Enfrenta proceso penal exfuncionario de La Estafa Maestra por contrato con la Comisión Nacional Bancaria
Erick Herzain Torres Mulhia, exdirector del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad del delito de uso ilícito de atribuciones en el contrato firmado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por 33 millones de pesos, y que tuvo irregularidades en la contratación y supuesta ejecución de servicios.
Aunque sólo está enfrentando el proceso judicial por este caso según la causa penal 519/2020, Torres Mulhia fue titular del FONDICT cuando se concretaron 14 convenios con seis instituciones del gobierno federal que sumaron mil 468 millones de pesos y que forman parte de La Estafa Maestra.
En dichos convenios, el FONDICT no realizó los servicios sino subcontrató a empresas para hacerlos, aunque éstas resultaron ser ilegales. Y sólo por participar en esta triangulación que sirvió para evadir los procesos de licitación, el Fondo obtuvo 66 millones de pesos entre 2013 y 2014.
El FONDICT es el fondo de la Universidad Autónoma del Estado de México creado en 1982 para financiar planes y programas de investigación científica, tecnológica, extensión universitaria, difusión de la cultura y promover empresas y sistemas productivos de comercialización para captar recursos.
Sin embargo participó en la trama de presunto desvío de recursos, igual que la entidad de la que depende, la UAEM, cuyo representante legal, Hugo Manuel del Pozzo, firmó decenas de convenios entre 2009 y 2014 con distintas dependencias del gobierno general para supuestos servicios. Por ello, también enfrentó un proceso judicial por peculado.
El convenio con la CNBV
El pasado 27 de abril, Herzain Torres Mulhia y René Pineda Sánchez, exfuncionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron vinculados a proceso, es decir, el juez consideró que existen pruebas suficientes para continuar con la investigación por el posible delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Mientras que José Luis Ayala Paredes y Luis Wolf Chavez, exempleados de la CNBV también continuarán el procesos penal por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio ilícito del servicio público puesto que no informaron por escrito a su superior jerárquico que se podía causar un grave daño a los intereses de la CNBV por dicho convenio.
El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, a partir del contrato CNBV/461/2014 firmado el 26 de septiembre de 2014 y cuyo monto asciende a 33 millones 996 mil pesos.
El servicio supuestamente sería “puesta a punto de la herramienta ‘Business Process Management”, implementación del proceso de inspección, marco metodológico y soporte y capacitación.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades desde Auditoría Financiera y de Cumplimiento GB-071 realizada a la CNBV en 2014 al área de Tecnologías de la Información.
En ella analizó cuatro convenios y contratos que sumaron 85 millones de pesos, dos de ellos con empresas privadas y dos con el FONDICT; estos últimos con los mayores montos que representan 70% del total de recursos.
Los convenios entre la Comisión y el Fondo se realizaron al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite la contratación de servicios entre entes de gobierno sin necesidad de pasar por una licitación, es decir, realizar un concurso entre empresas para elegir al proveedor que ofrezca las mejores condiciones.
Sin embargo, en dicho artículo se establece que si bien el ente contratado puede subcontratar a terceros, esto no debe superar el 49% para asegurar que quien realizará la mayor parte de los servicios es la entidad de gobierno con la que se hizo el convenio.
En este caso, “no se proporcionó documentación que acredite que la CNBV se cerciorara de que el proveedor no realizara subcontrataciones que excedieran el 49% del importe total de contrato; y que en caso de realizarlas éste hubiese proporcionado la información de los terceros subcontratados para suministrar los bienes y servicios, acreditando su solvencia técnica”, según detectó la Auditoría.
Pero en septiembre de 2015, nueve meses después de haber implementado la herramienta para la automatización del proceso de Inspección y subprocesos de Planeación y Ejecución de Visitas, “sólo se llevaron a cabo 24 inspecciones que representaron el 9.0% de las 267, y fue utilizada por 10 usuarios de 235 que conformaban los procesos referidos”.
Como respuesta a la segunda reunión de aclaraciones posterior a la ejecución de la auditoría ejecutada por esta ASF, a enero de 2016, ya sumaban 83 usuarios que habían integrado en la herramienta 88 casos de planeación de visitas y 17 casos de ejecución.
Otra irregularidad es que los pagos de este contrato de servicios de consultoría de tecnología fueron registrados en la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, que corresponde a “servicios como: mantenimiento, maquila de productos, medicamentos, servicio médico, hospitalario, de laboratorio, entre otros, cuando no sea posible atenderlos de manera directa por la propia dependencia”, sin embargo, esta partida de gasto no contempla los servicios de TIC”.
Además, el proveedor sólo capacitó a 10 personas del área de sistemas, pese a que el costo por dicho servicio sería de 3 millones de pesos. Derivado de la auditoría, hasta noviembre de 2015 se impartió la capacitación a 215 personas de las áreas de negocio que utilizarían dicha herramienta.
En tanto, durante los cinco meses posteriores a la implementación de la herramienta, fueron registrados 23 incidentes relacionados a fallas y problemas con la misma, derivado de errores humanos y resultado de la curva de aprendizaje. El último registro del 27 de mayo de 2015, señala que se llevó a cabo una reinstalación del ambiente productivo completo de la herramienta debido a una configuración errónea de los servidores de la plataforma.
Tampoco hay minutos de trabajo que pudieran comprobar la realización de validaciones, revisiones y acuerdos de a las actividades ejecutadas por el proveedor, advierte la Auditoría.
“Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias importantes en los controles para la gestión y cumplimiento de todos los elementos pactados en el contrato, así como para el procedimiento de adquisición, durante el cual no quedó acreditado si el proveedor realizaría contratos con terceros y por qué montos y porcentajes”, informó la Auditoría.
