Corte desecha controversia en desafuero a Cabeza de Vaca; seguirá protegido, dice Congreso de Tamaulipas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de plano la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas, contra el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
“Por notoria y manifiesta improcedencia”, la Corte archivó la demanda 50/2021, luego de que la Cámara de Diputados aprobó su desafuero el pasado 30 de abril.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas declaró improcedente el desafuero contra García Cabeza de Vaca, quien acusó un linchamiento político y penal del presidente en su contra.
Al respecto, Cabeza de Vaca sostuvo que la decisión sobre el desafuero de un gobernador corresponde en definitiva y última instancia al Congreso local, por lo que celebró el fallo; “ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo”, publicó.
La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @CongresoTams. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo.
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 15, 2021
En tanto, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, sostuvo que la decisión de la Corte “no le quita el fuero al gobernador, él sigue con fuero y en ejercicio de sus funciones”.
El que un ministro SCJN haya desechado la controversia constitucional que el @CongresoTams interpuso contra @Mx_Diputados, no significa que @fgcabezadevaca ya no tiene fuero. Dado lo inédito del tema, se debió admitir para que se determinara la facultad de aquel en el desafuero.
— Francisco Burgoa (@FranciscoBurgoa) May 14, 2021
“El tema, por lo menos del desafuero, aquí termina, mi cliente terminará su mandato en la fecha estipulada”, afirmó el abogado defensor del gobernador, Alonso Aguilar Zinser, a la periodista Azucena Uresti en Grupo Fórmula.
Gobernador mantiene fuero: Congreso de Tamaulipas
Tras la resolución, el Congreso local aseguró que la Corte no entró al estudio de fondo, sino que “invariablemente” sostuvo que debe prevalecer la decisión que tomó el Poder Legislativo local.
“El gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal. Esto es, ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales”, sostuvo en un pronunciamiento.
También citó una parte de la resolución emitida por la Corte, donde señala que el Congreso del Estado de Tamaulipas, “en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio Poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta.
Esto es, el Poder Legislativo local en acatamiento del artículo 111 constitucional, en ejercicio pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía. Decidió no retirar ‘la protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”.
Entre las acusaciones que motivaron el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, se encuentran la simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, adquirido por prestanombres y pagado en tres partes: con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos, mejor conocido como La Estafa Maestra.
El gobernador ha acusado en diversas ocasiones al gobierno federal de orquestar una estrategia en su contra, calificando el hecho como un linchamiento político.
Señaló que el gobierno de López Obrador está usando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para falsificar y manipular pruebas.
El abogado Francisco García Cabeza de Vaca, J. A. Tony Canales, aseguró que no hay evidencias que indiquen que el gobernador haya violado alguna de las leyes de los Estados Unidos, como aseguró el pasado el 11 de mayo la Fiscalía General de la República.
El defensor, del despacho Canales & Simonson, P. C., detalló que “después de revisar las denuncias hechas por Alejandro Rojas Díaz, Santiago Nieto, y toda la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación a las acusaciones hechas en contra del Sr. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no he encontrado ninguna evidencia que indique violación alguna a las leyes”.
