Las razones del juez para validar la acusación de la FGR sobre posibles sobornos ordenados por Peña Nieto y Videgaray

En abril un juez federal validó, por primera vez, la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de una presunta asociación delictiva encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, cuya finalidad fue sobornar con casi 100 millones de pesos a un grupo de legisladores para aprobar la reforma energética.

¿Cuáles fueron los argumentos del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia para aceptar la hipótesis de los fiscales y abrir un proceso penal en contra del exsenador Jorge Luis Lavalle, uno de los presuntos beneficiados con los sobornos?

A continuación, se presentan algunos de los argumentos claves en el orden cronológico en que el juez los pronunció al resolver dicha audiencia, así como la opinión de dos especialistas que consideran que la FGR debe proceder ya contra el resto de los implicados.

Los argumentos clave del juez

Aunque los abogados de Lavalle acusaron que la denuncia de Lozoya eran los dichos de un presunto delincuente en los que no se podía sustentar una acusación tan grave, el juez consideró que se trata de un testimonio importante, que no es aislado, y que fue corroborado con pruebas que le dan credibilidad al menos de forma inicial.

Por ejemplo, el juez destacó que el exasistente del propio Lavalle, Rafael Caraveo, corroboró la entrega de dinero en varias direcciones y con el mismo modus operandi que había descrito el exdirector de Pemex. A ello se suman los recibos de los pagos, el video de una de las entregas, y otros testimonios.

2. Que busque el perdón fortalece denuncia, no la debilita

Otro punto que expusieron los defensores de Lavalle en la audiencia (y que ha sido expresado también fuera de ella) es que lo que diga Lozoya carece de credibilidad dado que se trata de un presunto delincuente confeso, que lo que busca es obtener un beneficio para evitar la prisión.

“El principal interesado en que se comunique información veraz en ese criterio de oportunidad es el propio Lozoya pues, de no hacerlo, no obtendrá ningún beneficio. Más aún, si se corrobora que proporciona información falsa complicaría aun más su situación jurídica”, apuntó le juez.

3. Hay indicios de los pagos y transferencias

Un punto clave que el juez valoró como sólido para validar la acusación es que los fiscales expusieron tanto la ruta de llegada del dinero de Odebrecht (con el cual se habrían pagado los sobornos), hasta la forma en que pudo haber llegado a manos de los legisladores.

El juez recapituló que el dinero de Odebrecht se trianguló a través de cuentas bancarias de instituciones financieras como el Neue Bank, y mediante empresas de papel (offshore) como Klienfeld Services o Grangemouth Trading Company. Las transferencias finales a México se hicieron a través de prestanombres como Fabiola Tapia Vargas, representante de la compañía Construcciones Tapia.

Con ello, dijo el juez, se prueba inicialmente el origen presuntamente ilícito de los recursos.

En tanto, para la entrega del dinero a los legisladores se utilizó un mecanismo de intermediarios quienes trasladaron los recursos en efectivo. El juez destacó que los fiscales proporcionaron fechas y montos precisos de donde se hicieron las entregas, así como las direcciones. Hechos que están corroborados inicialmente con testimonios y con un video.

4. Diferencia entre pagos y reforma es intrascendente

De acuerdo con la FGR, los pagos por más de 97 millones de pesos a legisladores se hicieron en quince entregas distintas entre abril de 2013 y agosto de 2014. Los defensores argumentaron en la audiencia que la reforma energética se aprobó en diciembre de 2013, por lo que los pagos posteriores a esa fecha no tienen sentido.

Pero en opinión del juez Fuerte Tapia esto es irrelevante, ya que la lógica de un negocio ilícito no es la lógica de una actividad ilegal ni sigue las reglas de mercado. Ello sumado a que aun cuando la reforma se aprobó a finales de 2013, en 2014 continuó la expedición de normas secundarias.

“Si la razón fue la aprobación de la reforma constitucional o de como se iba a actuar en leyes secundarias es intrascendente, pues a final de cuentas existe registro de que esas entregas de dinero efectivamente se pudieron haber suscitado. Y lo que cuenta es que ya se había establecido la voluntad de las partes de actuar irregularmente”, dijo Fuerte Tapia.

