el intercambio de víveres.