Un razonamiento similar es el que utilizó el juez para desestimar el argumento de la defensa sobre la aparente falta de congruencia respecto al origen del dinero utilizado en los sobornos. Esto ya que los abogados sostenían que las transferencias de Odebrecht eran para obtener contratos y ocurrieron desde 2012.

“Si a la postre Lozoya utilizó el dinero para el fin previamente pactado o para una cuestión diferente, eso sería en este momento irrelevante, puesto que aquí lo que nos debe interesar es que la entrega del dinero en las fechas mencionadas por la Fiscalía está debidamente corroborada y hay un contexto de ilicitud de cual pudo haber provenido”, dijo el juez.

5. Hay indicios que vinculan a todos los “socios”

En la audiencia la defensa de Lavalle argumentó que la Fiscalía no había probado alguna relación entre Lavalle con Videgaray. Sin embargo, el juez argumentó que no es así pues sostuvo que tanto las declaraciones como el modus operandi empleado para desplazar los recursos sí relacionan a los implicados en esta asociación delictiva.

Fuerte Tapia profundizó que las tres declaraciones de Lozoya, en las que argumenta que actuó siguiendo las órdenes de Peña y Videgaray, son suficientes para sustentar al menos de manera inicial que actuó siguiendo órdenes superiores.

“El vínculo surge en razón de las declaraciones emitidas por Emilio Lozoya. Él realiza imputaciones firmes, directas y categóricas en el sentido de que todos formaban parte de un esquema delictivo y ya referí que estas declaraciones, valoradas en conjunto con otros datos de prueba, encuentran en lo medular alcance convictivo por estar corroboradas”, indicó el juez.

En el mismo sentido el juez también restó importancia al hecho de que dos colaboradores de Lozoya que presuntamente participaron en la entrega del dinero se hayan rehusado a declarar e incluso hayan señalado en entrevistas con los abogados defensores que el esquema de sobornos nunca existió.

“Hay un video donde se presume la intervención de estas personas entonces en este momento francamente debo dudar de la parcialidad o imparcialidad con la que se condujeron estas personas al rendar esa entrevista (con la defensa), y lo natural es que nieguen la intervención en hechos delictivos que pudieran operar en su contra”, indicó el juez.

Prioritario, proceder contra los otros implicados: especialistas

En la audiencia de abril pasado el juez validó la denuncia de la FGR sobe la operación de una presunta asociación delictiva conformada por ocho personas, la cual materializó sobornos a legisladores con recursos provenientes de Odebrecht. Pero hasta ahora el único procesado y encarcelado por ello es el exsenador Jorge Luis Lavalle.

En ese contexto especialistas en derecho penal consultados por Animal Político consideraron que la FGR debe agilizar las indagatorias para ir en contra de las otras personas que ya señaló ante el juez, y entre los que se encuentran un expresidente, exsecretarios de Estado y exlegisladores.

La abogada Estefanía Medina, quien además es cofundadora de la organización TOJIL: Estrategia vs la Impunidad, consideró que desde un inicio se debió actuar contra todos los demás implicados.

“Se deben de judicializar los casos de todas las personas implicadas en la misma red y creo que se denotan muchas deficiencias en el tema de la estrategia; si tu judicializas a solo uno de forma anticipada abres las cartas de por donde va la teoría del caso y dejas un marco de ventaja para otras personas que incluso eludan la justicia. Esto debió ser integral para todos los involucrados”, dijo.

Para el experto penalista Gabriel Regino, el hecho de que un juez federal haya valorado y aceptado la hipótesis de la asociación delictiva, obliga a la FGR a ir en contra de los otros “socios” de la red criminal.

“Al estar ya detectada y acreditada la existencia posible de una organización estructurada y destinada para realizar hechos ilícitos, y toda vez que en el nuevo sistema acusatorio el estándar de prueba se ha reducido, al existir ya alguna persona imputada por los hechos, es consecuencia lógica y necesaria que los demás integrantes de esa estructura también sean judicializados” indicó.